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Retroactivo de gas: San Luis presentó el amparo y espera frenarlo antes que lo apliquen

El fiscal de Estado, Eduardo Allende, estimó que en un máximo de cinco días llegaría la notificación a la Secretaría de Energía de la Nación.

Por redacción
| 10 de octubre de 2018
El gobierno nacional impulsa el cobro extra de gas a las boletas pagadas de abril a la fecha. Foto: NA.

Después del anuncio realizado ayer en conferencia de prensa, San Luis presentó este miércoles por la mañana un amparo ante la Justicia Federal en contra del cobro de la Compensación Retroactiva a favor de las empresas distribuidoras de gas natural. Lo confirmó el fiscal de Estado Eduardo Allende.

 

El gobierno nacional impulsa el cobro extra por la devaluación a las boletas pagadas de abril a la fecha y pretende aplicarlo en todo el país a partir de enero.

 

“El tiempo de plazo es rápido. Dos o tres días, máximo cinco”, dijo Allende. Y explicó que ahora un fiscal se expedirá sobre la competencia del juzgado federal, en caso que declare la competencia el amparo será trasladado a la Secretaría de Energía de la Nación. Ésta deberá hacer un informe con las razones que la llevaron a dictar la Resolución 20 / 2018 que dispone que se trasladen al consumidor las diferencias entre el precio que las distribuidoras pagaron por la compra del combustible y lo que le cobraron al consumidor acumuladas durante el periodo de abril a septiembre del año 2018, durante 24 meses a partir de enero del año próximo.

 

“Somos optimistas en que se resuelva en estos 2 meses. Esperamos  que se declare la nulidad del aumento antes de que el cobro sea operativo”, expresó el fiscal de Estado.

 

Por qué no

 

Ayer, durante la conferencia en Terrazas del Portezuelo, Allende se refirió a las irregularidades del cobro retroactivo. “El gobierno nacional le quiere hacer un reajuste a lo que la gente ya pagó El Código Civil dispone que ninguna norma puede tener efecto retroactivo y todos ya cumplimos pagando nuestra factura de gas”, explicó.

 

Otra irregularidad que señaló, sobre la resolución que impulsa Macri, radica en que viola el llamado a Audiencias Públicas que legalmente se convocan cuando se busca actualizar un cuadro tarifario de cualquier servicio energético público.

 

 

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