En el Concejo evalúan si abren juicio político al juez de Faltas

Luego de la denuncia que Esteban Pringles, exsecretario de Hacienda capitalino de la anterior gestión municipal, hizo en 2018 contra el juez de Faltas, Alejandro Ferrari, por supuesto incumplimiento de sus deberes de funcionario público y mal desempeño, el Concejo Deliberante llamó a las salas acusadora y juzgadora a reunirse para continuar con el proceso que podría llevar a juicio político al denunciado. Por ahora, los concejales de ambas salas nombraron a quienes serán los presidentes y secretarios de cada una. El próximo paso será conformar una comisión de tres ediles de la sala acusadora, que se dediquen a investigar los documentos presentados por Pringles. Tendrán 30 días hábiles para decidir si hacen lugar a la acusación. Las autoridades definidas para la sala acusadora son las concejalas por el Frente Justicialista de Todos, Agustina Gatto, como presidenta, y Julieta Ponce, como secretaria. En la sala juzgadora fueron designados la concejala por el bloque San Luis somos Todos (SST) María José Domínguez, como presidenta, y por el FJT, Daniela Serrano, como secretaria.

Cuando el intendente Sergio Tamayo realizó la apertura del año legislativo en el Concejo Deliberante, una de las tareas de los ediles fue conformar las salas acusadora y juzgadora, dado que quedaba pendiente darle curso al pedido de juicio político que realizó Pringles contra Ferrari.

“El año pasado, la acusación se hizo en vísperas de la elección municipal, concretamente la irregularidad estaba en que el exintendente (Enrique Ponce) pedía el juicio político y además solicitaba expresamente apartar a Ferrari del cargo, por lo tanto se le imposibilitaba conformar el Tribunal Electoral Municipal (TEM)”, explicó la concejala Serrano.

Afirmó que en aquel momento, el bloque FJT no estaba de acuerdo con eso. “Una cosa es el procedimiento del juicio político y otra, garantizar la conformación del TEM. Simultáneamente había una medida cautelar que le ordenaba al Concejo Deliberante no avanzar con ningún tipo de acusación o acto que imposibilitara al juez de Faltas conformar el Tribunal, y fue lo que hicimos”, expresó. 

Es así que en 2019 solo se declaró la admisibilidad del pedido, lo que tiene que ver con prestar conformidad a las cuestiones formales de la acusación, y después, como el período legislativo había terminado, no avanzó. "Ahora toda la responsabilidad, en función del estudio del expediente que son 15 cuerpos, recae sobre la sala acusadora”, aclaró Serrano.

El concejal por el interbloque San Luis Unido y parte de la sala acusadora, Javier Suárez Ortiz, manifestó que acordaron dar entre una y dos semanas para avanzar con la constitución de la comisión investigadora. 

“Esta consta de tres miembros y tendrá treinta días hábiles para emitir un dictamen donde aconsejará a dicha sala acusar o no al juez de Faltas. En virtud del dictamen de la comisión investigadora, la sala deberá resolver si hay o no mérito suficiente para juzgar. Si hay, se inicia el juicio político en la sala juzgadora, donde se abre una instancia de defensa. Si la sala juzgadora decide avanzar con la remoción del cargo del juez, eleva su dictamen de remoción al Concejo Deliberante y el cuerpo es quien en sesión ordinaria decide confirmar todo lo actuado o no”, detalló.