Denuncian maniobra criminal en GEPU con actas falsificadas y desvío de fondos

El Diario de la República accedió a la denuncia penal que el presidente de GEPU, Néstor Hugo Páez, presentó ante la Fiscalía de Instrucción y que destapó lo que él describió como “una maniobra delictiva sostenida durante años”. Según la presentación, dentro del club habría funcionado una estructura organizada dedicada a falsificar actas, encubrir movimientos financieros irregulares y manejar de manera paralela e informal todos los ingresos vinculados al área de básquet.

El documento apunta directamente a cuatro exdirigentes: Pedro Canali, Rafael Costa, Karim Neme y Agustín Garro, a quienes acusa de integrar una asociación ilícita destinada, entre otros fines, a adulterar el Libro de Actas y a desviar fondos institucionales y públicos otorgados mediante subsidios provinciales.

Un libro de actas con firmas falsificadas y hojas en blanco

La denuncia detalla que entre 2017 y 2019 el Libro de Actas del club fue manipulado: quedaron hojas vacías, se completaron actas años después de las fechas consignadas y se incorporaron firmas falsificadas, incluso la del actual presidente, Páez, y la de la dirigente María Alejandra Ferrari. El secretario de entonces, Karim Neme, habría retenido el libro, impedido su consulta y manejado su contenido “a discreción”, según el escrito.

Algunas de esas actas —señala la denuncia— mencionan operaciones patrimoniales cuyo destino hoy no puede acreditarse: movimientos en dólares (Acta Nº 141), la venta del predio de hockey donde funciona un supermercado y otro terreno sobre Centenario. Para la actual conducción, esa documentación adulterada habría servido para justificar decisiones inexistentes y encubrir administraciones irregulares.

Una administración paralela del básquet

El otro eje del caso es el manejo del básquet, que, según la presentación, funcionó como una unidad económica “autónoma y opaca”, dirigida siempre por los mismos exdirigentes, independientemente de los cargos que ocuparan. Allí se habrían concentrado los desvíos más graves: entradas cobradas en efectivo sin registrar, ingresos de sponsors depositados en cuentas personales de exdirigentes, pagos a la Federación de Básquet desde cuentas de Mercado Pago de particulares y rendiciones dudosas de los subsidios que el Gobierno provincial otorgaba al proyecto.

El principal señalado es Pedro Canali, exgerente del Banco Columbia y responsable, hasta hace poco, de administrar los fondos del básquet. La denuncia sostiene que nunca se conoció el destino final del dinero recaudado durante los partidos, de la publicidad ni de los aportes públicos.

“Lo que se está descubriendo es muchísimo más grave”

El abogado querellante, Hugo Scarso, anticipó que en los próximos días habrá una conferencia de prensa para explicar la dimensión del caso:
«Se van a conocer todos los detalles del robo de bienes, la malversación de fondos y las irregularidades contables que hay desde 2016 a la fecha. No estamos ante un problema menor ni una simple omisión administrativa. Hay faltantes de actas, hojas en blanco en años completos y mucha responsabilidad de quienes manejaron el club en ese período», afirmó.

Y agregó: «Se han denunciado hechos concretos: lo que se está descubriendo es muchísimo más grave de lo que cualquiera imaginaba».

Lo que viene

Páez pidió que se abra una investigación penal preparatoria, que se realicen pericias caligráficas sobre todas las firmas cuestionadas, que se levante el secreto bancario a los exdirigentes implicados y que se requieran los movimientos de subsidios provinciales y pagos federativos. También solicitó que el caso sea acumulado a otro expediente en trámite.

La causa ahora está en manos de la Fiscalía, que deberá determinar si existió una organización destinada a falsificar documentación social, apropiarse de ingresos del club y manipular fondos públicos. La denuncia, por su alcance y gravedad, promete convertirse en uno de los escándalos institucionales más importantes de los últimos años en el deporte puntano.