Aseguran que San Luis es un ejemplo en el tratamiento de discapacidades mentales

La veedora de la Ley Nacional de Salud Mental, Graciela Iglesias, estuvo ayer en la ciudad de San Luis en una convocatoria abierta a profesionales médicos, abogados y público en general, para hablar de derechos humanos y salud mental. Alrededor de 200 personas estuvieron reunidas durante cuatro horas en el Salón Blanco de la ex Casa de Gobierno. Iglesias aseguró que San Luis marcó un antecedente a nivel nacional por la implementación de pacientes fuera de la internación permanente, pero que ahora es importante trabajar para que se integren a la sociedad. 

Cerca del mediodía, la disertante —luego de dar una conferencia de prensa y previo al comienzo de la jornada— habló con El Diario. “Para la implementación plena de la ley se requiere un cambio de paradigma cultural que no se da de un día para el otro. Mi visita a la ciudad es para dictar una capacitación en donde los saberes de salud y derecho se entrecruzan”, explicó la especialista en derechos de personas con discapacidad. 

“El cambio comienza pensando en las personas como el eje que nos ocupa y qué tipo de intervenciones realizar según cada caso. Para eso, es necesario pensar en una tarea conjunta en la que participen diferentes sectores y diversas disciplinas.

Además, hay situaciones en las que todavía no hemos podido desprendernos de un sistema tutelar que, en ocasiones, transgrede los derechos de las personas con dificultades psicológicas. Por ello, debemos pensar en darles mayor autonomía”, relató la jurista. 

“Ahora buscamos que las personas que padecen algún trastorno mental estén en la comunidad. Para que eso suceda es importante instrumentar sistemas de apoyo, que consisten en una mínima intervención de la Justicia y el acompañamiento informal que tiene que ver con cuestiones vinculadas al diario vivir”, manifestó y añadió: “Es importante desarrollar políticas para que las personas puedan desarrollarse socialmente sin que eso implique un estado de vulnerabilidad o abandono”. 

Iglesias contó que hace poco tiempo realizaron una campaña para exponer los fundamentos de la importancia de que las personas con discapacidad mental puedan votar. “Tener una enfermedad no significa dejar de ser un ciudadano activo o perder los derechos como lo son, casarse o tener un trabajo que se adecue a sus limitaciones y no al revés. Tenemos que dejar de ver solo la enfermedad y vivir en un mundo de diversidades en el que la comunidad responda”, agregó.

En cuanto al panorama nacional, la veedora de la ley mencionó: “Es increíble ver cómo hemos avanzado en los últimos años a pesar de todas las dificultades. Hay provincias que están más adelantadas que otras pero todas están en un  proceso de deconstrucción. San Luis es uno de los casos en donde se ejerció la desinstitucionalización. Ahora hay que trabajar en la inserción plena en la sociedad de las personas con dificultades mentales. Para que una ley sea pertinente es fundamental que la gente se la apropie, y es lo que está sucediendo", aseveró y confesó que faltan medios alternativos que les permitan a las personas con padecimientos mentales vivir plenamente en la comunidad. 

Asimismo, contó que toda la Patagonia está desinstitucionalizada, es por eso que consideró que no debe existir un país dividido en tanto políticas públicas de salud mental. "Con la normativa hemos puesto a los enfermos como protagonistas de lo que les pasa y que la consideración no es solamente diagnóstica”, analizó.

“Este no es solo un proceso que se da en nuestro país. El mundo camina hacía este nuevo orden. Para que esto suceda se han hecho grandes modificaciones. Respecto a nosotros, hubo transformaciones estructurales del orden jurídico, desde la forma de llamarlos, como es el caso del cambio de denominación de insanos, hasta abandonar la idea presuntuosa de la incapacidad de esas personas", dijo.  
La convocatoria fue realizada por la Dirección Provincial de Políticas de Salud Mental, que depende del Ministerio de Salud. La licenciada Marcela Monte Riso, quien trabaja activamente para que San Luis tenga la completa adhesión a la ley, contó que para la jornada hubo una convocatoria amplia, fiel a la tarea que se realiza desde el área. “La idea de invitar a diversos actores de la sociedad es construir una mirada conjunta para involucrarnos más. El planteo es aprender a mezclarnos y entender que nuestro punto de encuentro es el usuario (paciente). Desde allí, buscar el mejor tratamiento posible basado en la experiencia científica, conocer la situación social y comunitaria y considerar la legislación vigente para preservar los derechos de los usuarios”, expresó.