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No hace falta inventar nada en políticas agrícolas

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No hace falta inventar nada en políticas agrícolas

Carlos Etchepare

Sobre la base de una recopilación de la Bolsa de Comercio de Rosario, la semana anterior publicamos la primera parte de un informe en donde se demuestra lo importante que resultan las políticas activas implementadas por los principales países del mundo para el desarrollo pleno de todas las cadenas del complejo agroindustrial.

Se trataron los casos de Estados Unidos, la República Popular China y Brasil. En esta segunda parte analizamos otros países, recordando que el análisis se basa en las normativas implementadas o renovadas en 2018, es decir que están en plena vigencia.

 

Unión Europea

En 2018 se abrió una nueva investigación sobre las importaciones de biodiésel de Argentina, argumentando que los fabricantes locales se benefician con subsidios estatales. En setiembre pasado se decidió posponer la introducción de derechos compensatorios provisionales sobre el biodiésel importado de Argentina. Todas estas medidas buscaron proteger a la industria oleaginosa local.

Afortunadamente para Argentina, en el mes de enero de 2019 la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) anunció que el Comité de Prácticas Comerciales de la Unión Europea (UE) aprobó por mayoría la decisión de la Comisión Europea (CE) de celebrar un acuerdo para permitir exportaciones de biodiésel desde Argentina, en condiciones mutuamente acordadas entre las partes. Los países europeos ratificaron la decisión de concluir las negociaciones e implementar el acuerdo de precios y volumen en el mes de febrero. De todos modos, la investigación por los subsidios estatales argentinos aún sigue abierta. Lo comunicado en enero de 2019 por Carbio es un gran avance para Argentina para volver a exportar a la Unión Europea.

Anunció un conjunto de medidas de apoyo para los agricultores europeos afectados por la sequía extrema de la última campaña, que incluye permitirles recibir sus pagos directos y de desarrollo rural (son subsidios que reciben los productores de la Unión Europea) antes de lo programado, y utilizar las tierras en barbecho con mayor flexibilidad. Los estados miembros también podrían otorgar compensaciones por daños sin notificar a la Comisión. Estas medidas impactan indirectamente de manera favorable sobre la producción de biodiésel europea en base a soja y colza.

 

India

Aplicó aumentos en los derechos de importación, tanto para el aceite de palma como también para otros aceites vegetales. El objetivo de estas medidas es estimular la producción local de semillas oleaginosas y ayudar a frenar las importaciones de aceite comestible. Esta medida perjudica a la Argentina, que -como dijimos- vende casi el 50% de sus exportaciones de aceite de soja a este país, que es su principal comprador.

Aprobó, por un período de cinco años, un aumento en el volumen de semillas oleaginosas que los gobiernos estatales están autorizados a comprar bajo el Plan Federal de Apoyo de Precios. Esto fomenta la producción de semillas oleaginosas (entre ellas la de soja), lo cual favorece a la industria oleaginosa de la India.

El Gobierno adquirió una cantidad récord de semillas oleaginosas de los agricultores a precios de apoyo mínimos en la temporada 2017/18.

También lanzó una política nacional sobre biocombustibles, que incluye objetivos de mezcla obligatorios indicativos para el biodiésel para 2030 y enfatizó la confianza en los biocombustibles producidos a partir de materias primas nacionales.

Presentó una notificación a la OMC (Organización Mundial de Comercio) con un listado de productos de Estados Unidos, que incluye aceite de soja crudo y oleína de palma refinada que podrían estar sujetos a derechos de importación de represalia, respondiendo así a los derechos más altos que fijó Estados Unidos sobre las importaciones de acero y aluminio de la India.

Presentó nuevas estrategias para aumentar la producción nacional de cultivos oleaginosos en los próximos cuatro años, con miras a ayudar a reducir la dependencia del país respecto de las importaciones de aceite comestible.

Se incorporó para los cultivos oleaginosos, además del esquema de precios de apoyo ya existente, un sistema de “Price Deficiency Payment”, que implica que si los valores caen por debajo del precio soporte, el Gobierno paga a los productores una diferencia entre el precio mínimo preestablecido y el promedio mensual de los precios de mercado.

 

Indonesia

El Estado indonesio dispuso las siguientes medidas: a) mantener subsidios a los productores de biodiésel a base de aceite de palma; b) expandir el uso obligatorio de biodiésel a los sectores minero y ferroviario; y c) mantener los planes para aumentar, en los próximos años, los requisitos de mezcla domésticos en los sectores de transporte y energía. Recordemos que este país es uno de los principales productores de biodiésel en base a aceite de palma.

Decidió ampliar el programa nacional de fortalecimiento de la palma aceitera, lanzado en noviembre de 2017, para cubrir 185.000 hectáreas (en lugar de las 20.000 apuntadas originalmente) de plantaciones de pequeños agricultores en 2018. El programa consiste en replantar los árboles de palma con una edad superior a los 25 años. Esto favorecerá dentro de 4 años a la industria oleaginosa local, cuando esas plantas empiecen a producir dicha materia prima.

Mantuvo en cero los derechos de exportación de aceite de palma. Esta medida de carácter provisorio está vigente desde mayo de 2017, cuando el gobierno local decidió eliminar las retenciones frente a la baja cotización de este producto (Indonesia es el mayor productor y exportador de este producto a nivel mundial).

Se tomó la medida de que todo el gasoil vendido en el país deba estar cortado con biodiésel, y se amplió la capacidad del Fondo Estatal de Aceite de Palma del país para subsidiar la brecha de precios entre el gasoil convencional y el biodiésel, reflejando los mayores esfuerzos para elevar el consumo nacional de aceite de palma.

 

• Indonesia desarrolló iniciativas para establecer plantas de procesamiento de aceite de palma en el extranjero, que utilizarían aceite de palma crudo provisto por ese país. Se busca así impulsar demanda del aceite local.

 

Como conclusión, permítanme reiterar lo dicho en muchas oportunidades y también en la primera parte de esta nota: “Una vez más es necesario destacar que de ninguna manera podemos estar en desacuerdo con políticas activas que fomenten el agregado de valor adicional a cualquiera de nuestras materias primas. Sin embargo, el costo de esas políticas de fomento de ninguna manera puede estar soportado por uno de los eslabones de la cadena, como era el caso del diferencial existente para las exportaciones del complejo sojero, cuyo costo recayó, desde la vigencia de dicho diferencial (mediados de la década del '70) en el sector productor.

Para este tipo de políticas, que implican una decisión estratégica de los gobiernos que administran el Estado, el costo debe salir de los recursos aportados por el conjunto de la sociedad mediante el pago de los impuestos correspondientes. Castigar a unos menos que a otros, como fue el proceso vigente durante la existencia del diferencial en los derechos de exportación, no es el camino indicado. Los derechos deben ser totalmente eliminados, y si se quiere y se cree necesario promover algún tipo de actividad exportadora, existen los denominados reintegros, que implican la “devolución” de aquellos impuestos internos que por normas internacionales no se pueden exportar.

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No hace falta inventar nada en políticas agrícolas

Sobre la base de una recopilación de la Bolsa de Comercio de Rosario, la semana anterior publicamos la primera parte de un informe en donde se demuestra lo importante que resultan las políticas activas implementadas por los principales países del mundo para el desarrollo pleno de todas las cadenas del complejo agroindustrial.

Se trataron los casos de Estados Unidos, la República Popular China y Brasil. En esta segunda parte analizamos otros países, recordando que el análisis se basa en las normativas implementadas o renovadas en 2018, es decir que están en plena vigencia.

 

Unión Europea

En 2018 se abrió una nueva investigación sobre las importaciones de biodiésel de Argentina, argumentando que los fabricantes locales se benefician con subsidios estatales. En setiembre pasado se decidió posponer la introducción de derechos compensatorios provisionales sobre el biodiésel importado de Argentina. Todas estas medidas buscaron proteger a la industria oleaginosa local.

Afortunadamente para Argentina, en el mes de enero de 2019 la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) anunció que el Comité de Prácticas Comerciales de la Unión Europea (UE) aprobó por mayoría la decisión de la Comisión Europea (CE) de celebrar un acuerdo para permitir exportaciones de biodiésel desde Argentina, en condiciones mutuamente acordadas entre las partes. Los países europeos ratificaron la decisión de concluir las negociaciones e implementar el acuerdo de precios y volumen en el mes de febrero. De todos modos, la investigación por los subsidios estatales argentinos aún sigue abierta. Lo comunicado en enero de 2019 por Carbio es un gran avance para Argentina para volver a exportar a la Unión Europea.

Anunció un conjunto de medidas de apoyo para los agricultores europeos afectados por la sequía extrema de la última campaña, que incluye permitirles recibir sus pagos directos y de desarrollo rural (son subsidios que reciben los productores de la Unión Europea) antes de lo programado, y utilizar las tierras en barbecho con mayor flexibilidad. Los estados miembros también podrían otorgar compensaciones por daños sin notificar a la Comisión. Estas medidas impactan indirectamente de manera favorable sobre la producción de biodiésel europea en base a soja y colza.

 

India

Aplicó aumentos en los derechos de importación, tanto para el aceite de palma como también para otros aceites vegetales. El objetivo de estas medidas es estimular la producción local de semillas oleaginosas y ayudar a frenar las importaciones de aceite comestible. Esta medida perjudica a la Argentina, que -como dijimos- vende casi el 50% de sus exportaciones de aceite de soja a este país, que es su principal comprador.

Aprobó, por un período de cinco años, un aumento en el volumen de semillas oleaginosas que los gobiernos estatales están autorizados a comprar bajo el Plan Federal de Apoyo de Precios. Esto fomenta la producción de semillas oleaginosas (entre ellas la de soja), lo cual favorece a la industria oleaginosa de la India.

El Gobierno adquirió una cantidad récord de semillas oleaginosas de los agricultores a precios de apoyo mínimos en la temporada 2017/18.

También lanzó una política nacional sobre biocombustibles, que incluye objetivos de mezcla obligatorios indicativos para el biodiésel para 2030 y enfatizó la confianza en los biocombustibles producidos a partir de materias primas nacionales.

Presentó una notificación a la OMC (Organización Mundial de Comercio) con un listado de productos de Estados Unidos, que incluye aceite de soja crudo y oleína de palma refinada que podrían estar sujetos a derechos de importación de represalia, respondiendo así a los derechos más altos que fijó Estados Unidos sobre las importaciones de acero y aluminio de la India.

Presentó nuevas estrategias para aumentar la producción nacional de cultivos oleaginosos en los próximos cuatro años, con miras a ayudar a reducir la dependencia del país respecto de las importaciones de aceite comestible.

Se incorporó para los cultivos oleaginosos, además del esquema de precios de apoyo ya existente, un sistema de “Price Deficiency Payment”, que implica que si los valores caen por debajo del precio soporte, el Gobierno paga a los productores una diferencia entre el precio mínimo preestablecido y el promedio mensual de los precios de mercado.

 

Indonesia

El Estado indonesio dispuso las siguientes medidas: a) mantener subsidios a los productores de biodiésel a base de aceite de palma; b) expandir el uso obligatorio de biodiésel a los sectores minero y ferroviario; y c) mantener los planes para aumentar, en los próximos años, los requisitos de mezcla domésticos en los sectores de transporte y energía. Recordemos que este país es uno de los principales productores de biodiésel en base a aceite de palma.

Decidió ampliar el programa nacional de fortalecimiento de la palma aceitera, lanzado en noviembre de 2017, para cubrir 185.000 hectáreas (en lugar de las 20.000 apuntadas originalmente) de plantaciones de pequeños agricultores en 2018. El programa consiste en replantar los árboles de palma con una edad superior a los 25 años. Esto favorecerá dentro de 4 años a la industria oleaginosa local, cuando esas plantas empiecen a producir dicha materia prima.

Mantuvo en cero los derechos de exportación de aceite de palma. Esta medida de carácter provisorio está vigente desde mayo de 2017, cuando el gobierno local decidió eliminar las retenciones frente a la baja cotización de este producto (Indonesia es el mayor productor y exportador de este producto a nivel mundial).

Se tomó la medida de que todo el gasoil vendido en el país deba estar cortado con biodiésel, y se amplió la capacidad del Fondo Estatal de Aceite de Palma del país para subsidiar la brecha de precios entre el gasoil convencional y el biodiésel, reflejando los mayores esfuerzos para elevar el consumo nacional de aceite de palma.

 

• Indonesia desarrolló iniciativas para establecer plantas de procesamiento de aceite de palma en el extranjero, que utilizarían aceite de palma crudo provisto por ese país. Se busca así impulsar demanda del aceite local.

 

Como conclusión, permítanme reiterar lo dicho en muchas oportunidades y también en la primera parte de esta nota: “Una vez más es necesario destacar que de ninguna manera podemos estar en desacuerdo con políticas activas que fomenten el agregado de valor adicional a cualquiera de nuestras materias primas. Sin embargo, el costo de esas políticas de fomento de ninguna manera puede estar soportado por uno de los eslabones de la cadena, como era el caso del diferencial existente para las exportaciones del complejo sojero, cuyo costo recayó, desde la vigencia de dicho diferencial (mediados de la década del '70) en el sector productor.

Para este tipo de políticas, que implican una decisión estratégica de los gobiernos que administran el Estado, el costo debe salir de los recursos aportados por el conjunto de la sociedad mediante el pago de los impuestos correspondientes. Castigar a unos menos que a otros, como fue el proceso vigente durante la existencia del diferencial en los derechos de exportación, no es el camino indicado. Los derechos deben ser totalmente eliminados, y si se quiere y se cree necesario promover algún tipo de actividad exportadora, existen los denominados reintegros, que implican la “devolución” de aquellos impuestos internos que por normas internacionales no se pueden exportar.

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