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Juzgan, por fin, a sospechoso de abusar de sus hijas durante años

La investigación estuvo a punto de ser archivada y ayer el acusado intentó, una vez, más frenar el juicio oral. Cuáles son los agravantes de sus delitos, según una fiscal.

El vínculo que lo une con las víctimas, el hecho de haber aprovechado la convivencia con ellas y el de haberles causado un grave daño en la salud mental son los tres agravantes que una fiscal encontró en los abusos que un hombre habría cometido, en uno de los casos con acceso carnal, contra sus dos hijas durante años. Los enumeró en la acusación en la cual pidió que el sospechoso, Javier M., sea condenado a veinte años de cárcel. La requisitoria fue leída ayer en la primera audiencia del esperado juicio oral contra el acusado, que fue denunciado hace trece años y lleva tres años y medio detenido.

 

Una hija del acusado va a declarar en el juicio. La otra no estaría en condiciones de hacerlo.

 

La Cámara del Crimen 1 de San Luis debió resistir un nuevo intento del procesado por aplazar el juzgamiento. Ayer, cuando se cumplieron las 24 horas que le había dado a Javier M. para que presentara un abogado defensor, como el acusado no había designado uno, el tribunal convocó al defensor de Cámara Esteban Sala, para iniciar el juicio oral tres veces aplazado. Pero el imputado se mostró obstinado una vez más: insistió en que no autorizaba al funcionario judicial a defenderlo y pedía 48 horas más para contratar una abogada particular. 

El debate oral iba a empezar anteayer, pero ese día, apenas el tribunal abrió la audiencia, el abogado José Olguín, que hasta ese momento defendía al acusado, anunció que este acababa de revocarle la representación. Pese a que advertía que la quita del poder al defensor no era más que una estrategia para retrasar el juicio, el tribunal le concedió a Javier M. un día para nombrar uno nuevo.

 

Acusado. Javier M., en tribunales, el martes, cuando renunció a su defensor.

 

Ayer, cuando el presidente de la Cámara Jorge Sabaini Zapata informó que Sala asumía la defensa, el acusado intentó oponerse: “No le doy a él el aval para que me defienda”, dijo.

El magistrado le recordó que el plazo de 24 horas estipulado por el Código de Procedimientos para que designara otro defensor ya había concluido. Javier M. insistió: “Estoy solicitando una prórroga de 48 horas”. Según dijo, su familia le había arrimado los datos de una abogada, de la cual dio el nombre, el número de matrícula y el domicilio. Pero la letrada no se había presentado ante el tribunal pidiendo asumir como defensora.

La resolución del tribunal fue iniciar el juicio y permitir que más adelante un abogado particular, si el acusado lo contrata, reemplace a Sala, el defensor de Cámara.

La audiencia, no obstante, apenas dio el primer paso. La limitaron a la lectura de la acusación hecha por la fiscal de instrucción interina Daniela Cristina Torres.

El defensor Sala accedió a la lectura de ese documento por el cual la causa fue elevada a juicio, pero les pidió a los jueces que no pasaran al trámite siguiente, la discusión de las cuestiones preliminares, porque no conoce la causa. Solicitó, cuanto menos, 48 horas para estudiar el expediente. Los camaristas estuvieron de acuerdo y le concedieron 72 horas.

 

Agresor sigiloso

La acusación contra Javier M. fue hecha por la fiscal Torres el 28 de agosto del año pasado. Fue la segunda, porque la primera, realizada por otra fiscal que ya no está en funciones, fue declarada nula por la Cámara a raíz de un planteo del abogado Olguín, el año pasado, cuando el juicio iba a empezar por primera vez.

En la nueva requisitoria, en la que pide veinte años de cárcel para el procesado, la fiscal Torres dio por probado que el hombre abusó en forma reiterada de sus hijas, en el caso de la mayor desde el día que la niña cumplió 8 años. En la actualidad, la joven tiene 27.

La acusadora dejó expresa constancia de que el vínculo entre el presunto victimario y las víctimas está acreditado en el expediente a través de las partidas de nacimiento de las hermanas.

Según la fiscal, Javier M. sometía a sus hijas a “prácticas de contenido sexual”. Señaló que a veces aprovechaba que su esposa estaba durmiendo, se estaba bañando o salía de la casa. En ocasiones amenazaba a las niñas para que no le contaran nada a su madre, y en otras, les decía que si lo contaban, ella no les iba a creer.

“Las inició sexualmente mucho antes de lo habitual, menoscabó la integridad sexual de ambas y les provocó trastocamientos de sentimientos y emociones”, afirmó la fiscal, al referirse al daño en la salud mental causado a las víctimas.

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Juzgan, por fin, a sospechoso de abusar de sus hijas durante años

La investigación estuvo a punto de ser archivada y ayer el acusado intentó, una vez, más frenar el juicio oral. Cuáles son los agravantes de sus delitos, según una fiscal.

Tribunal. Los jueces Silvia Aizpeolea, Jorge Sabaini Zapata y José Luis Flores. Fotos: Martín Gómez. 

El vínculo que lo une con las víctimas, el hecho de haber aprovechado la convivencia con ellas y el de haberles causado un grave daño en la salud mental son los tres agravantes que una fiscal encontró en los abusos que un hombre habría cometido, en uno de los casos con acceso carnal, contra sus dos hijas durante años. Los enumeró en la acusación en la cual pidió que el sospechoso, Javier M., sea condenado a veinte años de cárcel. La requisitoria fue leída ayer en la primera audiencia del esperado juicio oral contra el acusado, que fue denunciado hace trece años y lleva tres años y medio detenido.

 

Una hija del acusado va a declarar en el juicio. La otra no estaría en condiciones de hacerlo.

 

La Cámara del Crimen 1 de San Luis debió resistir un nuevo intento del procesado por aplazar el juzgamiento. Ayer, cuando se cumplieron las 24 horas que le había dado a Javier M. para que presentara un abogado defensor, como el acusado no había designado uno, el tribunal convocó al defensor de Cámara Esteban Sala, para iniciar el juicio oral tres veces aplazado. Pero el imputado se mostró obstinado una vez más: insistió en que no autorizaba al funcionario judicial a defenderlo y pedía 48 horas más para contratar una abogada particular. 

El debate oral iba a empezar anteayer, pero ese día, apenas el tribunal abrió la audiencia, el abogado José Olguín, que hasta ese momento defendía al acusado, anunció que este acababa de revocarle la representación. Pese a que advertía que la quita del poder al defensor no era más que una estrategia para retrasar el juicio, el tribunal le concedió a Javier M. un día para nombrar uno nuevo.

 

Acusado. Javier M., en tribunales, el martes, cuando renunció a su defensor.

 

Ayer, cuando el presidente de la Cámara Jorge Sabaini Zapata informó que Sala asumía la defensa, el acusado intentó oponerse: “No le doy a él el aval para que me defienda”, dijo.

El magistrado le recordó que el plazo de 24 horas estipulado por el Código de Procedimientos para que designara otro defensor ya había concluido. Javier M. insistió: “Estoy solicitando una prórroga de 48 horas”. Según dijo, su familia le había arrimado los datos de una abogada, de la cual dio el nombre, el número de matrícula y el domicilio. Pero la letrada no se había presentado ante el tribunal pidiendo asumir como defensora.

La resolución del tribunal fue iniciar el juicio y permitir que más adelante un abogado particular, si el acusado lo contrata, reemplace a Sala, el defensor de Cámara.

La audiencia, no obstante, apenas dio el primer paso. La limitaron a la lectura de la acusación hecha por la fiscal de instrucción interina Daniela Cristina Torres.

El defensor Sala accedió a la lectura de ese documento por el cual la causa fue elevada a juicio, pero les pidió a los jueces que no pasaran al trámite siguiente, la discusión de las cuestiones preliminares, porque no conoce la causa. Solicitó, cuanto menos, 48 horas para estudiar el expediente. Los camaristas estuvieron de acuerdo y le concedieron 72 horas.

 

Agresor sigiloso

La acusación contra Javier M. fue hecha por la fiscal Torres el 28 de agosto del año pasado. Fue la segunda, porque la primera, realizada por otra fiscal que ya no está en funciones, fue declarada nula por la Cámara a raíz de un planteo del abogado Olguín, el año pasado, cuando el juicio iba a empezar por primera vez.

En la nueva requisitoria, en la que pide veinte años de cárcel para el procesado, la fiscal Torres dio por probado que el hombre abusó en forma reiterada de sus hijas, en el caso de la mayor desde el día que la niña cumplió 8 años. En la actualidad, la joven tiene 27.

La acusadora dejó expresa constancia de que el vínculo entre el presunto victimario y las víctimas está acreditado en el expediente a través de las partidas de nacimiento de las hermanas.

Según la fiscal, Javier M. sometía a sus hijas a “prácticas de contenido sexual”. Señaló que a veces aprovechaba que su esposa estaba durmiendo, se estaba bañando o salía de la casa. En ocasiones amenazaba a las niñas para que no le contaran nada a su madre, y en otras, les decía que si lo contaban, ella no les iba a creer.

“Las inició sexualmente mucho antes de lo habitual, menoscabó la integridad sexual de ambas y les provocó trastocamientos de sentimientos y emociones”, afirmó la fiscal, al referirse al daño en la salud mental causado a las víctimas.

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