España acusó por rebelión a Puigdemont y a otros miembros de su gobierno
El destituido presidente Catalán y cinco de sus ex ministros viajaron a Bélgica, en medio de versiones de que podrían pedir asilo político en ese país. Además, anunció que trabajará en su favor el abogado Paul Bekaert, habitual defensor de dirigentes de ETA.
El fiscal general de España, José Manuel Maza, presentó querellas por "rebelión, sedición, malversación" y otros delitos contra el destituido presidente catalán Carles Puigdemont, miembros de su gobierno y autoridades del parlamento regional, que trasmitieron la declaración de independencia de Cataluña el pasado viernes.
Maza solicitó la citación urgente de los investigados y, en caso de incomparecencia, su "inmediata detención". Y pidió que a los 20 querellados, entre ellos 14 miembros del ex gobierno catalán y seis parlamentarios, se les imponga una fianza solidaria de 6,2 millones de euros para hacer frente al gasto público causado en el delito de malversación de caudales, en relación con el dinero utilizado para celebrar el referéndum del 1º de este mes, que había sido prohibido por la Justicia.
Además Puigdemont podría ser penado con hasta 30 años de prisión por rebelión.
Poco después de anunciadas las medidas judiciales el ex presidente independentista, viajó Bruselas, junto a cinco integrantes de su gabinete y más tarde se reunió con su abogado belga, Bekaert, para que lo asista. "Puigdemont no está en Bélgica para pedir asilo político. Todavía no hay nada decidido en esta área", señaló el letrado.
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