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Los organizadores de 4 fiestas no autorizadas podrían pagar multas de hasta $1 millón

Es por los casos que se dieron el fin de semana pasado en La Toma, La Florida, Villa Larca y Cortaderas. Este miércoles, el Gobierno los notificó y espera un descargo.

Por redacción
| 31 de diciembre de 2020

Los últimos minutos de este miércoles, el Ministerio de Seguridad del Gobierno de San Luis emitió un comunicado en el que informa que los organizadores de cuatro fiestas clandestinas ocurridas el fin de semana pasado fueron notificados “sobre las inminentes sanciones”, en forma de multa, por haber transgredido las normas y protocolos que rigen en época de pandemia.

 

Los casos, que resonaron en los medios en los últimos días, se dieron en La Toma y La Florida (ambos eventos privados) y en Villa Larca y  Cortaderas, organizados desde los respectivos municipios.

 

“Enviamos una notificación fehaciente, con lo que se activó el proceso administrativo por el incumplimiento a la normativa sanitaria vigente. A partir de que la recibieron, los organizadores de los cuatro eventos denunciados cuentan con 48 horas hábiles para hacer el descargo y asegurarse el debido derecho de proceso”, le explicó este jueves a El Diario la jefa del Programa Asuntos Municipales, Eugenia Cantaloube.

 

Por los días no laborables de las festividades de Año Nuevo, los responsables tienen tiempo hasta el martes para presentar el descargo pertinente, que será evaluado a la luz “de toda la normativa que está vigente en el marco sanitario del COVID. En base al descargo y el incumplimiento se determina el monto de la multa, que por el decreto provincial vigente va desde los $50 mil a un millón de pesos”, detalló la funcionaria, y aclaró que ese decreto ya fue modificado y que actualmente se encuentra en revisión para ser aprobado. Cuando tenga la rúbrica del Gobernador, el monto máximo de la multa se extenderá hasta los cinco millones de pesos.

 

El martes, los jefes comunales de las cuatro localidades en las que se dieron los eventos en cuestión fueron convocados a Terrazas del Portezuelo, donde explicaron cómo sucedieron los hechos y se pusieron a disposición de las autoridades provinciales. Los encuentros estuvieron encabezados por Cantaloube; el ministro de Justicia, Gobierno y Culto, Fabián Filomena; el fiscal de Estado, Eduardo Allende; y el gerente de San Luis Agua, Nazareno Perroni.

 

Si bien Allende comentó que “los encuentros fueron muy buenos” y que “la idea era escuchar a los intendentes”, este miércoles la Agencia de Noticias San Luis publicó que “se notificó sobre las inminentes sanciones a quienes organizaron días atrás encuentros de los que participó un número de asistentes superior a los establecidos por el Comité de Crisis, incurriendo en clara transgresión a las medidas preventivas dadas a conocer frente a la pandemia por COVID-19”.

 

“Asimismo, el proceder de los responsables implica causas judiciales, por entenderse que se violó el artículo 205 del Código Penal y desobediencia a los DNU presidenciales”.

 

Este jueves, Cantaloube recordó que “no se encuentran habilitados eventos en el marco de las fiestas de Fin de Año. En el reporte extraordinario del día 21 de diciembre el Gobernador especificó con detalle y claridad que las reuniones deben ser en burbuja y en familia, y que si uno quiere salir y festejar en un lugar comercial rige el horario hasta las 2 de la mañana y que para ello solo están habilitados bares y restoranes. En el núcleo familiar no hay restricción de horario”.

 

“Le pedimos a la población un esfuerzo más de denunciar fiestas clandestinas a la comisaría más cercana, en los medios de comunicación, en hospitales, al 911, o por cualquier medio”, concluyó.

 

FQ.

 

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