Stolbizer denunció a la UNSL penalmente por mal manejo de fondos

La polémica que estalló hace seis meses en la UNSL por el destino "dudoso" de fondos nacionales, desembarcó de lleno en el centro político y administrativo del país. La líder del partido Generación para un Encuentro Nacional (GEN) y ex candidata a presidente de la Nación en 2015, Margarita Stolbizer, denunció en la Justicia Penal Federal, en Buenos Aires, a la casa de estudios de San Luis por irregularidades en la recepción y manejo de casi 48 millones de pesos, provenientes de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), entre 2014 y 2015, durante el último año en que gobernó el kirchnerismo.

Según publicó en su página web oficial (www.margaritastolbizer.com.ar), la también titular de la ONG Bajo La Lupa hizo la presentación debido a "las irregularidades en la suscripción de convenios sin las necesarias aprobaciones del Consejo Superior (de la UNSL) y las decisiones sobre gastos, que podrían suponer la comisión de delitos penales".  El comunicado de prensa titulado "Manejos irregulares de fondos públicos" afirma, además, que la investigación "ya se encuentra en marcha en Comodoro Py con relación a situaciones similares en otras universidades" nacionales.

“Durante el gobierno anterior existió una práctica reiterada que era el desvío de dinero público que recibían las universidades con la apariencia de financiamiento de actividades extrañas a las casas de estudios", aseguró Stolbizer, quien solicitó a la Justicia ser tenida en cuenta para cooperar con la causa.

Las denuncias originales en el ámbito de la UNSL habían sido presentadas a fines de 2016 por el docente y ex consejero superior Eduardo Borkowski, quien, además, es el apoderado de la agrupación Proyecto Clase Media (Proclame), la versión provincial de GEN, integrado también por Raúl Laborda y Germán "Chango" Arias, ex rector de la casa de estudios.

El pedido de Borkowski al máximo cuerpo de decisión universitario, en el que solicitaba explicaciones sobre distintas incoherencias en el manejo de los montos millonarios acreditados por la SPU durante el último tramo de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, tuvo tratamiento en el Consejo Superior de la UNSL recién en abril, con despacho de la Comisión de Presupuesto y Cuentas, coordinada por el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales (FCEJS), Héctor Flores, quien aseguró que el "uso de los fondos rotativos" fue "según la normativa vigente". El consejero dijo, además, en la misma sesión, que estaba avalado por la Auditoría Interna de la UNSL.

Inclusive, en esa ocasión el propio rector de la casa de estudios, Félix Nieto Quintas, aseguró que los convenios con la SPU "tienen la particularidad de que no implican compromisos administrativos y presupuestarios", una modalidad que adjudicó también a cientos de casos en los que se procedió de la misma manera, pero en el ámbito de las facultades de la UNSL.

Durante esa reunión ordinaria del Consejo Superior, celebrada el 10 de abril, Nieto Quintas indicó que con las denuncias de irregularidades se pretendió "ensuciar con casos de índole muy distinta en el ámbito nacional, como lo que sucedió en la Universidad". La referencia fue en relación a la denuncia presentada, también en diciembre de 2016, por el fiscal federal Guillermo Marijuan, en la que apuntó contra 52 universidades nacionales por "malversación de dinero público" durante la última etapa del kirchnerismo (ver: "Sospechas..."), la misma que poco después motivó a Borkowski para hacer algo similar, pero en el ámbito puntual de la UNSL.

Pocos días después de que Nieto Quintas y Flores aseguraran que las gestiones con la SPU para recibir los fondos, gozaban de transparencia, Borkowski reavivó la polémica tras acceder a documentación oficial de la Unidad de la Auditoría Interna (UAI) de la casa de estudios, que probaba que las deficiencias en el manejo del dinero efectivamente existieron o, al menos, arrojaba un manto de sospecha sobre su destino.

Según los registros, las dudas recaen sobre seis convenios (Ver "Convenios..."), que la Universidad selló con el área de Políticas Universitarias, por un total de poco más de 47 millones 800 mil pesos, designados para el pago de diferentes servicios que, en algunos casos, fueron contratados luego de su prestación, como sucedió con la aplicación de programas de verano en Mar del Plata y Villa Gesell, según documentó el propio Borkowski a partir del informe de la UAI.