Las falsedades oficiales sobre la discapacidad

Las pensiones no contributivas por discapacidad en Argentina han sido objeto de debate reciente, especialmente tras declaraciones de funcionarios del gobierno como Manuel Adorni y Patricia Bullrich, quienes han atribuido el aumento en el número de beneficiarios a irregularidades o fraudes masivos. El caso de Adorni es ejemplificador, debido a que mostró públicamente una radiografía de un perro para justificar como se daban las pensiones por discapacidad, aunque ese dato era falso, porque no se había dado ninguna, y jamás rectificó su falsedad.

Un análisis histórico y basado en datos verificables revela que el bajo número de pensiones antes de 2003 (alrededor de 75.000-80.000) se debía a un límite normativo restrictivo que fue eliminado ese año, lo que permitió un acceso más amplio y justo. Actualmente, con aproximadamente 1.250.000 beneficiarios, estas pensiones siguen siendo insuficientes para cubrir las necesidades básicas de las personas con discapacidad, según informes de diversas organizaciones. Como es habitual en los funcionarios de este gobierno, las afirmaciones de Adorni y Bullrich carecen de sustento histórico y contextual, priorizando una narrativa de "fraude" sobre la realidad de una política de inclusión alineada con derechos humanos internacionales.

Las pensiones no contributivas por invalidez laboral, reguladas por el Decreto 432/1997, forman parte del sistema de protección integral para personas con discapacidad establecido por la Ley 22.431 de 1981. Hasta 2003, operaba un sistema de "alta por baja", donde solo se otorgaba una nueva pensión cuando se perdía otra (por fallecimiento o cancelación del beneficiario). Esto funcionaba como un cupo cerrado, limitando drásticamente el acceso y manteniendo el número de beneficiarios en torno a 77.000-80.000.

En 2003, durante el gobierno de Néstor Kirchner, se flexibilizaron las condiciones de acceso mediante modificaciones normativas que eliminaron este límite restrictivo. Esto permitió que las pensiones se otorgaran basado en criterios de necesidad real, como el grado de discapacidad (al menos 76% de invalidez) y vulnerabilidad socioeconómica, en cumplimiento con tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ratificada por Argentina en 2008). Como resultado, el número de beneficiarios creció progresivamente: de 78.585 en 2003 a 1.034.743 en 2015, y alcanzando cerca de 1.250.000 en 2023-2024.

Este incremento no se debió a "fraudes masivos" ni a eventos catastróficos como guerras, sino a la eliminación de barreras administrativas y a una mayor visibilización de la discapacidad en el país. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Argentina tiene más de 5 millones de personas con algún tipo de discapacidad (alrededor del 12,9% de la población), pero solo una fracción accede a pensiones debido a requisitos estrictos. El crecimiento se alinea con estándares regionales: en México, Perú y Chile, programas similares cubren entre 0,3% y 0,94% de la población, mientras que en Argentina representa cerca del 2,6%, pero ajustado por población activa y cumplimiento de derechos humanos, no es anómalo.

A pesar del aumento en el número de beneficiarios, las pensiones por discapacidad son insuficientes para garantizar una vida digna. El monto actual equivale al 70% de la jubilación mínima (alrededor de $286.000 en agosto de 2025, incluyendo bonos), pero ha perdido poder adquisitivo: entre 2023 y 2024, el ajuste real fue del -56% respecto a la inflación, dejando a muchas familias en situación de vulnerabilidad.

Organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Foro Permanente para la Promoción de la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) han denunciado esta insuficiencia ante instancias internacionales. En mayo de 2025, presentaron un informe ante la ONU destacando dificultades en el acceso, congelamiento de prestaciones (0% de aumento desde diciembre de 2023) y desfinanciamiento de programas terapéuticos y de apoyo. Estas entidades enfatizan que las pensiones no cubren costos básicos como medicamentos, transporte adaptado o terapias, exacerbando la desigualdad. Además, el ajuste gubernamental ha incluido suspensiones masivas sin debido proceso, lo que agrava la crisis: en junio de 2025, se reportaron 1.190.013 pensiones activas, pero con miles en revisión, dejando a beneficiarios sin ingresos.

Como hoy informa el diario “La Nación” un representante de Sturzenegger, pidió bajar compulsivamente las pensiones al director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, lo que pone en evidencia las características antisociales de este individuo, si tal decisión fuera comprobable. Pero existe un criterio extendido en el gobierno, de seguir con estas falsedades, como lo puso en evidencia el ministro Caputo, en uno de los tantos programas donde se cantan loas a Milei y a las políticas del gobiernos, insistiendo en fraudes inexistentes, y solo producto de la propaganda de un gobierno, que ha hecho un estilo de la crueldad.

Manuel Adorni, vocero presidencial, ha sostenido que el aumento de pensiones (de 79.000 en 2003 a 1.200.000 en 2023) indica "fraude a gran escala", anunciando la suspensión de 110.522 pensiones en agosto de 2025 por irregularidades como "la misma radiografía para múltiples casos".

Sin embargo, esto ignora el contexto normativo: el crecimiento se explica por la eliminación del cupo en 2003, no por fraudes generalizados. Ex directores de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) han desmentido casos extremos como "radiografías de perros", calificándolos de "operaciones mediáticas" sin base judicial. A eso se suma que las auditorías actuales han sido criticadas por organizaciones como ACIJ por falta de transparencia y suspensiones masivas sin notificación adecuada, violando derechos de las personas y condenandolas a situaciones de estrema vulnerabilidad en su salud.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, ha afirmado que "en Argentina la mitad de los discapacitados son falsos" y que el país tiene "demasiadas" pensiones sin guerras o catástrofes. Estas declaraciones estigmatizan al colectivo y carecen de evidencia: el Foro Permanente de Discapacidad respondió con una carta oficial, aclarando que solo 1,3 millones de los 5 millones de personas con discapacidad tienen Certificado Único de Discapacidad (CUD), y que el aumento responde a inclusión, no a falsedades. Bullrich también pidió a jubilados y discapacitados "esperar un año y medio" para mejoras, ignorando la urgencia reportada por entidades como REDI.

Ambas posturas priorizan el "ahorro fiscal" (estimado en $35.000 millones mensuales por suspensiones) sobre derechos, pero datos de Chequeado y ACIJ confirman que el incremento fue legítimo y que las irregularidades representan una minoría, no la norma. Fuentes opositoras y posts en X destacan que el argumento de "fraude" es una excusa para recortes, sin denuncias penales masivas.

Como ha sostenido el sujeto que funge como Presidente de la Nación él es "cruel" y todas sus políticas se ejecutan sin contemplaciones. No le interesa la salud, ni la educación, ni la ciencia, ni la cultura, ni algo tan elemental como los derechos humanos. Su único objetivo es bajar la inflación y el superávit fiscal, como si esas dos cuestiones son las únicas que pueden sacar adelante a un país, aunque para conseguir ese superávit, haya que condenar a las carencias, a la enfermedad y a la muerte a muchos seres humanos