Violencia de género

La marca perdura. A veces es visible, y toma forma en un moretón o una herida que deja la carne viva. Otras, la marca no puede verse, al menos a simple vista. Pero aparece cuando empezamos a tirar del hilo de la historia de una niña, adolescente o mujer. Está en el miedo a denunciar o a pedir ayuda, en la paralización que causa la amenaza, en el temor a poner en evidencia a un violento por creer que la represalia será peor.

La marca vive. En el cuerpo, en la mente, en el espíritu. Ahí está, como índice del ejercicio de la violencia que sufren las mujeres por el solo hecho de ser mujer, y que se manifiesta de distintos modos. Y es que el maltrato tiene un sinfín de matices: transita en la subestimación cotidiana en distintos ámbitos, en la burla a aquellas cuyos cuerpos no encajan en el estereotipo de figura femenina que los machos consumen, en el sometimiento económico, y tiene al femicidio como  manifestación extrema y brutal.

La semilla es la misma: la cultura patriarcal, que ha producido y reproducido por centenares de años la desigualdad, y ha sometido, silenciado, invisibilizado y encasillado a las mujeres (o, mejor dicho, a quien se autopercibe, define e identifica como mujer) en roles “a gusto y piacere” del hombre.

Por su naturaleza, y porque los números dan cuenta de su gravedad como problema social, hay dos tipos de violencia en las que es necesario hacer foco: los abusos sexuales y los femicidios.

Cifras que duelen

Según una estadística citada por la agencia de noticias Télam, manejada por el gobierno nacional, entre el 1º de enero y el miércoles pasado, hubo 42 femicidios en el país.

A fines de enero, ante la sucesión de asesinatos de mujeres por su condición de tal, la organización feminista Mujeres por la Matria Latinoamericana (MuMaLá) peticionó, mediante un escrito, la Declaración de Emergencia Nacional de género de marzo 2019 a marzo 2021, con propuestas para que las autoridades la establezcan y, en consecuencia, adopten medidas preventivas.

En San Luis, desde el 10 de diciembre de 2015, cuando fue creada por el gobernador Alberto Rodríguez Saá, que le dio rango de ministerio, y hasta el 15 de febrero de este año, la Secretaría de la Mujer #NiUnaMenos atendió ya 5.023 casos, según la estadística suministrada por el organismo, consultado para esta nota.

De ese total, 4.405 casos son de violencia de género en general. Los otros 618 son casos que ingresaron por el Centro de Asistencia a la Víctima del Delito (CAVD), dependiente de la secretaría. Y la mayoría de ellos son de abuso sexual.

En San Luis, la oficina #NiUnaMenos también se encarga de entregar botones antipánico a las víctimas que necesitan protección tras haberse animado a denunciar a sus victimarios: ese sistema ha sido activado ya 1.756 veces, lo que le ha permitido a la Policía intervenir para poner a resguardo a las denunciantes.

Desamparadas

Ante casos concretos (ya son paradigmáticos el de la nena de 12 años de Jujuy y, más recientemente, el de otra de 11 años, en Tucumán), debería haberse aplicado el protocolo para la interrupción del embarazo producto de violación. Pero no se hizo. Hay una ley que ampara a estas niñas que han sido víctimas, primero, de un perverso y, después, de un Estado que no las ha protegido, no las ha escuchado y no ha respetado sus derechos. Con infancias rotas, y obligadas a ser madres.

Ante los femicidios y la indiferencia sufrida por estas pequeñas, queda en evidencia la necesidad de un genuino compromiso por parte del Estado nacional, que aplique políticas públicas y asuma el rol articulador entre los distintos poderes y organizaciones sociales. Un Estado que actúe como garante de los derechos, que haga cumplir las legislaciones vigentes y que impulse otras que tengan como horizonte la igualdad, que late como reclamo vivo en los espacios políticos, en las redes sociales y en las calles.

La demanda de MuMaLá para que el Estado nacional declare la emergencia de género incluye el pedido de que aumente el presupuesto para que el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) pueda trabajar con eficiencia en el tratamiento de las violencias; que el 10% del presupuesto de cada ministerio se destine a políticas hacia la igualdad de oportunidades y derechos entre varones, mujeres e identidades disidentes (PIOD); monitoreo del plan de desarme de los integrantes de fuerzas de seguridad con antecedentes en violencia de género; aplicación urgente de dispositivos electrónicos para agresores sexuales y agresores que incumplen medidas judiciales; asignación para víctimas de violencia; becas; rentas para alquiler; creación en el territorio nacional de juzgados y fiscalías especializadas en violencias de género; implementación del patrocinio jurídico gratuito; aportes a las provincias para creación y fortalecimiento de áreas de políticas de género; implementación federal del programa de creación de casas de protección para mujeres en situación de violencia y riesgo de vida; urgente implementación de la Ley Micaela de formación obligatoria con perspectiva de género para efectores judiciales, de salud, educación y seguridad; entre otras.

Hasta ahora, el Estado nacional es indiferente al clamor. “La contracara a esta realidad es la ausencia de políticas públicas que intenten dar respuesta ante este flagelo que sufrimos las mujeres por el solo hecho de serlo”, declaró recientemente Raquel Vivanco, presidenta del observatorio “Ahora que sí nos ven” e integrante de MuMaLá, la organización que pidió la declaración de la emergencia nacional.