No quisieron declarar los dos cuñados investigados por abusos

G.S. y su cuñado J.S. tuvieron la primera oportunidad de defensa que les da la Justicia: la audiencia de declaración indagatoria. Ambos están imputados por haber violado a adolescentes en el seno de su propia familia. El primero, por haber abusado de una hija y el segundo, por haber ultrajado durante años a una sobrina, hija del otro investigado. Como una continuidad de esa especie de pacto de silencio que percibieron los investigadores en el seno de esa familia de Villa de la Quebrada, este sábado ninguno de los detenidos declaró ante la jueza de instrucción Penal 3 de San Luis, Virginia Palacios.

G.S., de 30 años, está imputado por "Abuso sexual con acceso carnal agravado por causar grave daño en la salud, por el vínculo y por tratarse de una víctima menor de 13 años, aprovechando la convivencia preexistente", en perjuicio de su hija de 15 años. Y J.S., de 43, es investigado por "Abuso sexual con acceso carnal agravado por tratarse de una víctima menor de 13 años, aprovechando la convivencia preexistente", en contra de su sobrina que ahora tiene 18 años, pero con quien está en pareja desde que la chica tenía 13, refirió una fuente de la investigación.

Luego el defensor oficial, Carlos Salazar, quien representa a ambos imputados, solicitó una prórroga del arresto por ocho días. Lo que quiere decir que estarán detenidos por lo menos hasta el próximo domingo, cuando expire el plazo que tiene la magistrada para resolver si los procesa por esos delitos y si les dicta la prisión preventiva.

Ambos fueron arrestados la tarde del viernes. Poco antes de las dos, la jueza, policías de la Unidad Regional de Orden Público (UROP) 1, la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (Canaf) y peritos del Departamento de Investigación de Delitos Complejos del Poder Judicial partieron hacia Villa de la Quebrada y allanaron las viviendas de ambos imputados, ubicadas en cercanías de la cruz que indica el acceso a tal localidad desde la ruta nacional 146.

La sospecha que tenían los investigadores es que G.S., además de haber violado a una de sus hijas, durante años ejerció violencia sobre su pareja, madre de sus nueve hijos, y que también maltrataba a todos los chicos.

Por el momento, las pruebas solo alcanzaron para imputarle el delito contra la integridad sexual. No obstante, eso podría cambiar si, por ejemplo, su pareja lo denuncia por violencia.

A mil metros de la casa de G.S. está la del otro imputado. J.S. vivía allí con su sobrina. Esa vivienda también fue requisada.

La investigación judicial fue motorizada por la solicitud de paradero de una de las hijas del acusado. Las averiguaciones en el fuero penal dejaron al descubierto que lo que vive esa familia no es una novedad para la Justicia de Familia. Existen, al menos, quince informes de distintos organismos estatales, entre escuelas, comisarías y centros asistenciales, que dan cuenta de esa situación. Pero no se habrían llevado adelante las medidas para tratar las circunstancias en las que terminaron de darse los delitos ahora investigados.