El Gobierno y la Justicia se echan culpas sobre un cadáver que, aún frío, quema
El Ministerio de Salud y un Juzgado de Familia se responsabilizan por no internar a un chico de 16 años con problemas de adicciones que terminó por suicidarse.
El suicidio de un joven de 16 años encerrado por la adicción a las drogas es la demostración dolorosamente palmaria del abandono del Estado hacia un sector de la población cada vez más vulnerable. Las autoridades gubernamentales y judiciales parecen no darse cuenta, no tomar nota, que mientras ellos se pasan la pelota de la responsabilidad como una brasa ardiente, las víctimas continúan con su degradación física, mental, de salud y en algunos casos llegan a la muerte.
Los empujones que le fueron dando al adolescente para llegar a la drástica decisión fueron tantos que cuanto se encontró frente al abismo no tuvo más que dar el paso final. Pero ni siquiera con el cadáver frío del muchacho quemándoles las manos, el Poder Judicial y el Ministerio de Salud dejaron de echarse responsabilidades, en el insano ejercicio de mirar para el norte, cuando el problema está en el sur.
La historia es conocida: una madre recurre a la Justicia para pedir ayuda porque sus dos hijos son vícitmas de adicciones muy fuertes a distintos tipos de droga. La Justicia, por medio de la jueza de familia Natalia Giunta, toma el caso, hace las averiguaciones, realiza las pericias e intenta coordinar (en un caso lleno de descoordinaciones oficiales) la internación de los jóvenes.
Buscó para eso a un organismo público que desde su nombre –Centro de Prevención y Asistencia de las Adicciones- no debería hacer otra cosa que prevenir y asistir a las personas con problemas de adicción. Según Giunta, ese ente hizo muy poco para ayudar al chico. Es más, le mandó un oficio a la magistrada en donde reconocía que “ante la delicada situación que atraviesa el sistema de salud provincial se hace dificultoso o imposible brindar respuestas inmediatas a las requisitorias judiciales”.
Lo en realidad dificultoso o imposible era encontrar una respuesta más fría, distante, irresponsable e inhumana que esa. Sin embargo el Ministerio de Salud sabe de superaciones diarias en todos los ámbitos y emitió –en respuesta al descargo de la jueza- un comunicado de prensa en donde intenta despegarse de las responsabilidades.
En flagrante contradicción con lo que dijo Giunta, el Ministerio aseguró que el 3 de diciembre –diez días antes que se produzca la muerte- “se informó a la jueza la disponibilidad inmediata para el inicio del tratamiento en “Casa del Sur”, ubicada en Monte Grande, provincia de Buenos Aires”.
La razón por las que la internación no se efectivizó, a los ojos del ministerio, es simple: Giunta nunca ordenó la medida. Por su parte, la magistrada se apoya en la Ley Nacional de Salud Mental sobre las internaciones forzadas y hace mención a un detalle al que el ministerio de salud no se animó a responder. En San Luis no hay instituciones preparadas para recibir a adictos en la situación límite en la que se encontraba el joven que desató la polémica.
Esa carencia que remarca la jueza de familia y que soslaya el ministerio de salud se debe, una vez más, a la desidia caprichosa del Gobierno Provincial actual que suspendió la ejecución de una obra dedicada exclusivamente a casos como este en La Toma. No hay otra que pensar que la gestión actual desestimó la continuidad del edificio –en estado avanzado de construcción- solo porque era una idea del gobierno anterior. Una contradicción con otros ámbitos estatales donde la administración Poggi inaugura como propias obras hechas antes de que comenzara su segunda gobernación.
Hay un punto en el comunicado del ministerio al que le asiste la razón. La jueza menciona en su descargo que el joven fallecido es el mayor de los hermanos de la misma familia, cuando en realidad es el menor. El otro joven, el sobreviviente, también está en una posición crítica y su madre pidió ayuda para salvarlo. Con ese yerro, da la impresión de que Giunta falla e investiga sin conocer a fondo las causas.
Sería una calamidad pensar que con el suicidio del adolescente, tanto el juzgado de familia involucrado y el Ministerio de Salud se sacaron un problema de encima. Por el contrario, está la incómoda sospecha de que la crisis recién está dando sus primeros pasos.
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