Cambia el proyecto que pone límites al Gobierno para contraer deuda

El proyecto de ley que obliga al Poder Ejecutivo a contar con el aval del Congreso para tomar nueva deuda externa, recibió algunos cambios y la firma del dictamen quedó aplazada para la semana próxima.

Adolfo Rodríguez Saá confía en que la ley sirva para que la toma de nueva deuda sea transparente.

El proyecto fue tratado en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional, pero la segunda no tuvo quórum debido a la ausencia del tucumano José Alperovich, el santiagueño Gerardo Zamora y el sanjuanino Ruperto Godoy, por lo que la firma del dictamen debió postergarse para el martes.
Durante la reunión se le hicieron cambios al proyecto inicial que habían presentado los jefes del Interbloque Federal, Adolfo Rodríguez Saá, y Miguel Ángel Pichetto, del PJ-FPV, para que el texto no entrara en contradicción con otras leyes.
La iniciativa original proponía que el Poder Ejecutivo, las empresas con participación mayoritaria del Estado y las entidades financieras del Estado solicitaran la autorización del Congreso cada vez que quisieran tomar deuda externa.
Esto se modificó bajo el argumento de que el endeudamiento está contemplado siempre en la Ley de Presupuesto que el Ejecutivo envía todos los años, por lo que finalmente se decidió que el proyecto estableciera que junto con el Presupuesto, el Gobierno envíe una "ley concomitante" en la que detalle el destino que le dará a esos fondos.
La intención de los senadores con este proyecto, es evitar que el endeudamiento que contraiga el Gobierno a partir del próximo presupuesto sea destinado a gasto corriente y que, en cambio, se utilice para obras públicas.
Se excluyeron además a las empresas estatales cuando tomen deuda para el financiamiento cotidiano (no así para la colocación de letras), y también a las entidades financieras como el Banco Central y el Banco Nación. También se eliminó un artículo del proyecto que establecía que las reestructuraciones de deuda también necesitarían aval del Congreso.
En cambio, se mantuvo sin cambios el artículo del proyecto original que establece que el Congreso deberá autorizar la prórroga de jurisdicción sobre los bonos a colocar en el mercado.
Durante el plenario, Rodríguez Saá señaló que ésta es "una ley para el futuro", y defendió la idea de que el Gobierno deba enviar una ley especial que especifique el destino de los préstamos. "En el Presupuesto, el endeudamiento viene entre un montón de cosas", señaló.
Rodríguez Saá explicó que es una enmienda que tiene una fuerte proyección, ya que sostuvo que debe ser una iniciativa especial "porque no se le puede negar al Poder Ejecutivo la sanción del Presupuesto".
Sobre la prórroga de jurisdicción, afirmó que la ley establece que cuando se renegocie o se cambie deuda por títulos, se analice la mejor opción.
"Hoy se paga el 12 por ciento de interés, pero podemos hacerlo al 5 por ciento; para ello tenemos que prorrogar la jurisdicción", explicó. "El Parlamento tendrá que decidir si seguimos pagando un 12 por ciento con la jurisdicción local,  o cambiamos ese título por otra en el que vamos a pagar el 5 por ciento, y así desendeudar a la Argentina”.
Además sostuvo que "con sensatez, vamos a votar afirmativamente", luego de considerar que "hay un fundamento y una razón importante, transparente".
Además,  puntualizó que su propuesta  es para que "el crédito que se vaya a obtener tenga transparencia. No es que no se tome crédito, ni que se prorrogue la jurisdicción, sino que cuando se tome crédito, todos los argentinos estemos comprometidos y sepamos lo que estamos haciendo".
"Estamos tratando una  ley profunda, que cambiará  las formas de endeudarnos y corregirá errores del pasado, que no los juzgamos, sino que estamos tratando de evitarlos. Sin preconceptos del endeudamiento, sino con el concepto de que ése endeudamiento sea para el bien de los argentinos".
Las modificaciones obedecieron, además, a que el proyecto original hubiera obligado a modificar la ley que habilita el pago a los holdouts, sancionada la semana pasada, y los senadores coincidieron en que no era oportuno cambiar esa norma recién aprobada.