El avance de la marea roja: mi parto, ¿mi decisión?

En Argentina, nueve de cada diez nacimientos fueron concebidos bajo alguna forma de violencia ginecobstétrica. La nueva marea, que se suma a la verde y a la violeta, es una que late bajo el color de la sangre derramada sobre quirófanos y camillas, la roja.

Con el lema “Mi parto, mi decisión” y una ilustración que, a través de líneas, representa un cuerpo concibiendo, la nueva campaña que nació frente al Congreso de la Nación reclama una atención ginecológica digna, la erradicación de la violencia a las disidencias y diversidades en los centros de salud, la liberación de las mujeres presas por procedimientos de abortos y la correcta implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y de la de Educación Sexual Integral.

“La violencia ginecobstétrica comienza en los primeros vínculos con el sistema de salud, en la consulta ginecológica, con la medicalización de un montón de procesos fisiológicos, el mal abordaje de ciertas situaciones y la falta de información”, explicó Luján Arcidiacono, coordinadora de la campaña “Mi parto, mi decisión” y doula —acompañante especializada durante el trabajo de parto—.

El jueves fue la primera Marcha Nacional contra la Violencia Gineco-Obstétrica que tuvo epicentro en Buenos Aires, pero se replicó durante toda la Semana del Parto Respetado en distintas partes del país. La campaña propuso como consigna de esta primera movilización la frase: “Cuidar el nacimiento es también cuidar a las familias”. En San Luis, la marea tiñó de rojo a Villa Mercedes y la Villa de Merlo, donde se la acompañó con una muestra en el Centro Cultural Amigxs de Merlo, llamada “Los diez mandamientos de la violencia ginecobstétrica y neonatal”.

“Si hablamos de nacimientos, hablamos de familias. Esto significa que la violencia obstétrica es transversal a toda la sociedad. Cuando se violenta a una mujer pariendo, se violenta también al hijo, al padre, sus hermanos y sus abuelos. Un nacimiento es un hecho comunitario”, razonó Julieta Baraldini, docente puntana e investigadora especializada en sexualidad femenina, gestación, parto y puerperio.

Argentina es pionera en leyes en materia sexual y reproductiva, así como en aquellas que contemplan, protegen e incluyen a las minorías y diversidades; en 2004 se sancionó la Ley N° 25.929 de Parto Humanizado, que protege a las personas al momento de dar a luz y a los recién nacidos. Contempla el respeto por los tiempos biológicos, a tener compañía en el parto y el derecho de estar junto al bebé desde el momento del nacimiento. Sin embargo, no fue hasta 2015 que se reglamentó con el decreto 2035/2015.

Además, dentro de la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres se reconoce explícitamente a la violencia obstétrica como una forma de agresión de género expresada en un trato deshumanizado, el abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales.

“El problema que tenemos es que estas leyes no se cumplen, no se respetan en ninguna institución del país. La violencia obstétrica es una de las formas más naturalizadas de violencia de género. Hemos normalizado la forma en que se asisten, sobre todo, los procesos de parto, las intervenciones innecesarias que se realizan de rutina y un montón de otros procedimientos”, reclamó Arcidiacono.

Otra de las problemáticas es que no hay sanciones ante el incumplimiento de los artículos de la ley ni ningún mecanismo de reparación para las víctimas. Además, los espacios de denuncia, al no haber uno especializado, son diferentes dependiendo el tipo de agresión que se haya ejercido. Algunos espacios seguros son la línea gratuita 144, para víctimas de violencia de género; el Ministerio de Salud; la Defensoría del Pueblo; el Inadi, en algunas ocasiones que involucran a la discriminación, y la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género (Consavig).

“La realidad en el territorio nos muestra que los y las profesionales de la salud en el engranaje de atención, desde la enfermera hasta la médica gineco-obstetra, no conocen el alcance de la Ley de Parto Humanizado. Primero, porque a la mayoría de los profesionales les cuesta ubicarse en prácticas nuevas; quizá ya tienen 20 años de servicio en la salud y no quieren cambiar su modalidad de atención; por otro lado, si bien la ley se sancionó, no hubo por parte del Estado un seguimiento que obligue a los profesionales a su aplicación”, resaltó Baraldini.

Según el último informe del Observatorio Nacional de Violencia Obstétrica, de las denuncias realizadas a través de la línea 144 el 75 por ciento estuvieron vinculadas con el trato

deshumanizado; 52 por ciento, con el no respeto de la decisión de la mujer; y, en un 44 por ciento, con la negación de acompañante —muchas suceden en simultáneo—.

La violencia psicológica es la principal forma de agresión, entendida como frases y tratos denigrantes. Por eso, durante las marchas que sucedieron esta semana en el país la consigna era escribir testimonios y atarlos a una flor en el lugar donde se realizó la convocatoria; en Villa Mercedes fue la plaza San Martín.

Según la referente de la campaña, algunas de las frases más repetidas que reciben las mujeres durante los partos son: “Callate, lo estás haciendo mal”, “tu bebé se va a morir por tu culpa” o “no sabes pujar”. Otras de las prácticas violentas más frecuentes es la de atar de manos y piernas a la persona mientras está en trabajo de parto.

Sin embargo, y a causa de la pandemia, el índice de mayor aumento registrado por la línea 144 fue para las denuncias relacionadas con la negativa de contar con acompañantes durante el parto. Mientras que, en el primer registro oficial, realizado en 2017, representaba solo el 17 por ciento de los reclamos; en el último relevamiento creció 27 puntos.

En este rol de acompañamiento no solo están las doulas, sino también las puericultoras, quienes se encargan de guiar a la familia desde la gestación, durante el puerperio, en la lactancia y hasta los primeros años de vida. Entre sus labores ayudan a la madre en la prendida correcta al pecho, succión funcional del bebé y asesoramiento en higiene, inmunización y nutrición.

“Las puericultoras no estamos regularizadas. Esa es nuestra lucha en este momento. Tiene que ver en gran parte porque es un trabajo que está relacionado con el servicio y es realizado, mayoritariamente, por mujeres. En resumen, está invisibilizado como tantas de las tareas de cuidado”, reflexionó Valeria Wasinger, integrante de la comisión directiva de la Unión de Puericultoras Argentinas (UPA).

El reclamo de las puericultoras, que estuvo también presente en las movilizaciones, es que se realice un pronto tratamiento del proyecto de ley de regulación del ejercicio profesional de la puericultura. La iniciativa busca su incorporación como agentes de salud, la creación de un registro nacional y la generación de un marco regulatorio que les permita desempeñar su tarea con derechos y obligaciones.

“Significaría un derecho más ganado para las mujeres y las personas que amamantan o que desean hacerlo porque lo tendrían garantizado. Además de lo que significa para nosotras ser oficialmente trabajadoras de la salud porque, en muchas situaciones, trabajamos de manera voluntaria en instituciones o bajo el régimen de monotributo totalmente precarizado”, detalló la referente de UPA.

Otro de los datos recabados por el observatorio es la cantidad de intervenciones quirúrgicas registradas en un año. Hubo 277.330 nacimientos en todas las jurisdicciones del país, de los cuales el 37 por ciento fueron a través de cesáreas. La tasa argentina triplica la recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que es de entre el 10 y el 15 por ciento.

“Tenemos intervenciones que están maquilladas de ayudas pero que están hechas para apurar los partos, entonces se medican y se intervienen para acortar los tiempos, sin informar a las mujeres sobre qué implican estas prácticas”, remarcó Arcidiacono.

Para la campaña “Mi parto, mi decisión” hablar de partos respetados es la otra cara de una misma moneda, la del aborto legal, seguro y gratuito. La violencia social, cultural y estructural para la mujer o persona gestante que decide continuar con un embarazo termina siendo igual que para la que elige interrumpirlo.

“No son temas separados, en un país como el nuestro donde ya el aborto es legal tenemos que empezar a integrar estos temas. Si una persona es vulnerada en su parto, imaginate cómo es en un aborto”, planteó.

 Redacción  / NTV