Crece el repudio por el ajuste del Estado provincial; no descartan recrudecer las medidas

La realidad económica en la provincia se endurece. Más allá de las estadísticas, hay contextos individuales que golpean en lo más profundo. Cada persona sufre su propia situación, pero lo cierto es que el desdoblamiento de sueldos se hizo sentir en el bolsillo de miles de puntanas y puntanos.

No pocas familias tuvieron que dirimir entre pagar el alquiler o comprar lo más indispensable para tener el pan en la mesa. Otros temen lo peor frente a intereses que irán acumulándose día a día en tarjetas de crédito o cuotas de préstamos. Los trabajadores son rehenes de los caprichos y embestidas del Gobierno de Claudio Poggi.

“Lamentablemente, no hemos tenido ningún tipo de respuesta, ni una línea de diálogo. A nivel gremial, estamos en estado de alerta y movilización. Pero inclusive el día viernes, cuando se depositó la mitad del sueldo, fundamentalmente a los no docentes de categoría no les depositaron el 50%. Una verdadera barbaridad”, repudió el secretario general de la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET), Borjas Orozco, en diálogo con El Diario.

“Nosotros hemos hecho presentaciones y demás, pero el recibo de sueldo fue subido al portal de agentes con la aclaración de que iba a ser depositado en dos partes, como ya lo habían dicho públicamente. Nosotros nos debemos a nuestra CGT. Estaba previsto un paro general para el 24 de enero; el Presidente declaró feriado nacional, estamos expectantes respecto a esto”, agregó disgustado.

El malestar se siente fuerte en las calles; la gente tiene que pensar concienzudamente en qué gastar el dinero. El sudor de la frente apenas alcanza para haberes en dádivas y el panorama irrumpe en todos los sectores estatales. Uno de los más golpeados es el de la salud, justamente de las estructuras más preponderantes para el funcionamiento del Estado como tal. En medio del bochorno de las malas liquidaciones, hubo decenas de trabajadores del sector que pasaron Año Nuevo con la amargura de ver sus cuentas vacías.

Frente al panorama, desde la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud (APTS), habían recrudecido sus medidas de fuerza y planificaron una reducción de la atención en hospitales y centros de salud. “Estamos en asamblea permanente para ver qué decisión toman nuestros afiliados con respecto al desdoblamiento. Estamos en contacto con delegados para analizar qué decisión concretan, si quieren avanzar en algún tipo de medida o mantener las que están en vigencia”, definió el secretario de Prensa del gremio, José Ferreyra.

“Hay un decreto nacional que indica que hay que garantizar un 75% de la atención de pacientes y mantener las guardias mínimas. En eso vamos a ser respetuosos, no va a ser un 50%, como lo habíamos planteado el viernes”, subrayó. Al mismo tiempo reconoció que “ha quedado un número muy pequeño de compañeros que no han cobrado”, apuntó.

En el Sindicato de Empleados Provinciales (SIEP), el escenario también está al rojo vivo. “Seguimos sorprendiéndonos día a día, con novedades, con un fin de año que no fue como nos hubiera gustado. Para nosotros es una inmensa preocupación por la situación que vivimos con respecto a este tema; tenemos muchas comunicaciones con los compañeros, donde sabemos que cobraron el 50% pero se encontraron con que les habían mantenido la categoría y los volvieron a contratados, es decir, de planta pasaron a contrato. Y muchos otros ni siquiera se encontraron con el 50%, muchos sin recibo”, dijo la secretaria gremial, Mónica Sánchez Moreno.

Según remarcó, las maniobras incurren en una “violación a los Derechos Humanos y laborales”, y aseveró que “esto es violencia laboral”. “No sabemos por qué el Gobernador nos está castigando”, lamentó.

Por ahora, la entidad gremial asesora a sus afiliados y recopila reclamos, que es el primer paso para que ellos puedan actuar.

En la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), están en estado de alerta y asamblea permanente, confirmó el secretario general de la seccional San Luis, Claudio Suárez.

El plan que busca el endeudamiento

La saga de recortes de Claudio Poggi es inconexa, al menos en primera instancia. Por un lado, bajo acusaciones sin pruebas, manifiesta que no hay dinero y que por eso paga los sueldos a cuentagotas. Sin embargo, en los hechos, la gestión anterior dejó todos los procedimientos y cuentas en regla, con fondos suficientes para cumplir con las principales obligaciones del Estado y más. Todo se puede probar.

Más allá de las cuentas bancarias, la Provincia también posee bonos que obedecen al pago de la deuda de la Nación. Incluso están los dineros que ingresan a las arcas con los impuestos. Y hasta el propio poggismo detalló que hubo devoluciones millonarias de anticipos de obra. Entonces ¿para qué quiere tomar un empréstito?

El Gobierno ha manifestado en reiteradas oportunidades que quiere tomar deuda para gastos corrientes, una decisión poco responsable. En cualquier gestión del mundo lo lógico sería aplicar esos recursos en gastos de capital. En realidad, los objetivos son más profundos.

Una pregunta resuena: ¿con qué entidad financiera desarrollaría estas operaciones? Quizá hay intereses que van más allá de las necesidades del pueblo.

Lo que se expone en cada acción no es ni más ni menos que los entretelones de un plan concreto para endeudar a la provincia. Y ejemplos nacionales ya han enseñado, a lo largo de la historia, la tragedia que implican estas medidas. Pero, como siempre, los platos rotos los pagan los trabajadores. Los ajustes, también.

Ahora, mediante el desdoblamiento de haberes, da la impresión de que el Gobierno busca presionar a los legisladores y al propio pueblo. Porque si en una empresa las cosas no van bien, hay procedimientos de quiebra. Un Estado no puede quebrar. Y frente a dificultades económicas bisagras, para algunos la solución está en la deuda.