La sentencia, la clave para saber por qué fue absuelto Lorenzetti

Habrá que esperar algunos días para conocer la sentencia, es decir, los fundamentos del veredicto que dictó antenoche la Cámara del Crimen 1 de San Luis, en el que condenó a 22 años de cárcel a Edivaldo de Oliveira Pereira y a Leandro Vílchez como coautores del asesinato de Romina Celeste Aguilar y absolvió, por el beneficio de la duda, al esposo de la víctima, Diego Lorenzetti. El documento permitirá conocer en detalle qué valoración de la prueba hizo el tribunal presidido por José Luis Flores y que completan Silvia Aizpeolea y Jorge Sabaini Zapata. Según lo que presume la fiscal de Cámara 1, Carolina Monte Riso, quizás la Cámara no tuvo por acreditado el acuerdo, el convenio entre los tres acusados para concretar el asesinato el 30 de enero de 2016.

La de Lorenzetti no fue una absolución lisa y llana, como suele expresarse en los estrados. En este caso, resultó favorecido por el principio de la presunción de inocencia, esto es, que toda persona que esté sujeta a un proceso penal sea considerada inocente hasta que se demuestre su responsabilidad a través de pruebas. El tribunal debe condenar solo si tiene la certeza plena de la culpabilidad. De otro modo, corresponde aplicar el principio in dubio pro reo, es decir, ante la duda, a favor del reo. Pero ello no quiere decir que no haya habido indicios, aunque quizás fueron considerados insuficientes para un fallo condenatorio.

“Estuvo preso porque había probabilidad —dijo Marcos Juárez, uno de los defensores del exintendente tras el veredicto— (…). Yo estaba convencido de su inocencia”. Si bien en los alegatos cuestionó el trabajo de los policías de la entonces división Homicidios, el abogado había indicado que, en base a las pruebas que le arrimaron, la jueza Virginia Palacios tuvo el basamento para ordenar la detención y luego dictó el procesamiento con prisión preventiva. Para esos pasos procesales basta con la sospecha, pero para condenar hay que tener la convicción, refirió antes de pedir la absolución.

“No estoy conforme (con el fallo). De hecho acusé y creo que los elementos de prueba que aporté daban que él (en referencia a Lorenzetti) era el autor intelectual del homicidio. Pero hay que esperar. El tribunal tiene siete días hábiles para dar su fundamento para conocer qué fue lo que ellos vieron para absolverlo por el beneficio de la duda”, explicó la fiscal en una entrevista, y aclaró que, dado que hay feria judicial, el tiempo que tiene la Cámara se extenderá un poco.

Indicó, además, que ante el desacuerdo con los argumentos que dé la Cámara, se puede presentar un recurso de casación, y si el Superior Tribunal de Justicia (STJ) entiende que no se han valorado de forma correcta los elementos de prueba, puede ordenar que se dicte una nueva sentencia o un nuevo juicio.

Dado que en breve asumiría como ministra de la máxima corte provincial, Monte Riso no puede presentar ese recurso —debiera hacerlo, en todo caso, un fiscal de Cámara subrogante— ni podrá intervenir si el expediente llega al STJ.

“Estoy convencida de cómo ocurrieron los hechos, que los tres intervinieron y que sabían lo que hacían, que hubo de por medio pago de dinero, por eso sostuve esa acusación”, dijo la representante del Ministerio Público Fiscal, y estimó que la Cámara del Crimen 1 quizás entendió que no había elementos suficientes para tener demostrado el arreglo entre los acusados. “No hay ningún mensaje en el que diga 'matá a Romina y te pago 100 mil pesos'. De repente dice: '¿podemos vernos? Tengo algo para decirte'. Y le responden, 'bueno, en dónde, a qué hora. Listo, nos juntamos'. Y después se habla personalmente. Si voy a contratar a alguien para que mate a una persona, no le voy a firmar un recibo ni un contrato con un sello”, consideró.

Por qué delitos fueron enjuiciados
En verdad, De Oliveira Pereira, el jockey que competía en los caballos del exintendente de La Calera, y Vílchez llegaron al debate oral acusados por “Homicidio agravado por mediar promesa remuneratoria y por el uso de arma de fuego”, con indicios de que habían hecho un arreglo con Lorenzetti para recibir 100 mil pesos en pago por matar a Romina.

El primer agravante se sostuvo, fundamentalmente, en las averiguaciones que permitieron establecer que, en días previos al crimen, Lorenzetti había pedido justamente 100 mil pesos. A los prestamistas que contactó les dijo que los necesitaba con mucha urgencia, pero les dio distintas explicaciones sobre para qué quería el dinero. Además, según surgió del testimonio, puso en garantía la documentación de su propia camioneta, no de algún otro vehículo familiar, para evitar que Romina o algún allegado supiera de ese pedido de plata, según refirió Monte Riso en su alegato. Por otro lado, en la confesión que hizo casi un mes después del crimen, cuando se puso a disposición de la jueza Virginia Palacios, el jockey brasilero dijo que él y Vílchez fueron a cumplir con el asesinato encargado por el propio marido de la víctima. “Lo que dice se condice con la prueba colectada”, dijo la fiscal.

El segundo agravante se sostuvo en que, a través del testimonio de una vecina, que fue clave, y del informe de la médica forense Marcela Gómez, del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, se confirmó que la joven de 32 años murió a raíz de dos disparos. Uno de los proyectiles ingresó por debajo de la clavícula, que atravesó de izquierda a derecha, perforó un pulmón y salió por el brazo derecho. El segundo fue efectuado por el homicida cuando ella estaba en el piso, de espaldas. Impactó en la cabeza y tuvo orificio de salida en la ceja. Para los investigadores, ese fue considerado el tiro de gracia, para asegurarse que la víctima muriera.
A Lorenzetti, por su parte, se le sumó un agravante, el vínculo, ya que eran pareja, y la relación, su condición de cónyuges, quedó acreditada. En tal sentido, Monte Riso había solicitado al tribunal que a Lorenzetti —como presunto instigador— y Vílchez y De Oliveira Pereira —los supuestos autores materiales— los condenaran a prisión perpetua.

Otro delito, una pena mucho más baja
Pero, de forma unánime, los magistrados entendieron que los dos últimos fueron coautores de “Homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego”. En la sentencia quizás haya alguna referencia sobre cuáles fueron, a su criterio, la circunstancia y el móvil de ese ataque.

De todas formas, la defensa de De Oliveira Pereira recibió el veredicto con cierto optimismo, podría decirse. “Estamos contentos. Hubo un pedido de prisión perpetua, que esta defensa cuestionó por exagerado e inconstitucional. La expectativa de una pena a perpetua es muy grave, es dolorosa, ya que es gente muy joven. Es importante tener otra expectativa de vida”, dijo Olga Allende, defensora del jockey, junto a Iván Coria. “Vamos a recurrir —adelantó, de todos modos—. Hay un agravante que para nosotros no corresponde, que es el del uso de arma de fuego, y el arma no está. Recurriremos para bajar la pena que impuso el tribunal”.

“Disentimos con el fallo, insistimos con lo que fue nuestra posición en los alegatos. A nuestro criterio, y a partir de todas las pruebas examinadas exhaustivamente a lo largo del debate, y en el trabajo que hemos hecho antes del juicio oral, consideramos que nuestro cliente no está situado en el escenario de los hechos de ningún modo. Iremos a casación”, expresó Coria.