La Justicia Federal investiga obras licitadas en la gestión Poggi

Este jueves, la Justicia Federal se llevó documentación de la Dirección de Vialidad y de la Escribanía de Gobierno, como parte de una investigación que lleva adelante tras la denuncia del dirigente del PRO, Walter Oio, por posibles irregularidades en obras públicas nacionales. La investigación apunta a establecer si hubo anomalías en la licitación y ejecución de obras que se realizaron durante la gestión del gobernador Claudio Poggi.

El procedimiento “no se trató de un allanamiento”, le dijo a El Diario el fiscal Cristian Rachid. Y explicó que la Justicia presentó un “requerimiento de documentación” que fue entregado “voluntariamente” por ambas reparticiones provinciales.

Las obras investigadas son la repavimentación de parte de la Autopista de las Serranías Puntanas, la construcción de la rotonda ubicada en el cruce de las rutas nacionales 146 y 147 y los trabajos de bacheo y reparación sobre la ruta 146, en cercanías de la localidad de Luján. 

Rachid señaló que se trata de una investigación que ya está avanzada y que la documentación recabada apunta a sumar elementos para dilucidar puntualmente si hubo irregularidades en la licitación de esas obras. “Simplemente recaudamos más información para saber cómo fue el trámite licitatorio porque ya finalizó todo lo que tiene que ver con cómo fue la readecuación de precios conforme al ritmo de la inflación”, dijo. 

El fiscal federal explicó que la denuncia de Oio pedía que la Justicia pusiera la lupa en la calidad y características de las obras para saber si se habían realizado de acuerdo al pliego licitatorio. “Todo eso hasta ahora está descartado”, dijo  Rachid. Y agregó: “Pero no solo se analizó eso que era lo que cuestionaba la denuncia, sino también el llamado a licitación para ver si se cumplieron todos los pasos legales y ver si el proceso fue transparente. Es lo que se estamos viendo ahora.

 —¿ Entonces en la investigación hay presunciones que se han desechado? Preguntó El Diario.

—Claro. La denuncia originaria tiene que ver con la ejecución de las obras en sí, con la readecuación de precios y con los plazos de obra. Eso se analizó todo y, en principio, está todo descartado. Lo que resta ahora es saber cómo fue el proceso licitatorio previo para ver que no se direccionó la obra hacia un contratista en particular o no se excluyó a otro.

Rachid hizo además un breve repaso temporal de los trabajos que son investigados. “Las licitaciones —dijo— se iniciaron en 2012. Entre 2012 y 2013 se hizo la suscripción de contratos y la readecuación del plan de obras y curva de inversión. Se puede decir que las obras empezaron aproximadamente a medidos de 2013”. También explicó que la intervención de la Justicia Federal obedece a que “son obras financiadas por el tesoro de la Nación y la provincia lo que hacía, en base a un convenio previo, era realizar el proceso licitatorio, aprobaba los proyectos de obra y firmaba los contratos con las empresas.