Dictan multa millonaria a plan de ahorro por incumplimiento

Las demoras pueden tener su recompensa para los consumidores. Así lo determinó la Dirección de Defensa del Consumidor, que emitió a fin de año un dictamen por el que una empresa de planes de autoahorro deberá pagarle $5 millones al Estado provincial por infringir la ley que rige las relaciones de consumo y $12.441.079 a un adjudicatario de un vehículo por la dilación de varios meses en la entrega, a pesar de que el cliente tenía sus pagos en regla.

Así lo detalló a El Diario Victoria Villegas, abogada del foro local especializada en defensa del consumidor, que representa a nivel provincial a la asociación civil sin fines de lucro Usuarios y Consumidores Unidos (UCU). El vehículo de la disputa comercial era de la marca Jeep, ofrecido por el plan FCA.

“El cliente había hecho la licitación, había sido adjudicado, pagado todos los gastos que corresponden para que le procedan a la entrega del vehículo. La cuestión es que ellos se demoraron más del plazo establecido”, empezó la letrada.

El contrato detallaba que la empresa podía demorarse hasta 120 días. Ese plazo comenzó a correr el 30 de mayo de 2022. Sin embargo, 4 meses después el plan de ahorro no hizo la entrega, por lo que en octubre de ese año, la abogada hizo un reclamo formal ante la oficina de Defensa del Consumidor.

“En principio no teníamos respuestas claras. La concesionaria nos decía que el vehículo no podía ser entregado porque estaba en la aduana. A raíz de eso iniciamos un reclamo en la oficina de Defensa del Consumidor. Se llevó a cabo el procedimiento, se citó a las empresas, a la concesionaria y a la administradora del plan, pero ellos siguieron sin dar una respuesta concreta”, describió.

En abril de 2023, seis meses después de iniciado el reclamo y 10 meses del arranque del plazo, sin previo aviso, llamaron al cliente para avisarle que podía retirar el vehículo. Pero el consumidor no se quedó tranquilo con esto: hizo una reserva de reclamo y solicitó la multa que contractualmente estaba prevista en el caso que se demoraran.

Esa multa tenía un plazo de pago de 10 días. Tampoco la abonaron y ahí incorporaron al reclamo la falta de pago de la infracción. A fin de año, tras la gestión de Alberto Montiel Díaz y el comienzo de la dirección a cargo de María Cecilia Hissa (de hecho la notificación lleva el nombre de la segunda funcionaria), se establecieron los montos de las multas, que las empresas deberán abonar tanto al Estado provincial como al damnificado.

El monto de 12 millones de pesos es elevado por dos factores, explicó la letrada. Por un lado, el valor del vehículo, por el otro los días de atraso en la entrega. Defensa del Consumidor consideró que en este caso hubo “daño directo”. “Muchas veces la gente no sabe que tiene derecho a esta multa. Y la empresa le entrega el auto y después de meses de atraso está contenta porque obtuvo el auto, pero nunca le informa que tienen derecho a reclamar”, apuntó.

Villegas dijo que lleva otros casos en el área de mediación del Poder Judicial, ya que el proceso por Defensa del Consumidor fue muy extenso. Admitió que las empresas intentarán apelar, aunque recordó que ya que se trata de una multa administrativa, a la manera de AFIP o Rentas, deberán pagar primero la infracción y luego llevar su reclamo a la Justicia.

“La Ley de Defensa del Consumidor marca que el proveedor, cuando tiene una resolución adversa, puede apelar ante la Cámara Civil de la circunscripción donde está el expediente y tienen 10 días hábiles para hacerlo. Lo que sí es importante es que lo que tienen que hacer previamente es pagar la multa y después apelar”, detalló.  

De todas maneras “es un grandísimo paso”. La resolución de Defensa del Consumidor incluso establece que la empresa difunda en un medio de comunicación masiva la multa, para “tratar de desalentar estas actitudes”, concluyó Villegas.

Redacción/MGE