Las fotomultas de Mendoza, una estafa

Siempre se “olió” algo raro en esos utilitarios apostados a la altura de la localidad de San Martín, Mendoza, que ocultaban en su parte trasera los temidos radares “cazabobos”. Ahora surgen indicios que parecen confirmar que la maniobra es una estafa pura y dura, padecida por no pocos automovilistas puntanos. En agosto del 2017, El Diario de la República publicó una nota en la que la ONG nacional “Protectora” advertía que las fotomultas que se labran desde el 2015 en el kilómetro 998 de la ruta 7 representaban un “negociado”. En el artículo se señalaba que las sanciones perseguían solo un fin recaudatorio y que algunos conductores habían sido penalizados a pesar de no haber superado los límites máximos de velocidad.

Más allá de las sospechas y las críticas de los conductores, los radares siguieron firmes y activos a la vera de una autopista por la que transitan diariamente unos 100 mil vehículos. Pero finalmente llegó la gota que rebalsó el vaso.  La semana pasada concejales de “Cambia Mendoza” denunciaron penalmente al intendente de San Martín, Jorge Giménez, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y posible malversación de fondos por la utilización de las fotomultas. Los ediles, que se ampararon en la Ley de Acceso a la Información Pública para acceder a documentos de la Comuna, aseguran que quedó comprobado que el único fin del sistema era facturar.