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Procesan a dos exfuncionarios macristas por irregularidades en la concesión de los peajes

El juez Canicoba Corral procesó a Iguacel y al exprocurador del Tesoro por presunta administración fraudulenta. Son investigados por la renegociación de contratos en beneficio a empresas vinculadas a Mauricio Macri.

Por redacción
| 20 de julio de 2020
El exdirector de Vialidad Nacional fue procesado por supuestas irregularidades en la concesión de licitaciones a autopistas por parte del Estado nacional. Foto: NA.

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó este lunes por administración fraudulenta al exdirector de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, y al exprocurador del Tesoro durante el macrismo, Bernardo Saravia Frías, por supuestas irregularidades en la concesión de licitaciones a autopistas por parte del Estado nacional.

 

Además, el juez fijó para el próximo viernes las indagatorias del exministro de Economía Nicolás Dujovne y del exministro de Transporte Guillermo Dietrich.

 

En su resolución de las últimas horas, el magistrado procesó por presunta administración fraudulenta a Iguacel y Saravia Frías y les trabó un embargo de 500 millones de pesos a cada uno.

 

El procesamiento de ambos se dio luego de que se negaran a declarar por videoconferencia, tal cual se prevé sea la modalidad con la que lo hagan Dujovne y Dietrich el viernes próximo.

 

En su resolución, Canicoba Corral consideró que "resultan suficientes" las pruebas "para aseverar, con el grado de sospecha exigido en esta etapa procesal, que existió un acuerdo previo entre las partes intervinientes -públicas y privadas- que permitió el desenvolvimiento de este irregular proceso", al referirse a la renegociación entre 2016 y 2018 de los contratos para las concesiones del cobro de peajes en Acceso Norte y Acceso Oeste.

 

"A pesar de que estaban obligados a cumplir con los requisitos de la normativa vigente y proteger los intereses que tenían confiados, su accionar se desarrolló en clara oposición a esa manda y con esa finalidad espuria, derivando ello del poder de disposición del patrimonio del Estado del que se encontraban dotados", evaluó el juez.

 

La denuncia tuvo origen en la investigación y la hicieron los diputados Rodolfo Tailhade, Adrian Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau, donde acusaron no solo por las irregularidades de los contratos que tenían vencimiento en 2030, sino también por el pago de casi 500 millones de dólares por supuestas inversiones no amortizadas y la venta de acciones que Mauricio Macri tenía en la empresa Ausol a una empresa, Natal Inversiones.

 

NA.

 

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