Volver al CFI implicará menos fondos para los municipios

La gestión del gobierno provincial muestra cada vez más incongruencias, y genera cada vez más dudas sobre el manejo que hace de los fondos públicos. En todas las acciones prevalece  el hermetismo y las decisiones que lesionan el patrimonio de los puntanos. Esto se evidencia con el paso dado por el Ejecutivo para regresar al Consejo Federal de Inversiones (CFI), un camino que será sumamente oneroso para la provincia y con antecedentes que demuestran que la vinculación no ofrece ninguna ventaja.

La diputada del Frente Unidad Justicialista, Silvia Sosa Araujo, advirtió que la adhesión al organismo (ya se promulgó la ley y se firmó un acuerdo entre las partes) impactará de lleno en el interior, ya que los municipios recibirán menos recursos al verse afectadas partidas específicas de la coparticipación federal.

Además, volvió a insistir sobre el altísimo costo que tendrá restablecer el vínculo y criticó al Estado puntano por la falta de información.

Un costo altísimo y pérdida de soberanía económica

“Los que más pierden con la adhesión al CFI son los municipios, porque la plata la sacan de la ley donde coparticipan a las intendencias. Esas son las partidas que se tocan. No se toca la ley, por ejemplo, que afecta a los fondos educativos, al Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), a los impuestos de bienes personales, que son también recursos que se giran a la provincia como coparticipación federal de esos impuestos”, explicó Sosa Araujo, quien subra yó que al sumarse al Consejo Federal de Inversiones San Luis pierde soberanía económica ya que el CFI es el que decidirá qué obras se llevan a cabo, a quién le da el dinero y, por ende, saca a las comunas de cualquier participación.

“La decisión para hacer una obra la toman ellos. La Comisión Federal de Impuestos le paga el CFI y de ahí recién se distribuye a los municipios. Además, los fondos no les llegarán a las intendencias, serán otorgados a privados”, dijo la legisladora y agregó: “El dinero va a ser entregado a grandes productores, no al pequeño que quiere vender peras. Después le tendrán que devolver la plata al CFI, que nunca pierde”.

El Artículo 15 de la Carta de Constitución del Consejo Federal de Inversiones establece que las partes deben aportar una tasa del 0.75% en relación a la coparticipación federal de impuestos de la ley de municipios. Sosa Araujo destacó que teniendo en cuenta esta proporción, la proyección de lo que San Luis deberá abonar durante este año para ser socio de este “club” de dudoso beneficio llega a los $8 mil millones. Solo en lo que va del 2024, la cifra supera los $3.300 millones.

Datos cruciales 

Sosa Araujo dijo que San Luis era la única jurisdicción que desde el 2006 no conformaba el CFI, por la sencilla razón que el organismo federal era un auténtico lastre y no cumplía con su función. “La provincia se fue del CFI en el 2006 y desde el 2001 no recibía nada. Ningún proyecto les caía bien, y encima eran tantos los requisitos que había que presentar que era más fácil acudir a los bancos, porque se supone que vos vas al CFI por todo lo que te piden las entidades bancarias”, recordó.

La ausencia de San Luis en el CFI no era una decisión caprichosa. El CFI en realidad era un club al que acudían provincias ahogadas en deudas para ver si podían gestionar alguna obra que las beneficiara. “San Luis era la única provincia que siempre se pudo administrar”, diferenció la legisladora.

Además de cuestiones de fondo de las que el Ejecutivo deberá dar explicaciones, para Sosa Araujo la decisión de volver a integrar el Consejo Federal de Inversiones se explica por el afán del Gobernador de San Luis de buscar protagonismo en el contexto nacional. “No le quedan organismos donde mostrarse con los gobernadores y el CFI es un organismo donde participan los gobernadores. Es una forma de entrar él y su ministro de Hacienda. Si no, nadie lo conoce, queda fuera de foco”, afirmó.

Sin información de un juicio

Pero no solo importan los montos correspondientes a este año. Existe un juicio por la salida de la provincia del CFI en el 2006, y no se ha brindado ninguna información sobre cómo se zanjará esta cuestión.

El 31 de julio de este año, en un acto realizado en Terrazas del Portezuelo, se firmó un acuerdo extrajudicial entre la Provincia y el Consejo Federal de Inversiones que se presentará en la Corte Suprema de Justicia, pero del que no se dio ningún detalle.

“¿Cuánto debemos pagar por el juicio? Porque lo que se reclamaba en este juicio es que San Luis pagará el equivalente de los años anteriores en los que no participó del CFI. Algún arreglo hay, nadie te va a desconocer 18 años de no aportes. En el acto no lo dijeron, pero la demanda sigue vigente”, cuestionó Sosa Araujo, quien impulsa un proyecto en la Legislatura provincial para que el Ejecutivo puntano dé explicaciones sobre la vuelta al CFI.

Una paradoja clave

Además de generar una sangría de recursos injustificada para una provincia que hasta la llegada de la gestión actual exhibía un programa de obras públicas dinámico y autónomo, la cuantía de estos fondos es más que suficiente, por ejemplo, para no tener que vender la Casa de San Luis, una joya arquitectónica de estilo Art Deco ubicada en la ciudad de Buenos Aires que es patrimonio cultural de la provincia y que la administración de Claudio Poggi quiere poner en el mercado para conseguir fondos que le permita refaccionar el Policlínico Regional “Juan Domingo Perón” de la ciudad de Villa Mercedes.

“Dijeron que la cotización de la Casa de San Luis es de unos 3 millones de dólares, lo que equivale a unos 3 mil millones de pesos. ¿Cómo vas a vender la Casa de San Luis y al CFI, solo para el 2024, vas a terminar pagándole 8 mil millones de pesos?”, preguntó la diputada provincial del Frente Unidad Justicialista.