Tras la polémica, Macri dio marcha atrás: devolverán las pensiones

Como hizo con varias medidas anteriores, en medio de la polémica por el recorte de las pensiones  a personas con discapacidad, y ante los fallos judiciales a favor de los beneficiarios, el gobierno de Mauricio Macri decidió dar marcha atrás con la suspensión-eliminación de esas pensiones y adelantó que volverá a pagarlas desde la semana que viene. 
La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, anunció ayer que la próxima semana se restablecerán todas las pensiones de personas con discapacidad que hayan sido suspendidas "por error de aplicación de criterio". 
La funcionaria nacional pidió tranquilidad a los afectados. "Las familias que reciben una pensión por discapacidad la seguirán cobrando", subrayó en un comunicado. "Lo primero que queremos es transmitir tranquilidad al respecto, y que hay un millón y medio de familias que reciben una pensión en la Argentina y que la van a seguir cobrando".
En diálogo con Radio Dos de Rosario, Stanley aseguró que volverán a percibir la pensión por discapacidad aquellos beneficiarios cuyos grupos familiares posean ingresos mayores a tres jubilaciones mínimas o sean propietarios de un auto usado, y que "por error" este mes no cobraron. En cambio, no lo percibirán quienes "se dieron de baja por fallecimiento, porque han renunciado o no tiene una discapacidad".
La ministra sostuvo que “sin ninguna duda hubo un uso político” del tema. "Hemos tocado intereses políticos, cortando situaciones de clientelismo".
Dijo también que revisarán los criterios para suspender y las condiciones para acceder al beneficio por discapacidad. "No se van a aplicar los criterios del decreto de 1997. Se está trabajando en un proyecto de decreto para adecuar la legislación a lo que es hoy la Convención para Personas con Discapacidad".
La diputada socialista y vicepresidenta de la Comisión de Discapacidad de la Cámara baja, Gabriela Troiano, afirmó que Stanley le había asegurado que las pensiones se restablecerían y se derogaría el decreto 432, firmado en 1997 por el ex presidente Carlos Menem, aplicado para endurecer los controles sobre los beneficiarios.
La Justicia Federal hizo lugar a una medida cautelar que interpuso el diputado nacional del Frente para la Victoria Martín Doñate en defensa de Miguel Bravo, un vecino de Valle Medio, Río Negro.
"La suspensión fue compulsiva, por una vía de hecho sin ningún tipo de procedimiento administrativo ni notificación o fundamentación, y ha impactado en cientos de rionegrinos que están desesperados porque eran lo poco que tenían para poder comer, comprar medicamentos, pagar un alquiler, para poder vivir", señaló Doñate. El juez federal de General Roca, Hugo Greca, ordenó al Ministerio de Desarrollo Social que deje de inmediato sin efecto la suspensión del beneficio de Bravo y continúe con su pago regular.
Aurelio Cuello Murúa, juez federal de Rosario, también aceptó la medida cautelar presentada por Silvia Settetrombe, con el patrocinio del abogado constitucionalista y dirigente local Roberto Sukerman, y ordenó que Desarrollo Social restituya inmediatamente su pensión no contributiva por invalidez y le pague los haberes no cobrados desde mayo.