Dice que quieren echarlo de su casa con maniobras ilegales

Hace once años que Gabriel Zalazar vive en un predio de calle San Luis, en Tilisarao, pero hace un año que su permanencia allí parece pender de un hilo, o más precisamente, de un litigio judicial. En 2008, el hombre adquirió la propiedad legítimamente de mano de una de las herederas, viuda del dueño original, pero tras cinco años de tranquilidad, un hijo del antiguo propietario comenzó a amenazarlo para que se marchara, según denuncia. En 2016 el inmueble fue subastado en lo que Zalazar asegura fue una maniobra fraudulenta para echarlo, pero hasta ahora la jueza Civil de Concarán lo ha reconocido como poseedor legítimo y sigue firme en el que considera su hogar.

Zalazar tiene 39 años y nació en Papagayos, pero hace décadas que se radicó en Tilisarao. “Acá tengo mi gente, mis amigos, mi trabajo”, le contó a El Diario. Es trabajador del Plan de Inclusión Social. Y “por las tardes hago changas de albañilería, pintura o lo que sea”, dijo.

Llegó al predio en el que vive el 3 de junio de 2006, “contratado como cuidador por la señora María Alicia Allende, que vivía ahí con su marido (Saviniano Bustamante), pero enviudó y se mudó con una hermana a Villa Mercedes”. “Por eso quedé yo al cuidado del lugar, por el que en realidad pagaba un alquiler, en aquel tiempo, 350 pesos, hasta que en 2008 se lo compré”, recordó.

Esa transacción quedó registrada en una actuación notarial fechada el 25 de junio de 2008, en la que Allende le hizo una cesión de derechos y acciones hereditarias y posesorias del terreno, de 10 metros de frente por cincuenta de fondo, a un valor de 16.000 pesos, acto certificado por la escribana María de los Ángeles Grosso.

“Había una sola vivienda, que más que vivienda era un ranchito al que en estos años he ido haciéndole las mejoras que he podido. Arreglando todo lo que pude porque estaba muy abandonado. Terminé de pagar la propiedad, pero el problema comenzó en 2013”, contó. Fue cuando Tomás Bustamante, hijo de la primera esposa de Saviniano, comenzó a amenazarlo y agredirlo para que se fuera, según ha denunciado Gabriel.

A fines de diciembre de ese año, el hombre dejó asentada esa persecución en dos denuncias, una radicada en la Comisaría 23ª de Tilisarao y otra en la fiscalía de Concarán, donde relató que Bustamante y su hijo decían que iban a prenderle fuego a su vivienda, que lo iban a balear, que causaron daños en su morada y sacaron sus pertenencias a la calle.

Un nuevo problema

Las agresiones cesaron tras las exposiciones, pero el año pasado se presentó un nuevo problema, que Zalazar explicó así: “(Oscar) Robindo Ortiz, que es escribano o mensurador, no sé, es íntimo amigo de los Bustamante y de (Alfredo Aníbal) Pinto. Lo que hizo fue demandar a Bustamante diciendo que le habían quedado debiendo plata y pidió un embargo, pero a pesar de que ellos tienen otras cuatro propiedades, no sé cómo se las arreglaron para que embargaran la mía. Se hizo un juicio y el terreno fue a remate, el 5 de agosto (de 2016)”.

“Yo tenía las fotos de ese día. Vino el rematador, el abogado de Robindo, fueron directamente a la casa de Pinto a buscarlo, hicieron el trámite en diez minutos y se fueron. Tenían todo listo, todo arreglado”. “Pagué la propiedad tal cual dice en la escritura, pero después esta gente salió con esto. Pasa que no soy instruido y no tengo recursos, trabajo en el Plan de Inclusión y no tenía para abogados, por eso se aprovecharon de mí. Y no es la primera vez, siempre se meten con los más débiles”, aseguró.

Pinto, cuya casa es lindera a la de Zalazar, inició un juicio de de-salojo en el juzgado Civil de Concarán ya que, tras el juicio anterior, de Ortiz contra Bustamante, “no lo pudieron poner en posesión del inmueble ¿Por qué? Porque, como dice el edicto, en el lugar hay un ocupante, que es mi cliente y que no es un tenedor ilegítimo como pretenden mostrarlo, sino un poseedor a título de dueño, con una sesión de derechos y poseedor del inmueble hace años”, explicó el abogado Eloy Sánchez, que representa a Zalazar.

El 1º de noviembre, Gabriel recibió la tercera orden de desalojo desde que comenzó el conflicto, y si bien tiene claro que está en todo su derecho de permanecer en su casa, dice estar cansado de pelear por una causa que considera una injusticia. “Hay mucha gente a la que le han hecho lo mismo y que se ha quedado callada. Pero yo no puedo hacer eso porque no tengo nada, nada que perder, y no puedo quedarme en la calle. Ésta es mi casa, que trato de mejorar con esfuerzo. No me puedo quedar callado, voy a seguir hasta el final con mi reclamo”, exclamó.

Y que aún pueda permanecer en su vivienda se lo agradece, principalmente, al abogado Alejandro Rodríguez. “Me ayudó todo este tiempo sin cobrarme un peso, porque yo no tenía. Si no hubiera sido por él, ya estaría en la calle. Lo conocí en los pasillos del juzgado, cuando yo estaba desesperado, y me ayudó sin conocerme”.

Ahora que Rodríguez forma parte del personal del juzgado Multifuero de Santa Rosa, Sánchez tomó la causa y ya contestó la nueva orden de desalojo. “En el juicio ejecutivo (iniciado por Ortiz) hubo dos órdenes para desalojarlo, pero yo solo intervine en este juicio, el de desalojo, y la nueva medida tampoco ha prosperado”, justamente porque Zalazar siempre se definió como poseedor y no como tenedor, que sería un caso en el que sí podría ser echado de su casa, indicó el letrado que lo asiste ahora.

Sánchez dijo que no le consta si hubo o no algo extraño en el proceso para llegar a esta instancia. “Pero en la contestación que hice por el nuevo desalojo aclaré que me reservo de iniciar acciones legales por fraude y asociación ilícita”, afirmó.