Prisión preventiva para un peón rural por el homicidio de un hombre

Luis Alberto Farías seguirá detenido, como mínimo, cuatro meses más, solo que desde este viernes transita el encierro en una celda del Penal de la capital. El juez de Garantías 4, Marcelo Bustamante Marone, le imputó formalmente el delito de “Homicidio criminis causa”, una de las figuras más graves del Código Penal, por ser el principal y único sospechoso del crimen de Ramón Nicolás López, ocurrido en diciembre pasado en la capital.

El imputado, un trabajador rural de 33 años, fue detenido el domingo 11 de junio en un domicilio de la localidad de Unión. Según trascendió, estaba residiendo en una estancia cercana al pueblo, donde trabajaba como hachero.

El cadáver de López, que tenía 69 años, fue hallado por un vecino la noche del 29 de diciembre en la precaria casa que habitaba en el barrio Juan Gilberto Funes, sobre la margen sur de la ruta 147 de la capital. No obstante, la hipótesis es que le dieron muerte entre los días 14 y 15, dos semanas antes.

Los investigadores del Departamento Homicidios empezaron a cerrar las sospechas sobre Farías siguiendo la pista del teléfono celular de la víctima, que desapareció de su casa, creen, junto al dinero la jubilación que había cobrado unos días antes. Pero les tomó casi seis meses llegar a él ya que, por trabajo, todo el tiempo se mueve en distintos establecimientos rurales de San Luis y el sur mendocino, de donde es oriundo.

Tras pasar detenido unos días en Villa Mercedes, la noche del 15 de junio fue trasladado a la capital y llevado a una audiencia ante el juez al día siguiente. En ese acto, Emmanuel Sastre, fiscal de Instrucción 1, pidió formularle cargos por “Homicidio criminis causa” con la hipótesis de que se hizo del dinero y las pertenencias de la víctima y luego lo mató para encubrir ese delito y lograr impunidad.

La defensora Oficial 2, Nadia Agúndez, que asiste al acusado, solicitó 8 días de prórroga de la detención, pero el jueves la dio por suspendida y la audiencia se reanudó ayer a media mañana. Sastre sostuvo la calificación legal, que prevé una única pena, a prisión perpetua, y renovó su pedido de prisión preventiva por 120 días, el máximo establecido en el nuevo Código Procesal.

Fue bajo los argumentos de que el imputado no tiene un domicilio fijo, por lo que existe el peligro de fuga, y también riesgo de que entorpezca la causa, ya que falta que declaren como parte de la investigación algunos familiares y amigos de López.

Además de profundizar en la investigación, Sastre también solicitará una pericia psicológica para el imputado para determinar sus rasgos de personalidad, ya que hay personas cercanas que lo describieron como alguien violento.

Por su parte, Agúndez se opuso a la prisión preventiva sosteniendo que no existe riesgo de fuga, y dijo que su defendido fijaría domicilio en la estancia de la persona con la que estaba trabajando en Unión. Según su perspectiva, opuesta a la de la Fiscalía, Farías nunca tuvo una actitud de fuga y siempre se movió dentro de la provincia, con excepción de que estuvo un tiempo cosechando ciruelas en la localidad mendocina de Monte Comán.

También sostuvo que no hay solidez en la imputación o un indicio de magnitud tal que acredite su participación en el hecho, y respecto a lo que queda por investigar, también remarcó que la fiscalía y la Policía ya tuvieron 6 meses para avanzar, por lo que cuatro meses tras las rejas le pareció excesivo.

Finalmente, Bustamante Marone se inclinó por el pedido de Sastre y para la tarde el peón rural ya estaba en la Penitenciaría.

 Redacción / NTV