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La Corte Suprema instó a la Nación a pagar la histórica deuda que tiene con San Luis

Tienen 30 días hábiles para que se llegue a un acuerdo. El tribunal falló a favor del gobierno puntano en 2015, pero nunca cobró. Según la provincia, el estado federal le debe $15.000 millones de pesos.

Una instancia que revitaliza las esperanzas puntanas y despierta muchas expectativas se conoció hace pocos días en Terrazas del Portezuelo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un dictamen en el que instó al Estado nacional a alcanzar un acuerdo con el Gobierno de San Luis, dentro de los próximos 30 días hábiles, en el monto y modo de pago de la deuda que la administración federal mantiene con los sanluiseños por fondos coparticipables que alcanzan los $15.000 millones.  En un escrito firmado por el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti y sus pares Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, el cuerpo subrayó también que, en caso de que las partes no lleguen a un buen entendimiento, será el máximo tribunal quien determinará la cifra definitiva y el plazo final de pago "de acuerdo a las presentaciones obrantes", señala la carta que llegó a la Casa de Gobierno puntana.

La pulseada que mantiene desde fines de 2015 San Luis con la Nación -al margen de los permanentes desplantes de los funcionarios del Presidente Macri y sus nulas respuestas- radican en la diferencia sobre la cifra final a liquidar: para los puntanos, la deuda neta más los intereses punitorios a febrero de 2017 alcanza los $15.000 millones, mientras que los dirigentes nacionales argumentan que, según sus cálculos, lo que tienen que pagar son $12.000 millones.

"Recibimos la resolución de la Corte y tenemos la mayor predisposición para dialogar y llegar a un acuerdo. SanLuis siempre buscó el diálogo. Fue el gobierno nacional el que nunca nos dio respuestas", expresó a El Diario de la República el Fiscal de Estado de San Luis, Eduardo Allende.

"Ahora el Tribunal hace una exhortación para que el problema se termine. Aunque conocemos cómo reacciona la Nación, uno siempre guarda esperanzas. Tenemos treinta días hábiles para conversar. La provincia pretende cobrar los quince mil millones que le deben y ellos dicen que son trece mil", reveló Allende. 

Igualmente, cuando en febrero de este año por fin los funcionarios macristas admitieron ese monto, el Gobierno de San Luis dio el visto bueno para que liquidaran el dinero y ver más adelante cómo resolvían los $3.000 millones de diferencia.

Ante esa postura provincial, los funcionarios federales retomaron su silencio y volvieron a gambetear las reuniones solicitadas por la Fiscalía de Estado provincial y los abogados puntanos.

Para consolidar la reciente resolución de la Corte Suprema y terminar de una buena vez con el pleito, el Estado puntano envió cartas en las que invita una vez más al diálogo.

Según trascendió, el gobernador Alberto Rodríguez Saá emitió una misiva dirigida al jefe de Gabinete, Marcos Peña, en la que le solicitó la designación de un funcionario competente en el tema, tras el fracaso de las conversaciones anteriores con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y su par de Hacienda, Nicolás Dujovne.

Otra de las cartas fue enviada al Presidente Mauricio Macri. En ella, según contaron fuentes gubernamentales, Alberto le pidió seriedad para lo que viene y no entorpecer la nueva instancia de acuerdo, además de recordarle sus compromisos de campaña, cuando prometió diálogo ante cualquier diferencia con dirigentes de cualquier distrito del país.

Si bien la resolución de la Corte indica que ambas administraciones tienen un plazo de 30 días para ponerse de acuerdo, se trata de jornadas hábiles, no se contabilizan los fines de semana. En consecuencia, el plazo expirará a fines de noviembre.

La preocupación cuyana apunta a que, teniendo en cuenta la permanente negativa que los hombres de Cambiemos mostraron en el pasado, el apretón de manos nunca llegue y así el Ministerio de Hacienda "gane tiempo" y demore lo que más pueda una erogación importante que, inexorablemente, tendrá que enviar a las arcas provinciales. El fallo de la Suprema Corte que así lo indica.

Otro aspecto que genera inquietud en Terrazas del Portezuelo es el plazo en el que la Nación pretenda abonar lo que debe. Si bien se trata de una negociación y se conversarán diversos aspectos, un período de pago muy extenso no sería visto con buenos ojos por los puntanos. Habrá que esperar.   

 

Un diferendo que peina canas

Las negativas, chicanas y escondidas a las que juegan los funcionarios nacionales ya tienen larga data. Todo sea por dilatar la situación y no pagar. Al menos en lo que se refiere a funcionarios del Presidente Macri.

Pero la novela que tiene a San Luis esperando y esperando comenzó cuando la Corte Suprema, en un fallo histórico, le dio la razón a los argumentos sanluiseños en el juicio que le elevaron al Estado nacional por fondos coparticipables mal liquidados y recortes arbitrarios sobre los dineros puntanos.

Allí, en noviembre de 2015, el máximo tribunal consideró que la quita de fondos coparticipables que el entonces Presidente Néstor Kirchner hizo arbitrariamente al dinero puntano fue ilegal. La noticia no sólo alegró a miles de sanluiseños. Luego corrieron la misma suerte reclamos similares de Santa Fe y Córdoba. Por fin la sangría sobre esos dineros se terminó. Quedaba cobrar lo retenido de manera ilegal.

Pero el desembarco de Cambiemos en Casa Rosada complicó todo porque nunca sus funcionarios respetaron el fallo judicial y mucho menos oyeron los reclamos de funcionarios y legisladores provinciales. A Buenos Aires viajaron en varias ocasiones el gobernador Alberto Rodríguez Saá y también la ministra de Hacienda, Natalia Zabala Chacur junto al Fiscal de Estado, Eduardo Allende, pero los ministros Frigerio, Alfonso Prat-Gay y Dujovne los escucharon y prometieron respuestas que jamás llegaron. Ya en 2016, Rodríguez Saá presentó el monto que Nación debía liquidar fruto de 12 años de quitas indebidas y acumuladas más sus intereses, pero la administración Macrista impugnó esa cifra.  Luego, a fines de ese año, los legisladores sanluiseños lograron que, dentro del Presupuesto 2017, ingresara el monto que Nación requiere para abonar la histórica deuda. Pero aún no hay novedades.

Hubo más reuniones y más viajes de los puntanos a Buenos Aires, incluso uno de esos encuentros prometía con cerrar el monto definitivo y el modo de pago. La expectativa en la provincia fue notable, pero las tibias respuestas de Frigerio y Dujovne tiraron por tierra cualquier esperanza.

Pero las expectativas se renuevan entre los dirigentes sanluiseños y ya trabajan en el armado de una reunión en el corto plazo. "Queremos ahora, por lo menos, progresar en la negociación. Si bien nunca nos dieron una respuesta concreta, esperamos cerrar un acuerdo", señaló Allende.

"Ahora el Tribunal hace una exhortación para que el problema se termine. Aunque conocemos cómo reacciona la Nación, uno siempre guarda esperanzas. Tenemos treinta días hábiles para conversar. La provincia pretende cobrar los quince mil millones que le deben y ellos dicen que son trece mil", reveló Allende.  
Igualmente, cuando en febrero de este año por fin los funcionarios macristas admitieron ese monto, el Gobierno de San Luis dio el visto bueno para que liquidaran el dinero y ver más adelante cómo resolvían los $3.000 millones de diferencia.

 

"La provincia siempre buscó dialogar, llegar a un acuerdo. La Nación nunca dio respuestas”, aseguró Allende.

 


  Ante esa postura provincial, los funcionarios federales retomaron su silencio y volvieron a gambetear las reuniones solicitadas por la Fiscalía de Estado provincial y los abogados puntanos.
Para consolidar la reciente resolución de la Corte Suprema y terminar de una buena vez con el pleito, el Estado puntano envió cartas en las que invita una vez más al diálogo. 
Según trascendió, el gobernador Alberto Rodríguez Saá emitió una misiva dirigida al jefe de Gabinete, Marcos Peña, en la que le solicitó la designación de un funcionario competente en el tema, tras el fracaso de las conversaciones anteriores con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y su par de Hacienda, Nicolás Dujovne.
Otra de las cartas fue enviada al Presidente Mauricio Macri. En ella, según contaron fuentes gubernamentales, Alberto le pidió seriedad para lo que viene y no entorpecer la nueva instancia de acuerdo, además de recordarle sus compromisos de campaña, cuando prometió diálogo ante cualquier diferencia con dirigentes de cualquier distrito del país. 
Si bien la resolución de la Corte indica que ambas administraciones tienen un plazo de 30 días para ponerse de acuerdo, se trata de jornadas hábiles, no se contabilizan los fines de semana. En consecuencia, el plazo expirará a fines de noviembre. 
La preocupación cuyana apunta a que, teniendo en cuenta la permanente negativa que los hombres de Cambiemos mostraron en el pasado, el apretón de manos nunca llegue y así el Ministerio de Hacienda "gane tiempo" y demore lo que más pueda una erogación importante que, inexorablemente, tendrá que enviar a las arcas provinciales. El fallo de la Suprema Corte que así lo indica. 
Otro aspecto que genera inquietud en Terrazas del Portezuelo es el plazo en el que la Nación pretenda abonar lo que debe. Si bien se trata de una negociación y se conversarán diversos aspectos, un período de pago muy extenso no sería visto con buenos ojos por los puntanos. Habrá que esperar.     

Las negativas, chicanas y escondidas a las que juegan los funcionarios nacionales ya tienen larga data. Todo sea por dilatar la situación y no pagar. Al menos en lo que se refiere a funcionarios del Presidente Macri. 
Pero la novela que tiene a San Luis esperando y esperando comenzó cuando la Corte Suprema, en un fallo histórico, le dio la razón a los argumentos sanluiseños en el juicio que le elevaron al Estado nacional por fondos coparticipables mal liquidados y recortes arbitrarios sobre los dineros puntanos.
Allí, en noviembre de 2015, el máximo tribunal consideró que la quita de fondos coparticipables que el entonces Presidente Néstor Kirchner hizo arbitrariamente al dinero puntano fue ilegal. La noticia no sólo alegró a miles de sanluiseños. Luego corrieron la misma suerte reclamos similares de Santa Fe y Córdoba. Por fin la sangría sobre esos dineros se terminó. Quedaba cobrar lo retenido de manera ilegal.
Pero el desembarco de Cambiemos en Casa Rosada complicó todo porque nunca sus funcionarios respetaron el fallo judicial y mucho menos oyeron los reclamos de funcionarios y legisladores provinciales. A Buenos Aires viajaron en varias ocasiones el gobernador Alberto Rodríguez Saá y también la ministra de Hacienda, Natalia Zabala Chacur junto al Fiscal de Estado, Eduardo Allende, pero los ministros Frigerio, Alfonso Prat-Gay y Dujovne los escucharon y prometieron respuestas que jamás llegaron. Ya en 2016, Rodríguez Saá presentó el monto que Nación debía liquidar fruto de 12 años de quitas indebidas y acumuladas más sus intereses, pero la administración Macrista impugnó esa cifra.  Luego, a fines de ese año, los legisladores sanluiseños lograron que, dentro del Presupuesto 2017, ingresara el monto que Nación requiere para abonar la histórica deuda. Pero aún no hay novedades.
Hubo más reuniones y más viajes de los puntanos a Buenos Aires, incluso uno de esos encuentros prometía con cerrar el monto definitivo y el modo de pago. La expectativa en la provincia fue notable, pero las tibias respuestas de Frigerio y Dujovne tiraron por tierra cualquier esperanza.
Pero las expectativas se renuevan entre los dirigentes sanluiseños y ya trabajan en el armado de una reunión en el corto plazo. "Queremos ahora, por lo menos, progresar en la negociación. Si bien nunca nos dieron una respuesta concreta, esperamos cerrar un acuerdo", señaló Allende. 
 

 

 

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La Corte Suprema instó a la Nación a pagar la histórica deuda que tiene con San Luis

Tienen 30 días hábiles para que se llegue a un acuerdo. El tribunal falló a favor del gobierno puntano en 2015, pero nunca cobró. Según la provincia, el estado federal le debe $15.000 millones de pesos.

Una de las reuniones. Rodríguez Saá y Frigerio, en Buenos Aires.

Una instancia que revitaliza las esperanzas puntanas y despierta muchas expectativas se conoció hace pocos días en Terrazas del Portezuelo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un dictamen en el que instó al Estado nacional a alcanzar un acuerdo con el Gobierno de San Luis, dentro de los próximos 30 días hábiles, en el monto y modo de pago de la deuda que la administración federal mantiene con los sanluiseños por fondos coparticipables que alcanzan los $15.000 millones.  En un escrito firmado por el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti y sus pares Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, el cuerpo subrayó también que, en caso de que las partes no lleguen a un buen entendimiento, será el máximo tribunal quien determinará la cifra definitiva y el plazo final de pago "de acuerdo a las presentaciones obrantes", señala la carta que llegó a la Casa de Gobierno puntana.

La pulseada que mantiene desde fines de 2015 San Luis con la Nación -al margen de los permanentes desplantes de los funcionarios del Presidente Macri y sus nulas respuestas- radican en la diferencia sobre la cifra final a liquidar: para los puntanos, la deuda neta más los intereses punitorios a febrero de 2017 alcanza los $15.000 millones, mientras que los dirigentes nacionales argumentan que, según sus cálculos, lo que tienen que pagar son $12.000 millones.

"Recibimos la resolución de la Corte y tenemos la mayor predisposición para dialogar y llegar a un acuerdo. SanLuis siempre buscó el diálogo. Fue el gobierno nacional el que nunca nos dio respuestas", expresó a El Diario de la República el Fiscal de Estado de San Luis, Eduardo Allende.

"Ahora el Tribunal hace una exhortación para que el problema se termine. Aunque conocemos cómo reacciona la Nación, uno siempre guarda esperanzas. Tenemos treinta días hábiles para conversar. La provincia pretende cobrar los quince mil millones que le deben y ellos dicen que son trece mil", reveló Allende. 

Igualmente, cuando en febrero de este año por fin los funcionarios macristas admitieron ese monto, el Gobierno de San Luis dio el visto bueno para que liquidaran el dinero y ver más adelante cómo resolvían los $3.000 millones de diferencia.

Ante esa postura provincial, los funcionarios federales retomaron su silencio y volvieron a gambetear las reuniones solicitadas por la Fiscalía de Estado provincial y los abogados puntanos.

Para consolidar la reciente resolución de la Corte Suprema y terminar de una buena vez con el pleito, el Estado puntano envió cartas en las que invita una vez más al diálogo.

Según trascendió, el gobernador Alberto Rodríguez Saá emitió una misiva dirigida al jefe de Gabinete, Marcos Peña, en la que le solicitó la designación de un funcionario competente en el tema, tras el fracaso de las conversaciones anteriores con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y su par de Hacienda, Nicolás Dujovne.

Otra de las cartas fue enviada al Presidente Mauricio Macri. En ella, según contaron fuentes gubernamentales, Alberto le pidió seriedad para lo que viene y no entorpecer la nueva instancia de acuerdo, además de recordarle sus compromisos de campaña, cuando prometió diálogo ante cualquier diferencia con dirigentes de cualquier distrito del país.

Si bien la resolución de la Corte indica que ambas administraciones tienen un plazo de 30 días para ponerse de acuerdo, se trata de jornadas hábiles, no se contabilizan los fines de semana. En consecuencia, el plazo expirará a fines de noviembre.

La preocupación cuyana apunta a que, teniendo en cuenta la permanente negativa que los hombres de Cambiemos mostraron en el pasado, el apretón de manos nunca llegue y así el Ministerio de Hacienda "gane tiempo" y demore lo que más pueda una erogación importante que, inexorablemente, tendrá que enviar a las arcas provinciales. El fallo de la Suprema Corte que así lo indica.

Otro aspecto que genera inquietud en Terrazas del Portezuelo es el plazo en el que la Nación pretenda abonar lo que debe. Si bien se trata de una negociación y se conversarán diversos aspectos, un período de pago muy extenso no sería visto con buenos ojos por los puntanos. Habrá que esperar.   

 

Un diferendo que peina canas

Las negativas, chicanas y escondidas a las que juegan los funcionarios nacionales ya tienen larga data. Todo sea por dilatar la situación y no pagar. Al menos en lo que se refiere a funcionarios del Presidente Macri.

Pero la novela que tiene a San Luis esperando y esperando comenzó cuando la Corte Suprema, en un fallo histórico, le dio la razón a los argumentos sanluiseños en el juicio que le elevaron al Estado nacional por fondos coparticipables mal liquidados y recortes arbitrarios sobre los dineros puntanos.

Allí, en noviembre de 2015, el máximo tribunal consideró que la quita de fondos coparticipables que el entonces Presidente Néstor Kirchner hizo arbitrariamente al dinero puntano fue ilegal. La noticia no sólo alegró a miles de sanluiseños. Luego corrieron la misma suerte reclamos similares de Santa Fe y Córdoba. Por fin la sangría sobre esos dineros se terminó. Quedaba cobrar lo retenido de manera ilegal.

Pero el desembarco de Cambiemos en Casa Rosada complicó todo porque nunca sus funcionarios respetaron el fallo judicial y mucho menos oyeron los reclamos de funcionarios y legisladores provinciales. A Buenos Aires viajaron en varias ocasiones el gobernador Alberto Rodríguez Saá y también la ministra de Hacienda, Natalia Zabala Chacur junto al Fiscal de Estado, Eduardo Allende, pero los ministros Frigerio, Alfonso Prat-Gay y Dujovne los escucharon y prometieron respuestas que jamás llegaron. Ya en 2016, Rodríguez Saá presentó el monto que Nación debía liquidar fruto de 12 años de quitas indebidas y acumuladas más sus intereses, pero la administración Macrista impugnó esa cifra.  Luego, a fines de ese año, los legisladores sanluiseños lograron que, dentro del Presupuesto 2017, ingresara el monto que Nación requiere para abonar la histórica deuda. Pero aún no hay novedades.

Hubo más reuniones y más viajes de los puntanos a Buenos Aires, incluso uno de esos encuentros prometía con cerrar el monto definitivo y el modo de pago. La expectativa en la provincia fue notable, pero las tibias respuestas de Frigerio y Dujovne tiraron por tierra cualquier esperanza.

Pero las expectativas se renuevan entre los dirigentes sanluiseños y ya trabajan en el armado de una reunión en el corto plazo. "Queremos ahora, por lo menos, progresar en la negociación. Si bien nunca nos dieron una respuesta concreta, esperamos cerrar un acuerdo", señaló Allende.

"Ahora el Tribunal hace una exhortación para que el problema se termine. Aunque conocemos cómo reacciona la Nación, uno siempre guarda esperanzas. Tenemos treinta días hábiles para conversar. La provincia pretende cobrar los quince mil millones que le deben y ellos dicen que son trece mil", reveló Allende.  
Igualmente, cuando en febrero de este año por fin los funcionarios macristas admitieron ese monto, el Gobierno de San Luis dio el visto bueno para que liquidaran el dinero y ver más adelante cómo resolvían los $3.000 millones de diferencia.

 

"La provincia siempre buscó dialogar, llegar a un acuerdo. La Nación nunca dio respuestas”, aseguró Allende.

 


  Ante esa postura provincial, los funcionarios federales retomaron su silencio y volvieron a gambetear las reuniones solicitadas por la Fiscalía de Estado provincial y los abogados puntanos.
Para consolidar la reciente resolución de la Corte Suprema y terminar de una buena vez con el pleito, el Estado puntano envió cartas en las que invita una vez más al diálogo. 
Según trascendió, el gobernador Alberto Rodríguez Saá emitió una misiva dirigida al jefe de Gabinete, Marcos Peña, en la que le solicitó la designación de un funcionario competente en el tema, tras el fracaso de las conversaciones anteriores con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y su par de Hacienda, Nicolás Dujovne.
Otra de las cartas fue enviada al Presidente Mauricio Macri. En ella, según contaron fuentes gubernamentales, Alberto le pidió seriedad para lo que viene y no entorpecer la nueva instancia de acuerdo, además de recordarle sus compromisos de campaña, cuando prometió diálogo ante cualquier diferencia con dirigentes de cualquier distrito del país. 
Si bien la resolución de la Corte indica que ambas administraciones tienen un plazo de 30 días para ponerse de acuerdo, se trata de jornadas hábiles, no se contabilizan los fines de semana. En consecuencia, el plazo expirará a fines de noviembre. 
La preocupación cuyana apunta a que, teniendo en cuenta la permanente negativa que los hombres de Cambiemos mostraron en el pasado, el apretón de manos nunca llegue y así el Ministerio de Hacienda "gane tiempo" y demore lo que más pueda una erogación importante que, inexorablemente, tendrá que enviar a las arcas provinciales. El fallo de la Suprema Corte que así lo indica. 
Otro aspecto que genera inquietud en Terrazas del Portezuelo es el plazo en el que la Nación pretenda abonar lo que debe. Si bien se trata de una negociación y se conversarán diversos aspectos, un período de pago muy extenso no sería visto con buenos ojos por los puntanos. Habrá que esperar.     

Las negativas, chicanas y escondidas a las que juegan los funcionarios nacionales ya tienen larga data. Todo sea por dilatar la situación y no pagar. Al menos en lo que se refiere a funcionarios del Presidente Macri. 
Pero la novela que tiene a San Luis esperando y esperando comenzó cuando la Corte Suprema, en un fallo histórico, le dio la razón a los argumentos sanluiseños en el juicio que le elevaron al Estado nacional por fondos coparticipables mal liquidados y recortes arbitrarios sobre los dineros puntanos.
Allí, en noviembre de 2015, el máximo tribunal consideró que la quita de fondos coparticipables que el entonces Presidente Néstor Kirchner hizo arbitrariamente al dinero puntano fue ilegal. La noticia no sólo alegró a miles de sanluiseños. Luego corrieron la misma suerte reclamos similares de Santa Fe y Córdoba. Por fin la sangría sobre esos dineros se terminó. Quedaba cobrar lo retenido de manera ilegal.
Pero el desembarco de Cambiemos en Casa Rosada complicó todo porque nunca sus funcionarios respetaron el fallo judicial y mucho menos oyeron los reclamos de funcionarios y legisladores provinciales. A Buenos Aires viajaron en varias ocasiones el gobernador Alberto Rodríguez Saá y también la ministra de Hacienda, Natalia Zabala Chacur junto al Fiscal de Estado, Eduardo Allende, pero los ministros Frigerio, Alfonso Prat-Gay y Dujovne los escucharon y prometieron respuestas que jamás llegaron. Ya en 2016, Rodríguez Saá presentó el monto que Nación debía liquidar fruto de 12 años de quitas indebidas y acumuladas más sus intereses, pero la administración Macrista impugnó esa cifra.  Luego, a fines de ese año, los legisladores sanluiseños lograron que, dentro del Presupuesto 2017, ingresara el monto que Nación requiere para abonar la histórica deuda. Pero aún no hay novedades.
Hubo más reuniones y más viajes de los puntanos a Buenos Aires, incluso uno de esos encuentros prometía con cerrar el monto definitivo y el modo de pago. La expectativa en la provincia fue notable, pero las tibias respuestas de Frigerio y Dujovne tiraron por tierra cualquier esperanza.
Pero las expectativas se renuevan entre los dirigentes sanluiseños y ya trabajan en el armado de una reunión en el corto plazo. "Queremos ahora, por lo menos, progresar en la negociación. Si bien nunca nos dieron una respuesta concreta, esperamos cerrar un acuerdo", señaló Allende. 
 

 

 

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