El Senado devolvió el proyecto de presupuesto a Diputados

La novela por el proyecto de Presupuesto 2019 sumó un nuevo capítulo. En la última sesión ordinaria de la Cámara de Senadores se decidió por unanimidad devolver el proyecto a la Cámara de Diputados, cuya mayoría opositora pretendía que tuviera una segunda revisión, sin dar cabida directamente a su análisis. Los legisladores basaron su decisión en considerar que un segundo envío va en contra del artículo 132 de la Constitución Provincial, el 81 de la Nacional y otros antecedentes nacionales que citaron en la sesión de ayer. Según expresó el miembro informante Pablo Garro, que preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, lo remitieron a la Cámara baja "a los efectos de que estos remedien su intervención en los procedimientos  reglados por el artículo 132".

Garro recapituló lo que sucedió en la Legislatura provincial. Primero Diputados aprobó un primer proyecto, que establecía, entre otros puntos, una cláusula de 494 millones de pesos para 29 municipios. Posteriormente, el Senado introdujo un cambio en ese artículo en el que aumentaba la asignación a 700 millones de pesos pero para todos los municipios. Aquí, según marcaron legisladores provinciales afines al gobernador de la Provincia y abogados como Mauro Sabatini y Fernando Revello, los diputados tenían dos opciones: aprobar el texto modificado o insistir en el primer proyecto. Sin embargo los legisladores, o más bien una mayoría opositora conformada por Avanzar y Cambiemos Por San Luis, Sanluiseños por el Cambio y una facción del Justicialismo que responde a Adolfo Rodríguez Saá, impulsaron una nueva modificación sobre lo ya revisado: que los municipios no tuvieran la necesidad de presentar proyectos para recibir esas partidas y que reciban en cuotas mensuales el monto total. Aquí los senadores, atentos a la interpretación marcada por muchos como errónea, decidieron no analizar nuevamente el proyecto por parte de la Comisión de Finanzas, sino derivarla a la de Asuntos Constitucionales y revisar el segundo envío junto a Gregorio Badeni, un abogado constitucionalista de amplía trayectoria y que finalmente coincidió con lo expuesto por sus predecesores.

Garro leyó fragmentos del dictamen que elaboró Badeni, que visitó la Legislatura la semana pasada para analizar el proyecto. “La única vez que la cámara de origen puede introducir alteraciones al proyecto de ley es al disponer de su tratamiento por primera vez y otro tanto la cámara revisora. Pero fuera de esos casos, ninguna de ellas puede introducir nuevas modificaciones", comenzó el legislador.

"Tal conclusión resulta de una interpretación semántica y sistemática del artículo 132 de la Constitución Provincial. Solamente alude a las adiciones o correcciones que realicen en la cámara revisora, con motivo de su primera intervención, pero se abstienen de señalar expresa o implícitamente la existencia de otra instancia, para la introducción de nuevas modificaciones por cualquiera de las cámaras", agregó Garro.

A su vez el especialista se basó en la Constitución Nacional. "Tal es precisamente la solución impuesta por el artículo 81. Destaca que con motivo de una segunda intervención, la cámara de origen no podrá introducir nuevas adiciones o correcciones a la realizada por la cámara revisora. En otras palabras cuando la cámara de origen recibe el proyecto para su tratamiento una segunda vez a raíz de las modificaciones efectuadas por la cámara revisora, está inhabilitada para realizar nuevas modificaciones al texto que es remitido. Solo puede rechazar o aceptar las adiciones efectuadas por la cámara revisora", describió Garro. Por último el documento menciona un acta firmada por ambas cámaras del Congreso de la Nación del 26 de octubre de 1995, en el que se acuerda la interpretación  de los procedimientos previstos de ese artículo y en el que establece las mismas reglas. 

"El Parlamento es la columna de apoyo para la gobernabilidad, para el Ejecutivo y para el estado de derecho, que existe en el marco de un estado constitucional. Hay que  traer a la reflexión la importancia del estado de derecho en nuestro sistema constitucional, que debe ser rectora de las conductas que se deben tener y sobre todo en el Poder Legislativo. Acá hay que apelar muy fuerte a la ética parlamentaria, de respeto a la ley", criticó Gloria Petrino, la única senadora que se expresó sobre el tema en la sesión. Vale la pena aclarar que el envío a la Cámara baja fue aprobado por unanimidad, no solo con el voto de 6 legisladores del Justicialismo presentes, sino que también con el favor de Dominga Torres, que pertenece a Avanzar y Cambiemos por San Luis.

"Lo enviamos a efectos de que remedien este gran error", apuntó Pablo Garro. "El presupuesto es uno solo, fue aprobado por Diputados. Lo que se agregó fue una cláusula, el artículo 15. No existe un presupuesto de Adolfo o Alberto. Existe uno solo, donde ha existido una chicana política, de bien sabemos quien, en el que han tratado de embarrar la cancha y tratar de beneficiar a ciertos municipios", criticó. "En vez de dejar que un gobernador termine su mandato y que el pueblo decida, le están interfiriendo en el presupuesto y en la ley impositiva (N. de R. que la semana pasada no pudo ser tratada por la falta de quórum provocada por la oposición). Eso se ve seriamente afectado en cuestiones a definir como los sueldos y los planes de gobierno. Están afectando la gobernabilidad", concluyó sobre el tema.

En la sesión a su vez se decidió postergar para el año que viene el tratamiento de la ley de paridad de género, que elevaba el piso de representación de las mujeres de 30 al 50%. "No se puede modificar una ley que trae aparajedas otras leyes. Cuando se está modificando una ley, puede llegar a tener consonancia con otras. No se puede aprobar a rajatabla sin realizar un estudio pormenorizado", justificó Garro.