Médico acusado de grooming quiere evitar el juicio oral

Un médico de 49 años investigado por acosar a una niña de 9 años en la localidad de La Calera no quiere afrontar el juicio oral. Su defensor le pidió a la jueza de Sentencia, Laura Molino, que le concediera una suspensión de juicio a prueba, a cambio de hacer tareas comunitarias y de pagarle una suma de dinero a la víctima. Pero la magistrado dijo no. Entonces el abogado apeló ante la Cámara del Crimen 2, que probablemente en los próximos días resolverá el pedido.

La pretensión de la defensa, rechazada primero por el fiscal de instrucción, ya cuenta también con el dictamen adverso del fiscal de Cámara, Fernando Rodríguez, a quien los camaristas consultaron, como es de rigor, antes de resolver. “Atento a la naturaleza del delito endilgado y siendo este flagelo de carácter transnacional receptado por las Convenciones internacionales, y habiéndose generado una clara política de Estado en nuestro país para el combate del mismo, considero que no debe hacerse lugar a la apelación”, postuló el titular de la fiscalía de Cámara.

Hacía pocas semanas que Gustavo Ricardo Molina, nacido en Resistencia, Chaco, se había incorporado a la carrera sanitaria para trabajar en la salita de La Calera, 72 kilómetros al noroeste de la capital provincial, cuando  fue denunciado por la madre de una niña de 9 años en agosto de 2017.

Si bien la mamá había llevado a la nena a los controles en el centro de salud del pueblo, no fue allí donde el médico entró en contacto con ella, sino en una plaza saludable de la localidad. Se ganó su confianza y obtuvo su número de celular. Así empezó a mandarle mensajes de WhatsApp que luego fueron descubiertos por la madre.

Según la investigación llevada adelante por el juez Correccional y Contravencional 1 de San Luis, Marcelo Bustamante Marone, el contenido de los mensajes enviados a la niña justificaban la sospecha de que el médico había incurrido en el delito de grooming.

El 20 de diciembre de 2017, el magistrado ordenó la detención de Molina, que ya no estaba en San Luis. Ubicado en Neuquén, una comisión del Departamento Investigaciones de la Policía puntana viajó al sur a fines de enero del año pasado y, con la colaboración de la brigada de Investigaciones de la Policía neuquina, arrestó al sospechoso en su nuevo lugar de trabajo, el hospital público de Zapala.

Traído a San Luis, fue procesado por el juez Contravencional y Correccional 2, Juan Manuel Montiveros Chada, que lo dejó en libertad con la condición que no saliera de la provincia y cumpliera con otras exigencias.

Pero Molina desobedeció la orden judicial y se fue a Chaco. Allá lo ubicaron a fines de febrero de 2018 y otra vez viajó la Policía fuera de San Luis a buscarlo. Desde entonces está preso en la Penitenciaría puntana.

Tareas comunitarias y diez mil pesos

El 28 de mayo de este año, el abogado de Molina mantuvo una audiencia con el fiscal y la jueza Molino, en la que intentó obtener el acuerdo de la fiscalía para acceder a la probation, la suspensión del juicio a prueba. Como condición para no afrontar el debate oral, el médico ofrecía hacer tareas comunitarias en una Iglesia Bautista ubicada en la calle Rivadavia, los jueves de 20 a 23:30 y los domingos de 19 a 22. Cuando le pidieron precisiones sobre qué acciones podría desplegar allí, el abogado del acusado dijo que “consistiría en asistir en caso de urgencia a la gente que acude a la iglesia”. El pastor Aníbal Gerardo Berg sería el encargado de supervisar las tareas de Molina.

Además, la defensa ofreció un resarcimiento económico –está contemplado en el instituto de la probation– de diez mil pesos a la víctima, que Molina pagaría en cinco cuotas de dos mil pesos.

Como el fiscal se opuso al acuerdo, la jueza rechazó el pedido de suspensión del juicio. La magistrado destacó en su resolución que no puede obviar la oposición manifestada por la fiscalía. Y recordó que “sí podría anular el dictamen del fiscal por falta de fundamentación o logicidad, lo que no se observa en la presente causa”.