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La Provincia analiza no recibir más a los presos federales

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La Provincia analiza no recibir más a los presos federales

El ministro Mones Ruiz anticipó que estudian enviar una carta a los Juzgados para notificarlos.

El Gobierno analiza enviarle una nota a la Justicia Federal para notificarle que el Servicio Penitenciario de San Luis no recibirá más detenidos de esos Tribunales, debido a la deuda por 9 millones de pesos que aún mantiene el Ministerio de Justicia de la Nación por el alojamiento de 70 personas, desde julio de 2016 a la fecha. Pero además, está en estudio la posibilidad de “denunciar” el convenio que hoy mantiene con el Estado Nacional, porque según explicó el ministro de Gobierno, Justicia y Culto; Eduardo Mones Ruiz, “en ese contrato dice que tenemos el derecho de hacerlo con 30 días de anticipación y así dejarlo sin efecto”.

Mones Ruiz señaló que estas medidas están en estudio luego de que el jueves pasado tuvieran una reunión, que él calificó como “tensa y difícil”, con funcionarios del Ministerio de Justicia de la Nación donde les exigieron el pago de esa deuda. Pero además les dejaron en claro que “en estas condiciones San Luis no iba a mantener el convenio; y en todo caso pediría firmar uno nuevo que tenga en cuenta el precio real por mantenerlos y otro tiempo para los pagos”.     

Lo cierto es que el último pago que recibió la Provincia correspondió a junio de 2016, que se hizo efectivo en setiembre de ese año, por lo que hoy se adeuda la mitad de ese año y todo el período 2017. El jefe de Gabinete de la Subsecretaría de relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios, Esteban Mahiques, se comunicó con El Diario de la República (Ver Mahiques: "Se paga...) y confirmó que mediante tres resoluciones se hicieron los siguientes pagos: la 655/16 (16 de agosto de 2016) fue de $10.446.871, la 495/17 (3 de Julio de 2017) por $2.361.300 y la 1190/16  (12 de diciembre de 2016) por $3.638.700.

Mones Ruiz recordó que en esa última reunión, “al llegar nos avisaron que el ministro Germán Garavano no iba a estar. Después nos dijeron que iría el viceministro Santiago Otamendi y Mahiques. Pero al rato apareció Ariel Sáenz Tejeira (jefe de Asesores de la Secretaría de Justicia) y nos dijo que ninguno de ellos nos podía atender y que le pidieron a él que nos reciba, aunque nos aclaró que el tema no estaba en agenda”. Por eso calificó al encuentro como “difícil”. Y aclaró que “si bien Mahiques les dijo a ustedes que no tienen ninguna animosidad con San Luis, él sabía con bastante antelación que en esta reunión íbamos a tratar el tema de la deuda que nos deben y nunca apareció. Y es su obligación porque de él dependen los fondos para pagar  por los servicios que le estamos  brindando”.

Además de aclarar que a pesar de esto la Penitenciaría de San Luis se mantiene sin superpoblación, se quejó porque dijo “hay que dejar en claro que éste, es un problema de la Nación. El hecho de que las provincias accedan a tener a los presos federales en sus cárceles es porque ellos no tienen penitenciarias en el resto del país. ¿Cómo puede ser que tengamos que ser nosotros los que tengamos que pedirles, casi como un favor, que nos paguen lo que ellos nos deben? Está claro que el concepto que manejan es unitario, son ellos los que deberían pedirnos perdón por estar demorados en los pagos”.  

El abogado criticó a las autoridades nacionales por la forma en que empezó esa reunión porque destacó que “fue con dos ministros de una provincia, que iban a reclamar un pago porque San Luis viene subsidiando a la Nación en este tema desde 2012. Y más allá de que los pagos se hagan al finalizar cada año, después de presentada la documentación, nosotros a los presos los tenemos todos los días y nos cuestan 1.000 pesos diarios y no 375 como dicen ahora que van a pagar”. Aunque dejó a salvo la actitud de Ariel Tejeira de quien dijo: “Nos atendió con mucha predisposición pero es un funcionario de segunda línea”.

Ante la férrea posición que mantuvieron los dos ministros puntanos, finalmente tuvieron que aparecer Pablo Garcilazo (asesor de Mahiques) y casi al término, el propio Otamendi, quien además les pidió disculpas. “Pero al final nos quedó claro que cualquier otro tema para ellos es más importante que el reclamo de una provincia”, señaló Mones Ruiz.

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La Provincia analiza no recibir más a los presos federales

El ministro Mones Ruiz anticipó que estudian enviar una carta a los Juzgados para notificarlos.

Firme. Así se puso Mones Ruiz  junto al ministro de seguridad, Ernesto Nader Alí, en la última reunión. Foto: Martín Gómez.

El Gobierno analiza enviarle una nota a la Justicia Federal para notificarle que el Servicio Penitenciario de San Luis no recibirá más detenidos de esos Tribunales, debido a la deuda por 9 millones de pesos que aún mantiene el Ministerio de Justicia de la Nación por el alojamiento de 70 personas, desde julio de 2016 a la fecha. Pero además, está en estudio la posibilidad de “denunciar” el convenio que hoy mantiene con el Estado Nacional, porque según explicó el ministro de Gobierno, Justicia y Culto; Eduardo Mones Ruiz, “en ese contrato dice que tenemos el derecho de hacerlo con 30 días de anticipación y así dejarlo sin efecto”.

Mones Ruiz señaló que estas medidas están en estudio luego de que el jueves pasado tuvieran una reunión, que él calificó como “tensa y difícil”, con funcionarios del Ministerio de Justicia de la Nación donde les exigieron el pago de esa deuda. Pero además les dejaron en claro que “en estas condiciones San Luis no iba a mantener el convenio; y en todo caso pediría firmar uno nuevo que tenga en cuenta el precio real por mantenerlos y otro tiempo para los pagos”.     

Lo cierto es que el último pago que recibió la Provincia correspondió a junio de 2016, que se hizo efectivo en setiembre de ese año, por lo que hoy se adeuda la mitad de ese año y todo el período 2017. El jefe de Gabinete de la Subsecretaría de relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios, Esteban Mahiques, se comunicó con El Diario de la República (Ver Mahiques: "Se paga...) y confirmó que mediante tres resoluciones se hicieron los siguientes pagos: la 655/16 (16 de agosto de 2016) fue de $10.446.871, la 495/17 (3 de Julio de 2017) por $2.361.300 y la 1190/16  (12 de diciembre de 2016) por $3.638.700.

Mones Ruiz recordó que en esa última reunión, “al llegar nos avisaron que el ministro Germán Garavano no iba a estar. Después nos dijeron que iría el viceministro Santiago Otamendi y Mahiques. Pero al rato apareció Ariel Sáenz Tejeira (jefe de Asesores de la Secretaría de Justicia) y nos dijo que ninguno de ellos nos podía atender y que le pidieron a él que nos reciba, aunque nos aclaró que el tema no estaba en agenda”. Por eso calificó al encuentro como “difícil”. Y aclaró que “si bien Mahiques les dijo a ustedes que no tienen ninguna animosidad con San Luis, él sabía con bastante antelación que en esta reunión íbamos a tratar el tema de la deuda que nos deben y nunca apareció. Y es su obligación porque de él dependen los fondos para pagar  por los servicios que le estamos  brindando”.

Además de aclarar que a pesar de esto la Penitenciaría de San Luis se mantiene sin superpoblación, se quejó porque dijo “hay que dejar en claro que éste, es un problema de la Nación. El hecho de que las provincias accedan a tener a los presos federales en sus cárceles es porque ellos no tienen penitenciarias en el resto del país. ¿Cómo puede ser que tengamos que ser nosotros los que tengamos que pedirles, casi como un favor, que nos paguen lo que ellos nos deben? Está claro que el concepto que manejan es unitario, son ellos los que deberían pedirnos perdón por estar demorados en los pagos”.  

El abogado criticó a las autoridades nacionales por la forma en que empezó esa reunión porque destacó que “fue con dos ministros de una provincia, que iban a reclamar un pago porque San Luis viene subsidiando a la Nación en este tema desde 2012. Y más allá de que los pagos se hagan al finalizar cada año, después de presentada la documentación, nosotros a los presos los tenemos todos los días y nos cuestan 1.000 pesos diarios y no 375 como dicen ahora que van a pagar”. Aunque dejó a salvo la actitud de Ariel Tejeira de quien dijo: “Nos atendió con mucha predisposición pero es un funcionario de segunda línea”.

Ante la férrea posición que mantuvieron los dos ministros puntanos, finalmente tuvieron que aparecer Pablo Garcilazo (asesor de Mahiques) y casi al término, el propio Otamendi, quien además les pidió disculpas. “Pero al final nos quedó claro que cualquier otro tema para ellos es más importante que el reclamo de una provincia”, señaló Mones Ruiz.

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