La reinserción, el gran desafío del Ministerio de Desarrollo Social

Su firmeza y seriedad quizá sean dos características claves –no únicas- para hacerse cargo de una de las carteras provinciales más sensibles. Desde su despacho, ubicado en la ex Colonia Hogar, la ministra de Desarrollo Social, Alida García Peanu describió el desorden que encontró en todas las áreas de inclusión: falta de referentes en las cuadrillas y de jefes en otros sectores; más de noventa oficios sin contestar; y beneficiarios del Plan que eran usados para tapar cualquier faltante en la administración pública, sin una capacitación adecuada. Más allá de eso, la madre de tres niñas, abogada especializada en derecho previsional y amante del hockey (Ver "En casa..."), contó cómo reestructuró el programa, cuáles son los nuevos proyectos y cuál es el verdadero sentido de la inserción social.

—Jueves 10 de diciembre, asumió como ministra y abrió el despacho. ¿con qué se encontró?

—Desgraciadamente tomé un ministerio totalmente abandonado. El predio donde funcionaba lo que antes se llamaba de "Inclusión Social", tenía oficinas vacías, gente que estaba trabajando a la intemperie, como en el caso de los que estaban en los viveros.

Por otro lado, al momento de hacer auditorías, encontramos programas que no tenían jefes por lo menos desde mitad de 2015. Había más de noventa oficios sin contestar, y eso es muy urgente, porque corresponde a Familias Solidarias.

—Una de las áreas donde hay que actuar con velocidad…

—Claro. Hablamos de un área muy vulnerable, que incluso no tenía asesoría legal. Lógicamente no funcionaba. Y es grave, porque detrás de cada oficio hay niños que necesitan ayuda, o presos que requieren de un seguimiento.

—¿Y cómo estaba el Plan de Inclusión Social?  

—Además del desorden que había porque los beneficiarios no sabían de quién dependían, cuál era su rol, etcétera, las parcelas directamente estaban desactivadas. Los movían de un lado a otro.

—Es decir que se había desvirtuado su verdadero objetivo...

—Seguro. Recordemos que se creó en el 2003 con talleres de capacitación y parcelas para hacer trabajos de forestación, limpieza de rutas, ríos. Pero en los últimos años esto se fue desvaneciendo, y se los empezó a ubicar en los ministerios, cobrando un simple "plus". Pero a lo mejor estaban 8 horas realizando tareas administrativas que no les correspondía, o cumplían roles para los cuales no habían sido entrenados. Si estaban en Educación, estaban como ordenanza; en Salud, estaban como camilleros, choferes de ambulancia, etcétera. 

—¿En qué consistió la reestructuración que encaraste?

—Tuvimos que revertir esta situación, porque teníamos personas que no estaban totalmente protegidas como para trabajar esa cantidad de horas, porque no eran ni contratados, ni de planta permanente, ni de la administración pública. Eran beneficiarios del Plan.

Lógicamente que esto no fue fácil, porque eran más de 4 mil personas, que no querían volver a cambiar su ritmo, lugar de trabajo. Pero de a poco les fuimos explicando y armamos un programa dividido en tres etapas: la primera consistió en firmar un convenio de capacitación y evaluación, de dos meses (se hizo durante febrero y marzo). Los que aprobaron pasaron a la segunda etapa, que es lo que hicimos estos últimos días en San Luis, Villa Mercedes y La Toma, donde alrededor de dos mil pasaron a la vinculación formativa, donde ahora sí dependen de un ministerio específico, con un jefe, un horario fijo a cumplir, y con un sueldo que no es del Plan sino que se equipara al Salario Mínimo, Vital y Móvil (de $6.060). Y la tercera etapa, que se dará el año que viene, es cuando pasan a formar parte, propiamente dicho, de la administración pública.

—Entonces, para principios del año que viene, el Gobierno pasa a planta, oficialmente, dos mil personas que eran del Plan. ¿Y el resto?

—Teníamos 7 mil en total, de los cuales 2 mil aprobaron los cursos. De los 5 mil restantes, la mayoría está realizando talleres de capacitación en distintos rubros, en toda la provincia. Por ejemplo, en gran parte del interior lo están haciendo en escuelas técnicas, donde aprenden oficios, como carpintería, albañilería, peluquería, etcétera. Y en San Luis hicimos convenios con la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra), para que se formen y tengan salida laboral directa. Ya se incorporaron 40 al sector privado. Bueno, la idea es preparar a la mayor cantidad para que puedan desarrollarse en comercios, empresas e industrias. Además, tal como lo anunció el gobernador Alberto Rodríguez Saá, vamos a necesitar un grupo grande para el proyecto masivo de forestación del Parque La Pedrera, y para estabilizar la Cuenca del Morro. Los que se dediquen a esto, van a cobrar un monto superior más el aporte que harán los dueños de los campos también involucrados.

—¿Vuelven las cuadrillas para el resto de la provincia?

—Estamos rearmándolas, reubicando y cambiando a los jefes y referentes, porque recibimos denuncias de encargados que no cumplían con sus tareas, que no tomaban asistencia. Entonces, los que no quieran capacitarse o ir a las empresas privadas, pueden quedarse en las cuadrillas. Para ello estamos con un fuerte operativo de fiscalización.

—Y Seguridad Comunitaria…

—Es un programa que si bien se desprendió del Plan, ahora depende del Ministerio de Seguridad. Las altas, bajas, control de asistencia, se manejan desde allá. Por ejemplo, los que quedaron como ordenanzas, quedan al mando de Educación. Pasan a ser contratados de esa cartera.

—De todas maneras, al hablar de planes sociales en Argentina, 5 mil personas no es un número tan grande.

—No. Pero tenemos que darle solución a cada uno, porque recordemos que estar en el Plan de Inclusión no significa estar con un pleno empleo, porque no hay una relación de dependencia. Por eso el Gobernador siempre remarca que no tienen jefes ni horarios, sino que tienen que cumplir una cierta cantidad de horas y, principalmente, capacitarse. Nuestro objetivo es ser el nexo hacia un trabajo verdadero, hacia la inserción laboral.

El tema es que hay mucha gente que no quiere dar ese salto, no quiere soltarle la mano al Plan, porque así sienten estabilidad. Entonces, estamos trabajando fuerte para que sepan que éste es un paso más. Ya hicieron todos un primer curso obligatorio de Buenas Prácticas Laborales, para que aprendan a trabajar en la parte privada, a hacer una nota, a presentarse, a cumplir objetivos y horarios, a respetar a los superiores; porque muchos beneficiarios no tienen esta cultura de trabajo.

—¿Reciben más aspirantes?

—No, está cerrado. Obviamente, cuando vienen acá, es porque quieren trabajar. Entonces, como esto no es un plan laboral, lo que sí hacemos es darles herramientas para que puedan conseguirlo. Los asesoramos para que gestionen el pedido en las oficinas de empleo de la Nación o, por ejemplo, si hablamos de una persona mayor, la guiamos para que pueda tramitar la jubilación.

—¿Cómo viene el Plan de Inclusión para jóvenes, para el interior?

—Está en estudio. Todavía el Gobernador no transmitió ninguna pauta, pero seguramente llegarán definiciones. Pasa que nos ha llevado mucho tiempo reordenar el ministerio. Además, todavía nos quedan varias situaciones por resolver.

—Por ejemplo…

—La reinserción social es todo un tema. Acá entran los internos que son liberados, y que tienen que tener una contención para poder reinsertarse en la sociedad y también en el ambiente laboral. Esto también estaba completamente abandonado.

Ahora nos pusimos al día y respondimos los oficios, tanto de la Justicia ordinaria como federal; además de hacerles un seguimiento a los presos liberados, porque hay que informarle a los jueces, casi todos los meses, cómo está cada situación.

—Y con el Subprograma de Familias Solidarias ¿cómo vienen?

—Es una de las áreas más sensibles, donde hay que trabajar rápido pero de manera ordenada; algo que tampoco se estaba dando. Pensemos que hablamos de niños que fueron abandonados, que no fueron reconocidos por sus padres, o sufrieron algún tipo de abuso. Son casos duros, pero que hay que solucionar con eficacia (Ver cuadro "Por más...").

—Ante estos casos, ¿cómo hacés para separar la racionalidad de la emotividad?

—Son situaciones que te quiebran, con chicos tan chiquitos e indefensos. Pero lejos de debilitarme en realidad me fortalece, porque son historias de vida muy tristes que no vamos a poder cambiar de un día para el otro, pero sí podemos intervenir de manera que, mientras estén en nuestro sistema, estén lo mejor posible.

—¿Están al tanto de los chicos que piden en los semáforos, conocen los casos?

Sí. Y la mayoría tienen familias, y son los propios padres los que los mandan a pedir. Ahí nosotros le decimos a los adultos que si bien ellos tienen el derecho a pedir, no lo pueden hacer con sus niños. Es más, tuvimos casos donde les dijimos que le íbamos a avisar a la Justicia, y ahí los sacaron de la calle.

—¿Qué proyectos tienen en mente para este año?

—En una semana aproximadamente largamos con el "Percherito Social". Tenemos armados setenta percheros que vamos a poner en distintas localidades. Van a tener un banner que dice "Si necesitás, tomá uno. Si sos solidario, poné uno". Justamente es para invierno, para ayudar a los que menos tienen; considerando que el sanluiseño es muy solidario.

Ya arrancamos con el proyecto de huertas inclusivas, que es para beneficiarios del Plan.

A través del Programa de Desarrollo Social, estamos trabajando con Nación para recibir fondos y abrir o mejorar los centros de primera infancia en toda la provincia, que serían los jardines maternales.

Y por último, vamos a poner en marcha unos talleres itinerantes junto a la Secretaría de Deportes y al Ministerio de Turismo y Las Culturas, para personas con capacidades especiales. Además, en un mes y medio aproximadamente, vamos a lanzar el Programa de Inclusión Deportiva (PID). Ya tenemos ocho barrios, como el Eva Perón, Estrellas del Sur, etcétera, donde vamos a poner profesores de educación física para que den talleres y hagan proyectos barriales con algún eje en el deporte y la salud.

—Y a todo esto se le suma la inclusión del área de Defensa del Consumidor.

—Correcto. Tenemos el Programa de Inclusión Social, el de Desarrollo Social, donde está Familias Solidarias, y el de Defensa del Consumidor, que antes pertenecía al sector de Industria. Ahora lo tomamos nosotros porque la idea es brindar asesoramiento y ayudar a muchas personas que a veces se sienten estafadas o no saben cómo reclamar. En esto, como siempre, los que más pagan son los humildes, por eso queremos estar más cerca. Y como un nuevo proyecto también, desde esta perspectiva, vamos a lanzar una tarjeta de consumo social.

—¿En qué consiste?

—Es un plástico común, pero que le va a ofrecer a los beneficiarios del Plan y a los de Familias Solidarias, acceder a descuentos en distintos comercios. Ya firmamos convenios con más de cuarenta empresas. Es decir, era cuestión de organizarse bien para poder armar programas de todo tipo y funcionar como corresponde; más en áreas que tienen que ver con el desarrollo social y de los más humildes.