Pacientes puntanos se oponen a la ley nacional del cannabis

Con la reglamentación de la ley nacional que permite su uso medicinal, el cannabis sigue en camino a llegar al botiquín de los argentinos. Sin embargo a pesar de brindar precisiones de cómo será la investigación y desarrollo de la marihuana para tratar enfermedades, en San Luis, las organizaciones que bregan a favor de su utilización critican la legislación, ya que deja afuera el autocultivo y limita su uso para tratar enfermedades.

“La ley no ha sido pensada para brindarles a todo aquél que necesita acceso a la sustancia por una cuestión de vida”, dijo Luzy Villarroel, que pertenece a Libre Acción Puntana (Alapu), una ONG que fue fundada a fines de 2016. La paciente apunta a que la ley, que establece los organismos que se encargarán de la investigación y producción de medicamentos,  puede dilatar los tiempos para obtenerlos y favorecer a que opten por el mercado negro. “Es un no encubierto lo que quieren lograr con esta reglamentación. Si se te está muriendo un hijo vas a pagar lo que sea y ni siquiera sabés lo que estás consumiendo”, remarcó.

“Notamos una gran falencia a nivel nacional. Estamos desamparados, solo nos permiten comprar el aceite de Charlotte de Estados Unidos. Con el autocultivo, en cualquier lado en el que uno esté, puede producir su propio aceite y medicina. Nos arriesgamos. Hay padres de chicos con dolor. Tienen que recurrir al mercado ilegal, gente decente que tiene que ir a lugares indecentes, avalando el tráfico”, coincidió Gustavo Coria, que formó la Agrupación Cannábica Esperanza de Vida  (ACEV) este año. “Queremos que todos tengan sus cultivos, sin tener temor de terminar presos o ninguneados”, agregó.

Los activistas aseguran que el problema también existe en cuanto  a qué enfermos pueden acceder al aceite. Según la reglamentación, del decreto presidencial 738/2017 publicado el 22 de setiembre, solo podrán beneficiarse del “Programa Nacional para el estudio y la investigación del cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales” aquéllos que tengan padecimientos con “evidencia científica existente” de que el cannabis los ayuda (como en el caso del aceite de Charlotte, que se usa para reducir los ataques de la epilepsia refractaria), “pacientes en protocolo de investigación”, que se establecen a partir de que se hagan los primeros estudios y “familiares” o representantes legales, en los términos de la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Salud.

Es decir, hasta que no haya los primeros datos concluyentes y posibles remedios que obtenga el Conicet, el INTA, en colaboración con los laboratorios públicos nacionales, supervisados por el Ministerio de Seguridad y todo bajo la órbita del Ministerio de Salud, los pacientes tendrán que esperar indefinidamente, por la vía legal, para obtener el fármaco.

Esto no quiere decir que estén en contra de la regulación de la sustancia. “Es positivo, porque para quien incursione en esto, tiene que lidiar con un tema tabú, demonizado y esto permite un mayor control y regulación. Pero nos parece mal cuando existe una elevada burocracia para poder acceder a la sustancia. Hoy para pedir el aceite se necesita de un amparo a una mutual que te pide infinidad de papeles, además de pagar un abogado”, dio como ejemplo Villaroel. Tal como ocurrió con el caso de una familia que demandó a una mutual por el aceite de cannabis para su hijo de 9 años, en un caso que cubrió El Diario de la República en febrero.

Y la otra opción, la del mercado negro, a veces no está exenta de riesgos a la salud y fines monetarios. Un caso paradigmático fue el de Carlos Laje, un médico cordobés que el martes 29 de agosto fue detenido junto a otros tres colaboradores por comercializar el aceite. Laje fue uno de los primeros promotores del cannabis medicinal en el país, sin embargo su detención dejó entrever algunos detalles preocupantes: pacientes aseguraron efectos adversos al probar el líquido y llegaban a pagar hasta 1.500 pesos por un frasco. Producto de los allanamientos en la capital cordobesa y Carlos Paz, incautaron decenas de frascos de la sustancia y cerca de 2 millones de pesos.

Ambos grupos buscan seguir realizando actividades en la provincia. Alapu continuará con talleres con especialistas de la problemática por toda la provincia, con Merlo y El Volcán como próximos destinos. Mientras ACEV buscará reunirse con los legisladores provinciales luego de las elecciones de octubre, para generar un marco provincial.