Una ONG dice que las fotomultas de Mendoza son un negociado

Más de un conductor puntano con intenciones de viajar hacia Mendoza seguramente habrá sido advertido para levantar el pie del acelerador al ingresar a la jurisdicción del Municipio de San Martín, por las ya temibles fotomultas que se labran a diestra y siniestra y que no parecen ceñirse a los  límites de velocidad homologados. La filial mendocina de la ONG nacional de defensa del consumidor, Protectora, denunció que las sanciones monetarias  son ilegales  y constituyen un  negociado con una intención puramente recaudatoria, desestimando la función educativa y de prevención.

“Se ponen a un costado de la ruta, le sacan una foto al vehículo que pasa sin detener al conductor para decirle que viene con exceso de velocidad y advertirle que le van a levantar un acta de infracción”, aseguró el titular de Protectora de Mendoza, José Luis Ramón, a El Diario de la República. El abogado sostuvo que la maniobra queda en evidencia a partir de los planos de la Dirección Nacional de Vialidad, que muestran que en la zona la máxima permitida no es de 60 kilómetros por hora sino de 110.

Pese a que la asociación que preside expuso el caso a la luz pública en reiteradas ocasiones, el cobro de la Intendencia de San Martín mantiene activo el sistema como si se tratara de una estafa legalizada. “No hay un fiscal que quiera tomar cartas en el asunto”, explicó Ramón.

Las fotomultas, mediante dos radares móviles (Sisteco), fueron cuestionadas desde su aplicación en 2015 a partir de la denuncia de automovilistas que manifestaron que las multas estaban mal aplicadas debido a "incompatibilidades" con la reglamentación vial de la vecina provincia, como así también con la legislación nacional.  Ante esos reclamos, el Municipio hizo lugar a los pedidos y, en algunos casos, anuló las infracciones.

Según el testimonio de las víctimas del “cazabobos”, ubicado en el kilómetro 998 de la ruta 7, la penalidad monetaria alcanza los 8 mil pesos. Aunque si el pago es dentro de las dos semanas posteriores a la recepción en el domicilio, el monto se reduce a sólo 2.500 pesos.

“El consejo, para todo conductor que circule por la ruta 7 y que le llegue a una infracción, es que haga el descargo y que no pague una fotomulta de esas características, porque es una gran ilegalidad. En la página de la Presidencia de la Nación, que no es poca cosa, explica claramente que un acta tiene que contener la firma del funcionario que la realizó y además te tienen que detener en el momento para notificarte”, indicó Ramón.

Según los cálculos del abogado, por la ruta 7 circulan unos 100 mil vehículos diariamente, por lo que las ganancias obtenidas por el Municipio de San Martín -a cargo de Jorge Giménez- son elevadas. Inclusive el intendente de esa ciudad este año anunció su intención de adquirir radares fijos para incrementar los controles de velocidad en el tramo correspondiente a su jurisdicción.

Según indicó el secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Martín, Oscar González, a un  medio mendocino, las fotomultas serían legales ya que firmaron acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial que les permite realizar controles mediante herramientas tecnológicas, como las fotomultas. Dijo además que los radares que utilizan en la ruta 7 están homologados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).