Cuando los gobiernos se cargan de soberbia y de hipocresía, cuando se encierran en su absurda lógica, cuando no pueden registrar lo que sucede en el contexto, suelen tropezar inexorablemente con la realidad. Los pueblos suelen agitar esa realidad cuando aprecian que la misma pretende ser ignorada.
La multitudinaria marcha universitaria operó en este sentido. Y fue notoriamente federal. Los docentes y alumnos, junto a trabajadores, dirigentes y el pueblo en general, marcharon por las calles céntricas de la mayoría de las principales ciudades del país. El gobierno de Javier Milei está cargado de soberbia. Muchos de sus temporales y acomodaticios aliados pretenden acercarse y alejarse al mismo según les convenga.
Hay que ser más humilde y más sincero.
Lo cierto es que, si bien la utilización frecuente y habitual del veto no parece una salida muy promisoria para un gobierno que va perdiendo apoyo legislativo y legitimidad social, el veto es una herramienta excepcional que la Constitución Nacional le da al presidente de la república para evitar que un proyecto aprobado por las dos cámaras del Congreso se convierta en ley.
Una vez que la Cámara de Diputados y el Senado sancionan un proyecto de ley, la iniciativa pasa al Poder Ejecutivo. Entonces, el presidente de la Nación puede: aprobar la ley y promulgarla. La ley se publica después en el Boletín Oficial y entra en vigencia. O puede vetar la ley, de forma total o parcial.
En caso de que el presidente vete la ley, el proyecto vuelve al Congreso, que puede aceptar el veto o insistir en su sanción. Si ambas cámaras cuentan con dos tercios de los votos para imponer su criterio inicial, la ley se promulga, aunque el presidente no esté de acuerdo. Si no lo consiguen, se mantiene el veto y el proyecto no puede volver a tratarse en las sesiones de ese año.
El fondo de la cuestión tiene que ver con una reparación económica que, apenas, corrige desvíos de 2023 y de 2024 en el presupuesto de las universidades nacionales. El tema no solo realiza una corrección salarial, sino en el resto de las partidas relacionadas con la investigación y las tareas fuera de lo académico que realizan las universidades, como podrían ser los hospitales.
El desorden que promueve el Gobierno hace caer esta situación en medio del tratamiento del Proyecto de Presupuesto 2025 que contiene una sensible baja a los fondos que corresponden a Educación y muy en particular lo que debe llegar a las universidades nacionales.
Sin embargo, una gran clave parece pasar por otro lugar. Una leyenda repetida en varias pancartas sentenciaba: “Soy la primera generación universitaria de mi familia”. Una síntesis cierta y precisa de una muy legítima aspiración.
No hay explicación posible para justificar que no se comprenda la voluntad de mejorar, de ascender. Que los hijos superen a sus padres es lo deseable. Es un claro signo de superación. Eso es crecimiento, es mejora, es superación. No son números de las variables macroeconómicas, pero son hechos muy significativos que hacen a la realidad de muchos hombres y mujeres en todos los rincones del país. Y el conocimiento, la investigación y la ciencia son motores del crecimiento nacional.
Además, son fuertes vehículos de ahorro, de inversión, de genuino progreso. En múltiples cuestiones resulta imprescindible el saber científico. Se pueden tomar como ejemplo los incendios: el conocimiento y la experiencia permiten construir mapas de calor y otras herramientas de prevención, permiten importar de otros países procedimientos valiosos para un combate tan desigual. Y allí se debe invertir.
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