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Duro informe de la ONU sobre la represión: muertes, torturas y violencia sexual

Denunció que constataron un "uso excesivo de la fuerza, muertes, lesiones, torturas, violencia sexual y detenciones arbitrarias" por parte de Carabineros. Las protestas dejaron 23 muertos y miles de heridos y detenidos.

Por redacción
| 13 de diciembre de 2019

La Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU (Acnudh) dio a conocer este viernes un duro informe sobre la represión desatada durante el estallido social iniciado en octubre en Chile, en el que constató "uso excesivo o innecesario de la fuerza, muertes, lesiones, torturas, malos tratos, violencia sexual y detenciones arbitrarias".

 

La jefa de una misión de la ONU que visitó Chile, Imma Guerras-Delgado, dijo en conferencia de prensa que existen razones "fundadas" para sostener que desde el 18 de octubre, día en que comenzaron las protestas, se registró "un elevado número de violaciones graves" a los derechos humanos.

 

El informe, que se suma a los de Human Rights Watch (HRW) y Aministía Internacional (AI) difundidos el mes pasado, concluye con una dura semana política para el gobierno de Sebastián Piñera que enfrentó un posible juicio político (finalmente rechazado) y perdió a uno de sus alfiles con la acusación constitucional al ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, además de la pérdida esta semana de un avión militar que viajaba a la Antártida, en el que murieron 38 personas.

 

La misión de la ONU visitó Chile entre el 30 de octubre y el 22 de noviembre para verificar denuncias sobre violaciones a los derechos humanos durante la crisis, marcada por multitudinarias protestas y violentas marchas en las que millones de chilenos exigieron cambios profundos del modelo económico heredado de la dictadura de Augusto Pinochet.

 

La represión de estas marchas dejó 23 muertos, 352 personas con lesiones oculares por disparos de perdigones y miles de denuncias de heridos y detenidos.

 

Según un informe de Carabineros, los detenidos fueron 18.359 personas, de las cuales 9.716 fueron por desordenes y 4.991 por saqueos.

 

Las violaciones denunciadas por Acnudh se cometieron en todo el país, pero en su gran mayoría ocurrieron en la "Región Metropolitana (Santiago) y en contextos urbanos", precisó el organismo de la ONU, que preside la ex presidenta chilena Michelle Bachelet.

 

La Acnudh también pudo observar que "ciertas violaciones a los derechos humanos, en particular el uso indebido de armas menos letales y los malos tratos, son reiteradas en el tiempo, en el espacio y con respecto a quienes son los supuestos perpetradores y las víctimas".

 

Para el informe, Carabineros, la policía chilena, "incumplió de forma reiterada con el deber de distinguir entre manifestantes violentos y personas que se manifestaban pacíficamente".

 

"Carabineros utilizó fuerza no letal cuando la manifestación fue pacífica, con el objetivo aparente de dispersar la manifestación o evitar que los participantes llegaran al punto de reunión", advirtió.

 

El documento subrayó el uso "desproporcionado y a veces innecesario de armas menos letales, en particular escopetas antidisturbios, pero también gases lacrimógenos, utilizados a corta distancia tanto durante protestas pacíficas como en el contexto de enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, especialmente por parte de Carabineros".

 

El organismo internacional también manifestó que el "alarmante alto número de personas con lesiones en los ojos o la cara da cuenta de esta grave violación. Preocupa en particular la utilización de perdigones que contienen plomo", indica.

 

 

 

Junto a esto, la ONU también documentó "cuatro casos de privaciones arbitrarias de la vida y muertes ilícitas que involucran a agentes del Estado", además de "numerosas detenciones indiscriminadas que podrían ser consideradas arbitrarias a la luz de las normas internacionales".

 

"Un gran número de personas arrestadas y detenidas fueron maltratadas. Algunos de estos casos, incluidos los de violencia sexual, simulación de ejecuciones y amenazas de que las personas serían ‘desaparecidas’, equivalen a tortura. Muchos de estos casos ocurrieron en lugares sin cámaras de vigilancia y con los perpetradores no debidamente identificados", explicitó el texto.

 

El documento también hace énfasis en "el bajo número de formalizaciones contra presuntos autores de violaciones a los DDHH pese al gran número de denuncias y acciones judiciales", así como "la falta de información pública por parte de las fuerzas de seguridad sobre las acciones que han sido adoptadas para garantizar la rendición de cuentas".

 

La repartición, liderada Bachelet, dijo que "reconoce al Gobierno de Chile su amplia cooperación, incluyendo el diálogo franco mantenido, la extensa información recibida y el acceso irrestricto a todos los lugares que solicitó visitar".

 

 

 

 

 

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