SAN LUIS - Domingo 26 de Junio de 2022

SAN LUIS - Domingo 26 de Junio de 2022

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Vivimos el futuro

Si la forzada virtualidad a la que obligadamente se reconvirtieron casi todas nuestras actividades durante la pandemia no resulta prueba suficiente, las 23.813.773 personas que optaron por realizar la versión digital del Censo Nacional 2022 nos tienen que servir como pista. En los últimos años hemos entrado decididamente en la era de la información.

 

Por supuesto, al igual que la gran mayoría de los movimientos que hacemos como humanidad, hemos realizado este pasaje de manera un poco despareja. A distintas velocidades y con diferencias entre países y regiones, y entre sectores sociales y grupos demográficos. Pero sin dudas, al ritmo de la revolución tecnológica mundial asentada en el avance sin precedentes de las tecnologías de información y comunicación (TIC), nos encontramos navegando las aguas de una nueva configuración societaria: la sociedad de la información.

 

Afrontamos un verdadero cambio de paradigma, que altera las maneras de producir y distribuir riqueza económica, que desafía a las estructuras legales y políticas que nos hemos dado a fin de organizar el esfuerzo común y que desdibuja muchos de los patrones culturales con los que venimos desenvolviéndonos desde mitades del siglo pasado. Y como si esto fuese poco, estamos ante un paradigma que se encuentra en pleno desarrollo a nivel mundial. De manera tal que no podemos estimar del todo la profundidad de las transformaciones que trae aparejadas.

 

En consecuencia, en todas las latitudes del mundo la economía, la política y la cultura se esfuerzan por adaptarse a los cambios y generar los andamiajes institucionales y las dinámicas sociales necesarias para transitar con éxito esta nueva sociedad. La robotización de la producción y el futuro del mundo del trabajo, la biotecnología y la inteligencia artificial y —sin dudas— la generación y distribución de información son solo algunos de los desafíos en los que tenemos que empezar a pensar. Sin desatender viejas deudas y retos aún pendientes, pero sin olvidar que, en estos temas, estamos prácticamente viviendo en el futuro.

 

En este sentido, se inscribe el diseño de estrategias de inclusión digital —como las que la Provincia de San Luis viene desarrollando desde hace años— y de ciberseguridad, como proponemos a través del proyecto de ley presentado por quien escribe estas líneas en la Cámara de Diputados provincial. Y es que en la era de la información y desde nuestra perspectiva política, los ciudadanos y ciudadanas se han vuelto titulares de una serie de derechos que rigen su vida en el ámbito digital: a la libertad de expresión, al acceso a la información, a la privacidad de las comunicaciones y a la seguridad de sus datos.

 

Tres grupos de derechos. El primero vinculado a la libertad en el ciberespacio (asociado a la responsabilidad en el uso, me permitiría agregar); el segundo relacionado a la accesibilidad efectiva al universo digital (a través del acceso a internet y a las TIC de forma universal e igualitaria); y un tercero asociado a la seguridad en el ciberespacio (tales como el derecho a la privacidad en línea y la protección de datos personales; el derecho al acceso a la información en línea de forma segura, transparente y privada). Libertad, accesibilidad y seguridad.

 

El primer grupo de derechos está garantizado en nuestro país y son de goce efectivo.

 

En materia de accesibilidad, San Luis se ha constituido como una verdadera pionera. A partir de una firme decisión política, que se plasmó en el reconocimiento constitucional del derecho a la inclusión digital, y la ejecución de políticas públicas que garanticen la conectividad y la inclusión, la Provincia viene implementando con éxito numerosas medidas destinadas a fortalecer el acceso y el uso de las TIC por parte de toda la población.

 

Sin embargo, de manera muy similar a lo que ocurre en muchas latitudes del mundo, son los elementos vinculados a la protección de los activos de información los que constituyen nuestros principales pendientes. Y en este sentido, son aquellos derechos vinculados a la seguridad en el ciberespacio los que siguen representando un enorme desafío. Prueba de ello son las múltiples vulneraciones a la seguridad de los datos, que enfrentan no solo empresas y gobiernos, sino también vecinos de a pie, que sufren suplantaciones de identidad y estafas electrónicas.

 

Es frente a estos desafíos propios de la nueva era que la política debe mostrar iniciativa. Me permito insistir en este punto: sin dejar de lado el trabajo constante por resolver viejos pendientes, pero con la madurez suficiente para entender que, sin acciones concretas en el presente, estas serán las raíces de los problemas del futuro. En este sentido venimos pensando y lo venimos haciendo desde una perspectiva de derechos.

 

Preocuparse hoy es facilitar la resolución de los problemas de mañana. En esto, como en muchas otras maneras, estamos viviendo en el futuro.

 

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