Dosep continúa con su atención deficiente a la discapacidad

El tiempo pasa, pero las soluciones no llegan. Familiares de personas con discapacidad volverán a reclamar el próximo jueves en la sede central de Dosep para pedir por soluciones ante la deficiente prestación que sufren sus hijos.

Son múltiples los problemas que tienen, que van desde atraso de pagos a dificultades para la asistencia en distintos servicios. Por estos requerimientos ya fueron recibidos previamente, pero solo obtuvieron promesas vacías.

Maximiliano Giménez, quien tiene un hijo con Trastorno del Espectro Autista (TEA), detalló que notificaron el pasado martes 26 a la coordinadora de Dosep, Teresa Nigra, y al secretario de Personas con Discapacidad, Luis Giraudo, entre otros funcionarios, que el próximo jueves a las 9:30 volverán a hacerse presentes en la sede central, ubicada en la capital, en la esquina de Chacabuco y Ayacucho, para “buscar una solución urgente a los inconvenientes que tenemos diariamente con la institución, los cuales se agravan cada vez más”.

En primer lugar, aún tienen problemas con los reintegros y pagos a los prestadores. “No se cumplió lo que se comprometió la coordinadora en la reunión anterior de cancelar las deudas de 2023 en febrero de este año, ni hablar de sacar los pagos de enero y febrero en marzo del corriente año”, aseguró Giménez.

A su vez, tienen demoras e inconvenientes para la generación de resoluciones de prestaciones. En los últimos años, los padres o familiares presentaban una serie de documentaciones requeridas por la obra social hacia finales de año o en enero para solicitar las prestaciones. Las resoluciones salían, ya sea para una primera vez o para renovaciones, en un plazo no mayor a un mes y con una vigencia hasta el 31 de diciembre.

“Sin embargo, este año no se ha cumplido este procedimiento, ya que solo se ha entregado una cantidad reducida de resoluciones con fecha de vencimiento al 31 de marzo de 2024”, aseguró el padre.

Hay un gran número de familias a las que no se les ha aprobado ni entregado las resoluciones correspondientes, lo que significó que en el transcurso del año no pudieron comenzar sus tratamientos, recibir acompañamiento o escolarizarse por la falta de maestros integradores.

A esto se le sumó que a otras familias este año se les negó la posibilidad de continuar con prestaciones de asistencia domiciliaria o transporte, a pesar de haberlas recibido durante años y sin darle importancia a la opinión de especialistas.

También tienen problemas con centros de atención en otras jurisdicciones. Algunos afiliados deben realizar tratamientos o controles fuera de la provincia, como ocurre por ejemplo en el Sanatorio Allende en Córdoba. Este beneficio se ha perdido para los afiliados, ya que Dosep no renovó o dio de baja los convenios.

Otro problema que acarrean y que hicieron notar en reuniones previas es la diferencia de valores del nomenclador nacional de prestaciones con el establecido por la obra social provincial. Con la excusa de que el tarifario nacional, establecido por ley, no aplica a obras sociales provinciales, Dosep establece sus propios valores, que suelen ir muy por debajo de lo establecido a nivel país.

“Tal es el caso de las prestaciones de psicología, psicomotricidad, neurorehabilitación y terapia ocupacional. Estos valores están en algunos casos por debajo del 50% por cada sesión”, aseguró Giménez. A modo de ejemplo, una sesión de neurorrehabilitación Dosep la paga a $3.275,46, cuando el valor real que cobra el prestador, de acuerdo al nomenclador nacional de febrero de este año, es de $8.201,09.

“Por cada prestación nuestros afiliados necesitan mínimo ocho sesiones con cada profesional”, remarcó. Ya hay centros y profesionales que han dejado de recibir la obra social provincial o cobran un plus que solicitan para equiparar la diferencia, que se hace insostenible para los afiliados por la situación económica actual.

Por último, los padres tienen conocimiento que los planes especiales de medicación se volvieron trimestrales o semestrales y dejaron de ser anuales, por lo que en cada vencimiento tienen que volver a ver a un especialista para la renovación. Por ejemplo, los neurólogos pueden llegar a cobrar entre 20 mil y 60 mil pesos por consulta, de los cuales Dosep solo reintegra $5.000 de acuerdo a sus valores propios.

“Además, al neurólogo que haga la solicitud para la medicación correspondiente, Dosep pretende que el profesional ahora deba hacerlo por su sistema para validarlo. No hay forma de obligar a un profesional, incluso de otra provincia, a que complete dicha solicitud desde la plataforma web de Dosep y tampoco tiene por qué hacerlo. Todo esto ha sido un cambio innecesario y muy burocrático que nos complica muchísimo a los afiliados innecesariamente”, detalló el padre.

“Estos inconvenientes están teniendo un impacto directo en la calidad de vida de nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad, así como en la continuidad y efectividad de las terapias que requieren”, concluyó Giménez, quien indicó que todas estas dificultades fueron informadas a las autoridades y que el próximo jueves irán a la obra social con un grupo de padres para reclamarlas.

► La obra social acumula conflictos
El Diario de la República cubrió durante todo el verano diversos problemas que atraviesan los afiliados de la obra social provincial Dosep.

Uno de los casos más resonantes es el de Luisana Suárez, una niña de 7 años con cáncer, quien lleva adelante su tratamiento en Córdoba y que no recibe medicación por parte de la obra social.

A su vez, entidades como el Colegio de Psicólogos anunciaron el cobro de un plus a los afiliados por deficiencias y también se han registrado inconvenientes con los centros de diálisis.

Redacción