A pesar de las promesas, Nación sigue sin restituir las pensiones

Los puntanos que recibían una pensión por discapacidad siguen perdiendo mañanas y esperando por las ayudas prometidas por el gobierno central. La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, había anunciado la semana pasada una marcha atrás con la decisión de quitar las pensiones. La reacción vino después de una lluvia de críticas recibidas de asociaciones civiles, la mayoría de los sectores políticos no oficiales y de la misma población. Sin embargo, y al menos en San Luis, esta promesa cayó en saco roto.

“Estoy muy angustiada", dijo Mirtha Gladys Lucero, ex-modista de 56 años que vive en La Toma. Desde octubre del año pasado no recibe la pensión de 3.800 pesos que cobraba por una incapacidad del 87% en la columna debido a una lumbalgia. "Es lo único que tengo para vivir. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación no me dio ninguna solución, salvo esperar”, afirmó y agregó que la quita del beneficio se produjo por un auto a su nombre. El Estado nacional considera que posee un patrimonio suficiente como para no necesitar el subsidio.

“Estoy separada desde hace 14 años y tengo una hija que estudia en Villa Mercedes. Ya no puedo ayudarla a comprar las fotocopias y el resto de los apuntes que le piden, así que ella se mantiene dando clases de guitarra”, aseguró y afirmó que el dolor que siente en la columna es tan intenso que le dificulta estar sentada. “No sé qué puedo hacer, pasan los meses y me desespero. Usaba la plata para comer, pagar la luz, el teléfono y algún remedio que necesitara. Además, viajo seguido a la capital para hacer rehabilitar mi columna con kinesiólogos y los doctores me dijeron que además tengo que operarme de la vesícula ¿Cómo pago ahora todo eso?”, se lamentó.

Otro de los damnificados que sufre de la falta de respuestas es David Amaya. Tiene 65 años, es ex empleado, y junto con su hija tramitan la pensión por discapacidad que cobra su esposa. En mayo fueron al banco a cobrar los 4 mil pesos mensuales que recibían y les informaron que el beneficio había sido dado de baja porque él percibe una jubilación mínima, de 6 mil pesos, desde hace un año. Al reclamar en el centro de referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en calle Balcarce, la contestación fue que la única solución para continuar recibiendo la ayuda económica era reclamar en Anses “o si no, divorciarse”. “Que nos respondan, eso es una barbaridad. Hay una falta de atención y benevolencia total, no pueden dejar a gente que no tiene otros medios de subsistencia sin la única ayuda que reciben”, señaló David.

Jimena, contadora de 42 años, es la encargada de cobrar la pensión por discapacidad de su padre ciego, de 71 años, empleado metalúrgico y ahora jubilado. Hace un mes que se enteró del retiro de la ayuda económica. “Es una política pésima. A mi papá le quitaron la pensión por tener un auto registrado a su nombre, que ni siquiera puede manejar, y porque mi mamá cobra una jubilación de más de 10 mil pesos. Es un injusticia que una persona que necesita tratamiento y una operación para curarle las cataratas no pueda realizársela por no contar con el ingreso que recibía para ese mismo fin”, se quejó.

Los puntanos salieron la semana pasada de junio a reclamar la devolución de sus pensiones en una masiva manifestación por el centro de la ciudad, mientras que organismos de derechos de los discapacitados se mostraron preocupados y escépticos ante la marcha atrás prometida por Nación.