David Rivarola bajo la lupa: lo acusan de "fraguar" un concurso para beneficiar a su hija

Un grave escándalo, maniobras dudosas. La Justicia Federal solicitó la indagatoria del ex rector de la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe), David Rivarola, y de otros seis funcionarios de la casa de estudios, acusados de orquestar un sofisticado fraude para beneficiar a la hija del entonces titular del establecimiento, con un contrato de consultoría en el marco de un programa de ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La acusación sostiene que la cúpula universitaria manipuló las bases y la evaluación de un concurso público, violando principios de transparencia y comprometiendo fondos de cooperación internacional, en lo que el Ministerio Público Fiscal califica como negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y falsedad ideológica. 

El caso

De acuerdo a la información proporcionada desde los ámbitos judiciales, el Fiscal Federal Subrogante de la Unidad Fiscal Descentralizada Villa Mercedes, Danilo Miocevic, y el auxiliar fisal Leandro Kunusch, solicitaron la indagatoria de Rivarola y otros seis funcionarios, por delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y falsedad ideológica. Todos están acusados de haber concretado -en 2023- un concurso simulado para beneficiar a la hija de Rivarola con un contrato de consultoría en el marco de un programa de ayuda del BID. 

Según los datos oficiales, el listado de personas citadas a indagatoria incluye a la entonces vicerrectora, el jefe de contrataciones, el secretario general, el coordinador de Vinculación Tecnológica, la secretaria de Hacienda y Administración y a un integrante de la comisión evaluadora (todos en respectivas funciones durante 2023). 

Incluso fue citada la hija de Rivarola, en calidad de "partícipe necesaria de la maniobra"; en una declaración jurada, negó tener una relación de parentesco con el rector, para acceder al beneficio que comprendía una suma de 916 mil pesos. 

Cómo fueron las maniobras

La información judicial apunta que las personas investigadas "manipularon el proceso de selección" entre junio y agosto del 2023 para garantizar la contratación bajo apariencia de legalidad. Deducen que en la división de roles, Rivarola "dirigió la maniobra", evitando firmar documentos para esconder el parentesco con su hija. La vicerrectora "firmó las resoluciones y contratos en lugar del rector, para sí disimular su intervención".

A su vez, en base a los datos oficiales, el jefe de contrataciones "fue la persona encargada de enviar las cartas de invitación a solo tres personas", entre ellas la hija de Rivarola, violando así la obligación de publicar el concurso. El coordinador de Vinculación Tecnológica, la secretaria de Hacienda y Administración y el integrante de la Comisión "fueron parte de la mesa que alteró las bases para favorecer a la hija de Rivarola". El secretario general, actuó como fedatario de la resolución de homologación del concurso, en la que se insertaron declaraciones falsas. 

Pruebas

El Ministerio Público Fiscal, indicó que el convenio firmado por la universidad con el BID obligaba a la casa de estudios a cumplir con las más altas normas éticas. En ese sentido, la entidad financiera prohibía expresamente prácticas fraudulentas y conflictos de intereses.

El pedido de contratación de consultor fue elevado con una especificación de requisitos objetivos para el cargo, y estas condiciones fueron luego modificadas ad hoc en favor de la hija de Rivarola.

El jefe de contrataciones envió solo tres invitaciones reservadas a la mujer y otros dos candidatos, sin darle difusión pública a la apertura del concurso. Sin embargo, otros cuatro candidatos se sumaron fortuitamente, lo que complicaba el plan de los acusados.

Ante este escenario, la comisión evaluadora decidió entonces cambiar las reglas, elevando los requisitos académicos, incorporando el conocimiento de inglés como exigencia, valorando cursos cortos y experiencia de uso de redes sociales y modificando el sistema de puntaje, para así restar mérito a los perfiles mejor calificados. Como consecuencia de estas modificaciones, la hija de Rivarola quedó primera en la lista y, de acuerdo con la fiscalía, de haberse atenido a los requisitos originales, no habría ganado.

Mediante estas maniobras el concurso violó no sólo los principios del BID, sino también los del Decreto 1023/2001 sobre contrataciones públicas, ya que no se realizó publicidad ni difusión abierta de su existencia, se discriminó a tres postulantes sin ningún tipo de notificación, no se realizaron entrevistas a los candidatos y se manipularon los criterios de evaluación para poder torcer su resultado.

Una vez realizado el concurso, se dictó una resolución rectoral firmada por la vicerrectora en la que se homologó el contrato para la hija del rector. De los cinco contratos firmados ese día, ese fue el único que llevó su rúbrica en vez de la de Rivarola, lo que para el Ministerio Público Fiscal es otro indicio más del dolo de encubrimiento.

Asimismo, el dictamen fiscal revela que para poder obtener el contrato, la mujer declaró falsamente en un documento titulado “Certificación de elegibilidad e integridad” que carecía de vínculos familiares con funcionarios de la UNViMe, hasta que en diciembre de 2023, tras el cambio de autoridades de la casa de estudios, pidió la rescisión del contrato y devolvió el dinero, alegando buena fe.

Fiscales.gob.ar/Redacción.