Piden más control en la extracción de áridos en el arroyo Piedra Blanca

La agrupación Juvennat reclamó en la banca del vecino, del Concejo Deliberante de Villa de Merlo, una regulación de la explotación de áridos en el arroyo Piedra Blanca y pidió la emergencia ambiental y una veda parcial de las actividades. Funcionarios de la Dirección Provincial de Minería y de la Municipalidad hicieron ayer una recorrida conjunta para evaluar el estado de la zona.

En la sesión del jueves pasado, el integrante de la entidad conservacionista, Mario Nicoletti, expuso ante los concejales sobre el daño que las empresas causaron a las canteras del cauce al explotarlas en forma desmedida en los últimos años.

“Se trata de la sobreexplotación de áridos en este lugar y en distinto grado en todos los demás habilitados para este fin. Solo observar los grandes socavones y los diversos ensanches que sufrió el cauce del arroyo que nos limita con Córdoba nos advierte que algo está mal”, dijo.

Según el representante, la autoridad de aplicación es la Dirección Provincial de Minería, pero la responsabilidad del intendente municipal es indelegable. “Su accionar debe ser urgente, ya que están afectados grandes volúmenes de suelo de su jurisdicción, ubicados en la margen sur del arroyo, en los tramos autorizados, creando daños ecológicos, económicos e irreversibles en el corto y mediano plazo”, destacó.

El ambientalista pidió que previo a que los técnicos que designen los concejales verifiquen el estado de la zona, consideren la declaración de emergencia y una veda parcial para que no se siga destruyendo ese espacio natural.

“Solicitamos con urgencia que adopten las medidas cautelares necesarias, a fines de evitar que continúe esta modificación del arroyo y sus bordes. Es urgente la decisión en conjunto con la autoridad de aplicación, poner en marcha la ejecución de los estudios que correspondan”, manifestó.

Aseguró que los principales afectados por este daño ambiental son los propietarios de las tierras cercanas. Además de las mermas de suelo de sus campos o parcelas, con la consiguiente afectación económica, la extracción pone en riesgo la seguridad de esta franja por los efectos que podrían generar estos arroyos en épocas de crecidas.

Nicoletti admitió que para frenar esta calamidad no es viable prohibir las actividades de extracción, pero deben ser reguladas según el marco legal. “Debe comenzar, urgente, el estudio de remediación ambiental y de características de la explotación. Debe exigirse que las autoridades se involucren en el saneamiento”, dijo.

Están alterando el cauce

El concejal Mario González, de Unidad Justicialista, manifestó que el municipio les cobra una tasa comercial a las empresas que realizan la explotación y, por ende, las debería controlar. “Más allá del permiso para extraer los áridos que le corresponde inspeccionar al área de Minería, la habilitación municipal la otorga la intendencia y también tendría que controlar las canteras”, resaltó.

La legisladora Ana Orlando, de la UCR, dijo que la extracción está en manos de empresas que comercializan los áridos para la construcción en toda la zona.

“Los vecinos denunciaron que la explotación está sin control y que hubo un impacto en todo el cauce del arroyo por esa actividad. Nos involucramos porque esa situación afecta a la economía, al medioambiente y al turismo”, indicó.

Funcionarios de la Secretaría de Gestión Ambiental del municipio y la edil recorrieron la zona la semana pasada, para observar cómo estaba. “Los camiones llegan por caminos rurales hacia el cauce del arroyo y es impresionante ver lo que se originó. Hay zonas que fueron comidas por las máquinas y redujeron los campos entre 50 y 60 metros, la vegetación quedó colgando porque no tiene suelo que la sustente e inclusive hay alambrados de los campos que cayeron hacia el lado del riachuelo”, describió.