Aborto Legal y "Plan 1.000": dos caras de una moneda

Como una estrategia para el consenso o como una respuesta efectiva a demandas históricas de las mujeres, los dos proyectos presentados el martes pasado por el Ejecutivo nacional, tanto el de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) como el de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, también llamado “Plan de los Mil Días”, promueven el acompañamiento del Estado en la autonomía de las mujeres respecto a sus decisiones, entendiendo que los derechos reproductivos son un tema de salud pública.

El proyecto de IVE, anunciado en la campaña electoral por el presidente Alberto Fernández y en la apertura de las sesiones legislativas el 1° de marzo de este año, establece que “las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar” tienen derecho a practicarse un aborto hasta la semana 14 del proceso gestacional.

Además, habilita la “objeción de conciencia” por parte de profesionales de la salud que no quieran llevar a cabo la práctica, aunque precisa que no será admitida a nivel institucional.

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En la propuesta se aclara que “fuera de ese plazo de 14 semanas, la persona gestante mantendrá el derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo si el mismo fuere resultado de una violación, cuando se trate de niñas menores de 13 años o si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona”.

Finalmente señala que la práctica deberá llevarse a cabo “en los servicios del sistema de salud o con su asistencia, en un plazo máximo de 10 días corridos desde su requerimiento”, asegurándose el trato digno, la privacidad, la confidencialidad y la calidad durante el proceso.

La otra cara de la misma moneda es para quienes quieren maternar y tienen bajos recursos. El “Plan de los Mil Días” prevé la atención integral de la salud y diversas ayudas económicas. Contempla el cuidado integral de la salud, con un pago anual por cada niño menor de 3 años que se encuentre a su cargo; una Asignación por Embarazo para Protección Social y la implementación de una asignación por nacimiento de hijo o por adopción.

VOCES AUTORIZADAS

Estipula la atención y un cuidado integral de la salud “específico y adecuado para la etapa del embarazo y hasta los 3 años”, desde la perspectiva del derecho a la salud integral de las mujeres, otras personas gestantes, niños y niñas, “teniendo en cuenta las particularidades territoriales de todo el país”. A esto se le suma, por parte del Estado, la obligatoriedad de la provisión pública y gratuita de insumos como medicamentos esenciales, vacunas, leche y alimentos para el crecimiento y desarrollo saludable.

Sobre los dos proyectos, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, expresó: “Dialogan entre sí, se tienen que leer en conjunto como posición del Estado acompañando a las mujeres y personas gestantes en sus decisiones y proyectos de vida”.

El proyecto IVE “recoge un enorme recorrido de las presentaciones de los proyectos de la Campaña” por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y de “los consensos que se alcanzaron en 2018” cuando una iniciativa similar obtuvo media sanción en Diputados, pero no alcanzó los votos necesarios en el Senado.

“Desde el Estado entendemos que hay que acompañar a todas las mujeres que, estando embarazadas, se encuentran en situación de vulnerabilidad. No queremos que ninguna mujer tome una decisión respecto a una interrupción en razón de su estado de vulnerabilidad”, expresó sobre el “Plan 1.000” que busca llegar con sus beneficios a trabajadoras y trabajadores en la informalidad.