Exigen iniciar acciones legales contra una funcionaria municipal

El indignante hecho de discriminación del que se acusa a Adriana Garro, encargada de Recursos Humanos de la Dirección de Residuos de la Municipalidad, ha causado estupor en todos los ámbitos institucionales. Referentes y entes públicos, repudiaron el inaceptable comentario, del que arrojó luz un video; en el que Garro arremete contra Karla Heredia, una mujer trans exempleada de planta permanente de la Comuna —despedida arbitrariamente— refiriéndose a ella como “puto”. Ahora la Defensoría del Pueblo le exige a la Intendencia capitalina que inicie acciones legales contra la funcionaria.

Esta semana, el titular del organismo, Enrique Ponce, se reunió con Ana Rojas y Zaira Guzmán, representantes de la Mesa por la Igualdad San Luis, de la Corriente Nacional Lohana Berkins y de Adulteces Puntanas Trans. Todas organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de las personas trans. En el encuentro, las activistas requirieron la intervención de la Defensoría ante la conducta de Garro.

De acuerdo a lo que se especificó en la denuncia que recibió la oficina, Garro incurrió en actos discriminatorios y violentos hacia Heredia, debido a su identidad de género, cuestión por la cual se vulneran leyes nacionales y se instalan discursos de odio que alimentan acciones violentas.

Y la Defensoría se hizo eco de lo que ya se expuso en redes sociales y medios de comunicación: estos comportamientos no solo impactan en la persona implicada, sino que agravan las secuelas psicológicas y emocionales de todo el colectivo LGBTIQ+.

A nivel normativo

De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, el Estado está obligado a cumplir con la Ley 26.743 de Identidad de Género, cuestión que la ciudad omite. La conducta de la funcionaria municipal comprende actos que son contrarios a la Ley 23.592 Antidiscriminatoria, que impide y sanciona cualquier forma de discriminación basada en motivos como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, orientación sexual, identidad de género, entre otros.

Al mismo tiempo, hasta se ve avasallada una ordenanza local, la N° II-0850-2018 (3545/2018), que establece en su artículo 7 el cupo laboral trans, que implica la obligatoriedad de incluir a las personas trans en una porción no inferior al 5% de la totalidad del personal autorizado.

Resolución

La medida interpuesta por Ponce insta a la Municipalidad a iniciar acciones legales sobre Adriana Garro, incluyendo la apertura de un sumario administrativo, una investigación exhaustiva y la aplicación de las sanciones que correspondan.

Por otra parte, recomienda a la Comuna que implemente campañas de sensibilización y capacitación dirigidas al personal y funcionarios, con el objetivo de fomentar la igualdad y el respeto hacia las personas trans, así como la prevención de la violencia de género. 

En su tercer punto, insta al Municipio a dar cumplimiento al cupo laboral trans y, en consecuencia, reintegre a su puesto de trabajo a Heredia.

“Comunicar esta resolución a la Municipalidad de la ciudad de San Luis para su intervención inmediata”, finaliza el documento.

Un caso que marca precedente

Punto y aparte de la requisitoria de la Defensoría, cabe señalar que el hecho discriminatorio hacia Heredia marcó un precedente clave para toda la provincia. Después de años de sufrimiento y lucha, la comunidad trans no merece atravesar hechos arcaicos. Y así lo han manifestado diferentes estamentos, en medio de gestiones cada vez más antiderechos.

Desde el arranque de la gestión de Gastón Hissa, da la sensación de que todo lo que huele a conquista social merece la pena de ser pisoteado. Y entre tantas injusticias, la discriminación es un lamentable hito.

Los ojos de las instituciones están puestos sobre la Comuna, que al momento no ha emitido medidas ejemplares. Sin embargo, por sí mismo, el caso de Heredia marca un antes y un después. Quedará en la sociedad evitar el olvido y exigir a las autoridades ni más ni menos que gobernar con empatía por el propio pueblo, que dio su voto de confianza. Habrá que ver cómo sigue la situación y cómo se implementa el pedido de la Defensoría del Pueblo.

Más de mil actuaciones al momento

Frente a los números, la objetividad es un sello irrefutable. La Defensoría del Pueblo ha actuado en más de mil casos hasta el momento, de acuerdo a lo que informaron desde el organismo.

La cifra arroja la preponderancia de la entidad, como un esquema intermedio entre las personas y las instituciones, tanto públicas como privadas. Pero además, el alcance se multiplica con creces en algunas situaciones, porque de una medida se desprenden cientos de beneficiarios.

Tal es el caso, por ejemplo, de las disposiciones de cara a los aspirantes a Policía, donde más de un centenar esperan que las autoridades definan y garanticen una concreta fecha de inicio de ciclo lectivo para el primer año de cursada.

“Cada vez hay más casos”, señaló Enrique Ponce a El Diario, para referirse al presente de la institución.