Conflicto en el Concejo Deliberante: el bloque oficialista abandonó la sala

Otra sesión caliente en el Concejo Deliberante de San Luis y otra demostración de intolerancia democrática por parte de los representantes del oficialismo municipal. En la reunión de esta semana en el recinto capitalino, el bloque que responde al intendente Gastón Hissa abandonó la sesión.

 

Mientras exponía el concejal por el PJ Alejandro Cordido, y cuando mencionó el incumplimiento por parte de la presidenta del cuerpo, Agustina Arancibia Rodríguez, de una resolución judicial, los representantes de la bancada oficialista se levantaron de sus asientos y abandonaron la sesión.

 

“Una vez más debemos recordar que este Concejo Deliberante por decisión de la presidencia y el oficialismo provocaron que uno de los poderes del Estado incumpla un mandato judicial y de alguna manera poner al Concejo en una posición en la cual se estaría subvirtiendo el orden constitucional. Esto tiene que ver con el incumplimiento de la medida cautelar que fue dispuesta hace varios meses por la justicia de nuestra provincia y que fue incumplida por una decisión explicita y se sostuvo en el tiempo de manera, no solo irracional y arbitraria, sino caprichosa. Este incumplimiento representa, en términos económicos, más 18 millones de pesos que los vecinos de San Luis van a tener que pagar por ese incumplimiento que sigue aumentando. Lo pagarán en el caso que la justicia le da la razón a la presidenta de este cuerpo que solicitó que eso que se le fijó como multa propia, ella misma pidió que el pueblo entero lo pague. Ojalá que la justicia actúe como lo viene haciendo y no sean los puntanos quienes asuman el costo. Eso no son los salarios adeudados a los compañeros que están en el patio, es una sanción por haberse incumplido un mandato judicial”, expresó el concejal.

 

Uno a uno, los miembros del bloque oficialista, hasta la misma presidenta Arancibia Rodríguez, se levantaron de sus bancas y solo quedaron unos pocos escuchando las palabras que el concejal tenía para decir. 

 

“Nos quedan meses de gestión, es un problema de la institucionalidad y es una falta de respeto al cuerpo y fundamentalmente a la democracia. Hay que dar la cara, reitero, con un asunto que van a votar y que si lo hacen lo harían en contra y ni siquiera le darían algún giro”, agregó Cordido mientras observaba la llegada de la fuerza de seguridad sin ninguna orden judicial. 

 

Mientras tanto, en el patio del Concejo, el grupo de empleados echados por la nueva administración y restituidos por la Justicia -justamente el conflicto que mencionó Cordido y que desató la reacción corporativa de los concejales- hacía una olla popular en la continuidad de su pedido de recuperar sus puestos de trabajo.