El silencio tras nueva transferencia errónea de $90 millones genera escándalo nacional

El Gobierno de San Luis vuelve a estar en el centro de un culebrón tras conocerse una tercera transferencia indebida de fondos públicos, esta vez por 90 millones de pesos. La operación fue reconocida por fuentes extraoficiales ligadas al Ejecutivo, pero hasta el momento no hubo comunicación oficial, ni precisiones sobre si se efectuó una denuncia penal o si intervino la Fiscalía de Estado.

La noticia fue replicada por medios nacionales como C5N, Filo News, Diario El Debate, Que Pasa Salta y La Voz de Jujuy, entre otros, lo que dejó en evidencia el intento del oficialismo por ocultar el caso y evitar otro golpe mediático. Las maniobras de desmentidas oficiales han sido vagas o inexistentes, y solo se limitaron a sugerir, por canales informales, que la plata será recuperada.

Lo que llama la atención es la diferente vara con la que el gobierno puntano ha actuado en situaciones similares. En el caso de Verónica Acosta —quien recibió una trasferencia de 510 millones por 'un error de tipeo', según dijeron — se activaron todos los mecanismos: fue señalada y se judicializó el hecho. En cambio, en este caso, el silencio y el manejo hermético hacen suponer un intento deliberado por evitar el desgaste político.

“Por ahí les salió mal y buscaron otra solución”, admitió, en reserva, un operador del oficialismo. Incluso desde el propio entorno gubernamental reconocen que el objetivo fue evitar ‘otro escándalo’ y salir del paso sin ruido.

Pero la devolución del dinero no extingue la acción penal. Si bien la ley contempla acuerdos por resarcimiento, estos no eliminan automáticamente la responsabilidad judicial. La falta de transparencia deja abierta la duda sobre si el gobierno está actuando con la misma firmeza frente a todos los errores que comprometen fondos públicos.

El nuevo error se suma a los ya denunciados en mayo, cuando se transfirieron por equivocación otros 510 millones y 110 millones de pesos, también a cuentas erróneas. Ninguna de esas operaciones fue aclarada públicamente con el nivel de detalle que amerita un caso de semejante magnitud.

El Gobierno de San Luis, que suele jactarse de su "eficiencia" en gestión y su trasparencia, vuelve a mostrar un preocupante nivel de improvisación y una estrategia comunicacional basada en el ocultamiento.