Preventiva para otro miembro de "La Bandeja"

El Juez de Garantía 1 de San Luis, Juan Manuel Montiveros Chada, dictó una nueva prisión preventiva por 70 días para otro imputado en la causa contra la banda “La Bandeja”. Esta mañana, Eric Quevedo, investigado por asociación ilícita, estafas y venta de autos robados con documentación falsificada fue enviado a prisión. Entre los detenidos se encuentran el propio Quevedo, Emanuel Matías Domínguez, Augusto Tomás Palacios, Néstor Ezequiel Gatica Mitre, Claudio Martín Leyes Torres, Guido Bazán, Bruno Bazán y Juan Manuel Servini.

Bruno Bazán, además, está imputado por portación ilegal de armas. Es quien alquilaba la casa en Estancia Grande donde la policía halló una pistola Bersa calibre 40 con 11 proyectiles, un rifle calibre 22 con mira telescópica y más de 600 plantas de marihuana, cuyo valor en el mercado ilícito supera los $4.300 millones.

Un grupo organizado y peligroso
“La Bandeja” operaba vendiendo autos robados provenientes de Mendoza mediante perfiles falsos en redes sociales. Las estafas incluían documentación apócrifa que aparentaba ser legítima. Según la investigación, la banda estaba liderada por los hermanos Sergio y Alfredo Gatica y funcionaba con una estructura jerárquica.

Quienes aún tienen pendiente la definición de su situación procesal son Sergio Daniel Gatica y su hermano Alfredo Nicolás, a quienes el fiscal Ricardo Barbeito señaló como los cabecillas de la organización. También faltan definirse las medidas para Lautaro Gabriel Gatica, Vicente Francisco Mercado, William Joan Cháves y Heber Aaron Tapia. En las próximas horas se establecerá el horario para la continuidad de la audiencia de formulación de cargos.

La audiencia y los argumentos
Durante la audiencia, que se extendió por más de una hora, el fiscal Barbeito presentó evidencias de más de 50 víctimas de estafas y pidió prisión preventiva por 120 días para evitar riesgos procesales. Sin embargo, el juez Montiveros Chada estableció un plazo de 70 días como medida cautelar para los imputados más comprometidos, mientras que a otros se les concedió una prórroga de detención de ocho días.

“Estas medidas de coerción no son un castigo, sino una herramienta para garantizar el desarrollo de la investigación”, explicó el juez al justificar su decisión.
Con esta resolución, los imputados permanecerán bajo custodia mientras avanza la investigación en una causa que sacudió a San Luis y puso en evidencia una red delictiva que operaba desde 2021.