SAN LUIS - Sabado 28 de Junio de 2025

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Asalto en Los Molles: cárcel para la mujer policía y otro cómplice

El juez Marcos Flores Leyes procesó a ambos por “Robo en poblado y en banda agravado por el uso de arma de fuego”.

Por redacción
| 09 de febrero de 2024
Frente al juez. El jueves, Analía Gil (izq.) y Jonathan Pizarro (der.), cuando eran conducidos frente a un juez de Garantías. Foto: Héctor Portela

Analía del Valle Gil y Jonathan Pizarro fueron enviados el jueves a la prisión acusados de “Robo doblemente calificado por ser en poblado y en banda, agravado por el uso de arma de fuego”, la mujer, por 120 días, y el hombre, por 60. En ambos casos, fue el juez de Garantías Marcos Flores Leyes quien otorgó la medida a pedido del fiscal de Instrucción 1, Ricardo Barbeito.

 

Según la teoría del Ministerio Público Fiscal, la mujer fue quien realizó la inteligencia para el robo en un corralón de materiales ubicado en el kilómetro 19,5 de la autopista 25 Mayo, en Los Molles. Pizarro está indicado como uno de quienes, junto a Lola Saavedra, Silvia Farías, Alejandra Bravo y Martín Barrera, ingresó al local, amenazó, golpeó y ató al dueño, y le robó más de $350.000 y 1.700 dólares.

 

El fiscal aseguró que Gil “brindó un aporte imprescindible” para que se concretara el violento robo. La mujer les facilitó a los asaltantes información sobre las condiciones del lugar, el propietario e incluso sobre dinero que había recibido previamente. El representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) comenzó a barajar esa hipótesis cuando se anotició de que un sobrino de la implicada trabaja en el negocio de Guzmán. “Sabía sobre los movimientos del lugar, la edad de la víctima y el difícil acceso al lugar”, agregó.

 

Saavedra, Farías, Bravo y Barrera, todos nacidos en Mendoza y quienes, según el MPF, habrían llegado concretamente para cometer el ilícito, fueron detenidos el 24 de enero y dos días después, enviados a prisión.

 

Según el relato de la fiscalía, las tres mujeres acudieron al negocio ese sábado a las 15:30 a pedir un presupuesto para una pileta. Luego volvieron al lugar alrededor de las 17:30, pero buscaban mayores precisiones.

 

El dueño las hizo pasar y en ese momento irrumpieron dos hombres: Barrera y Pizarro (aún buscado por la Justicia). El primero le puso un cuchillo en el cuello mientras que el otro lo amenazó con una escopeta y luego lo maniató con cables. La víctima entregó $50 mil que tenía encima, pero los delincuentes sabían que el hombre tenía más y dieron con $300 mil, que estaban en una bolsa en un lavarropas. Luego, le quitaron las llaves de su camioneta; de allí, tomaron un maletín que estaba debajo de un asiento y que tenía los dólares.

 

Los investigadores hallaron más indicios de la participación de la mujer cuando allanaron un domicilio en La Punta donde vivía Pizarro. Allí encontraron el cuchillo y restos quemados del maletín del comerciante.

 

Además, determinaron que el día del robo, el vehículo de Gil estuvo en el ingreso al corralón, alrededor de las 12:20, que había pasado por la zona y que un día más tarde estuvo en la vivienda de Pizarro.

 

Francisco Assat, fiscal que inició la investigación durante la feria, sumó como pruebas del “aporte indispensable” que hizo la mujer fotos y videos del celular de una de las implicadas donde también se ve el auto de la suboficial.

 

Entre los fundamentos de la prisión preventiva se tuvo en cuenta el peligro de fuga, el entorpecimiento a la investigación y la integridad de la víctima. El abogado del comerciante, Jorge Sosa, adhirió a los planteos del fiscal y mencionó que dos días antes del robo, la mujer había estado en el corralón intentando abrir una tranquera.

 

Gil se abstuvo de declarar y su abogado, Ricardo Gutiérrez Esley, no se opuso a lo solicitado por el fiscal. Por su parte, Pizarro sí declaró: dijo que ese día había estado con su hija en Villa Mercedes. Además, agregó que en la casa que allanaron él no vive, pero que la había alquilado y, antes de poder mudarse, una sobrina de él le pidió la casa para alojarse unos días con unos amigos de Mendoza.

 

Pizarro indicó que sí tuvo comunicación con Gil, pero que no tuvo nada que ver con el robo. Su abogado defensor, Javier Rezzano, le solicitó al juez que tome una medida coercitiva más benevolente, teniendo en cuenta que Pizarro se entregó en la Comisaría 37ª de La Punta y que en todo momento estuvo sujeto a derecho. “Yo no tuve nada que ver con este hecho”, dijo Pizarro.

 

Ahora, la investigación deberá ser nutrida por el fiscal Barbeito, quien adelantó que solicitará una rueda de reconocimiento y el registro de las cámaras del peaje de La Cumbre para verificar la versión de Pizarro.

 

Redacción /NTV

 

 

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