Piden 12 años de cárcel para Cristina Fernández de Kirchner

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron este lunes la pena de 12 años de prisión para la vicepresidenta Cristina Kirchner como presunta autora penalmente responsable de los delitos de jefa de una asociación ilícita y administración infiel en perjuicio del Estado por la adjudicación de obra pública a la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

El pedido de condena fue formulado por el fiscal Diego Luciani ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, tras considerar que la exmandataria fue la "jefa de la asociación ilícita", a la que se acusa además de haber cometido el delito de administración fraudulenta contra el erario público.

El pedido incluye la inhabilitación perpetua para volver a ejercer cargos públicos. La fiscalía también pidió el decomiso de todos los bienes que fueron objeto de la investigación y sean destinados a "instituciones de bien público". "El estado de derecho fue arrasado por la acción ilegal de los imputados", proclamó. Luciani reivindicó el rol que le cupo a él y a su equipo de trabajo: “Los fiscales y los jueces son la última esperanza de terminar con estas prácticas”.

Luciani también pidió que se condene a 12 años de prisión al empresario Lázaro Báez, mientras reclamó penas de 10 años de cárcel para el exministro de Planificación Federal, Julio se Vido, el exsecretario de Obras Públicas José Francisco López y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti.

En su tramo final de las nueve jornadas del alegato, consideró que “el orden público ha sido trastocado por funcionarios públicos de alta jerarquía” y que la trama de corrupción por la que acusó es la “mayor de la historia”. Como medida adicional a las penas y la inhabilitación, el fiscal reclamó el decomiso de todos los bienes de las empresas del Grupo Austral y de todas las estancias de Báez y sus allegados.

También reclamó que se extraigan testimonios (impulsen nuevas investigaciones) sobre las empresas que -según su concepción- contribuyeron a favorecer las maniobras de adjudicación irregular a las firmas de Báez que consolidaron el delito reprochado. También pidió que se investiguen eventuales delitos que pudieran surgir de la información obtenida de los teléfonos de José Francisco López, donde aparecen menciones al diputado del Frente de Todos Máximo Kirchner.

Finalmente, el fiscal le contestó al presidente Alberto Fernández, a quien le atribuyó una “injerencia indebida” sobre el Poder Judicial. En ese sentido, le refutó la afirmación de que las decisiones políticas de gobierno no son judiciales y le respondió: “Todos los actos del Poder Ejecutivo son revisables por el Poder Judicial”.

NA / Télam / NTV