Afirman que una "saladita" factura casi $400 mil diarios

El informe que el Municipio capitalino entregó al Concejo Deliberante de San Luis, tras exigir conocer la situación legal y administrativa de las "saladitas" instaladas en la ciudad, comenzó a revelar algunos detalles sobre el funcionamiento de las ferias de ropa, que fueron cuestionadas por un grupo de comerciantes "autoconvocados" del centro puntano. Según afirmó el abogado de los denunciantes, Guillermo Strazza, en el documento presentado por la Comuna, "La Saladita" factura unos 400 mil pesos diarios.

"Del informe se desprende que declaró casi 400 mil pesos en ventas diarias desde que se instalaron en la ciudad el 16 de abril hasta su cierre la semana pasada. Eso genera una facturación de casi 9 millones de pesos mensuales y según declaró una de sus empleadas a los medios, no les querían pagar los aportes patronales por 12 mil pesos", aseguró Strazza, quien tuvo acceso al informe que la Intendencia elevó al cuerpo legislativo a mediados de este mes.

Además, el patrocinador legal de los "autoconvocados" dijo que las "saladitas" obtienen ganancias puras, ya que aparte de contratar personal en "negro", "tampoco pagan impuestos municipales, provinciales ni nacionales", según aseguró.

Los denunciantes señalaron que en total, en el centro de la ciudad, funcionan al menos cinco comercios de esas características y que están ubicados sobre las calles Pringles, San Martín, Chacabuco y los dos restantes sobre Junín. En principio, las quejas fueron porque -según afirman- desde la instalación de las "saladitas" en los últimos meses del año pasado, en sus comercios las ventas se redujeron hasta un 70 por ciento debido a que no pueden hacer sombra a los precios que maneja la competencia, que son hasta un 50 por ciento más baratos, inclusive por debajo del costo al que adquieren la ropa.

A más de un mes de iniciar un ciclo de protestas ante distintos organismos públicos para exigir que no exista "competencia desleal", los comerciantes afectados lograron la intervención del Concejo Deliberante capitalino, que por unanimidad exigió que la Municipalidad de San Luis informe sobre la situación de las "saladitas". En paralelo, también actuó el Juzgado de Faltas municipal, con distintas intimaciones para la presentación de las habilitaciones y un total de tres órdenes de clausura para tres de los negocios cuestionados, de los cuales la Comuna cumplió con el cierre de dos, que ya reabrieron sus puertas al público.

Según confirmó Strazza a El Diario de la República, el comercio que facturaría cifras millonarias mensuales, "tiene una deuda del canon municipal de un millón 800 mil pesos", un déficit por el que responsabilizó al secretario de Hacienda de la ciudad, Esteban Pringles. "Está expuesto a un juicio político porque está obligado a cobrar ese impuesto y es motivo de clausura si no lo pagan", sostuvo el abogado, quien pidió investigar a los responsables de realizar los controles pertinentes de las tres jurisdicciones (municipal, provincial y nacional).

Denuncia de aprietes

El representante legal de los casi cuarenta "autoconvocados" que denunciaron a las "saladitas", aseguró que una de las comerciantes de nacionalidad boliviana que integra ese grupo, recibió aprietes de un inspector de la Dirección Nacional de Migraciones, "porque no tenía la documentación actualizada". Strazza asoció la actuación del ente nacional con la persecución de sus clientes, ya que sostuvo que desde que inició la polémica por las ferias de ropa, varios integrantes del grupo al que asesora recibieron inspecciones intensivas, también del Municipio y la AFIP.

"Le pedimos prórroga para actualizar la documentación de la mujer pero el inspector se negó. Le dijo que tenía un negocio con el carnet de residencia vencido pero mi cliente vive con su pareja de nacionalidad argentina y con quien tiene un hijo que es puntano, que la legitima para residir permanentemente en el país, según la Convención Internacional de los Derechos del Niño", indicó Strazza, quien realizó una denuncia federal por la omisión de ese dato en el acta de Migraciones, como también pidió la apertura de un sumario administrativo contra el encargado de la inspección.