Villa de Merlo: buscan frenar una ordenanza que amenaza al medio ambiente

Villa de Merlo es una ciudad pionera en el cuidado del planeta. Desde hace años, el desarrollo urbanístico mantiene cuidados minuciosos frente al entorno natural, preservando así no solo el patrimonio nativo y cultural, sino la vida misma. Sin embargo, en agosto, con una celeridad llamativa, el oficialismo modificó la ordenanza Nº 917/05, que rige los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Básicamente, le quitaron participación a los vecinos, organizaciones y entidades educativas como las universidades, dejando expresamente solo a funcionarios municipales alineados con los intereses del Ejecutivo. Hay mucha preocupación frente a intereses inmobiliarios.

 

En ese sentido, según detalla un comunicado de la Agrupación Juvennat, distintas asociaciones, referentes y lugareños, firmaron una nota clave que enviaron a la Defensoría del Pueblo (Exp 9090507/25), donde apuntan que la normativa municipal es "nula e inconstitucional" porque vulnera los derechos ambientales garantizados por la constitución, además de irrumpir contra el derecho elemental a un ambiente sano y equilibrado. 

 

 

Hay fuertes intereses que buscan irrumpir en entornos protegidos. Foto: Agrupación Juvennat. 

 

También manifestaron que la ordenanza va en contra de los principios del Acuerdo de Escazú, la Ley Nacional de Política Ambiental Nº  25.675 y Ley Provincial IX-876-2013. Exigieron que se respete la participación ciudadana "real" y que no se habiliten desarrollos inmobiliarios en zonas protegidas. 

 

 

Detalles claves

 

El núcleo de conflicto se remonta a la aprobación por mayoría de un proyecto de ordenanza que modificó la regulación sobre los EIA, en medio de un escenario tenso y plagado de chicanas. La propuesta, presentada por el Ejecutivo Municipal, establece que la evaluación de los estudios ambientales queda exclusivamente en manos de una Comisión Evaluadora integrada por funcionarios municipales, excluyendo la participación de universidades, organizaciones sociales y profesionales externos. 

 

En este sentido, piden intervención de la Defensoría del Pueblo por considerar que los derechos más elementales se han visto vulnerados. En primer término, aseguraron que la ordenanza irrumpe las disposiciones constitucionales consagradas en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a un ambiente sano y equilibrado. 

 

 

Con la reciente ordenanza aprobada, está en riesgo el entorno natural en Villa de Merlo. Foto: Agrupación Juvennat. 

 

Apuntaron que resulta "claramente regresiva" en términos de control ambiental, "violando el principio de progresividad" en materia ambiental, tal como está dispuesto en el Acuerdo de Escazú, del que Argentina es signatario. Incluso choca absolutamente contra el artículo 43 de la Ley 25.675 de Política Ambiental Nacional. También remarcaron que va a contramano de diferentes fallos de la Corte Suprema de Justicia y la Ley Provincial -876-2013 (el artículo 8 especifica aspectos del control ambiental que con la ordenanza reciente fueron absolutamente ignorados).  

 

 

Fuertes críticas

 

Las organizaciones ambientales apuntan que la ordenanza modificada sostiene en sus considerandos que el Ejecutivo cuenta con un Departamento Evaluador de EIA, que se supone será el encargado de realizar los EIA. Pero aseguran que es la primera noticia que la sociedad merlina tiene sobre la existencia de dicho Departamento, del que se desconoce su acto administrativo de creación, composición al momento de su creación, dotación presupuestaria y demás circunstancias administrativas. 

 

Pero, como si fuera poco,la ordenanza define que la Comisión Evaluadora de EIA está conformada exclusivamente por funcionarios municipales, en su mayoría "sin formación académica ni experiencia en la materia", por lo que lo que debería ser un organismo técnico/profesional, es uno de "naturaleza política partidaria".

 

 

La necesidad de garantizar la participación ciudadana

 

Las asociaciones ambientales insisten en la necesidad de "garantizar la participación ciudadana". Repudiaron que con la ordenanza se cercenó el legítimo derecho de la ciudadanía, las universidades locales (que dictan carreras con orientación ambiental) y las asociaciones interesadas en la temática.

 

Explicaron que en Merlo existe un Consejo Asesor de Medio Ambiente (COAMA) creado por ordenanza para brindar asesoramiento en cuestiones vinculadas a la materia, que está compuesto por organismos no gubernamentales y universidades, que no fue consultado en la confección ni en la aprobación de la modificación. "Constituye una grave violación de las normas vigentes en el proceso de conformación de la ordenanza", denunciaron.

 

También criticaron que le negaron a la agrupación ambientalista Juvennat un pedido de participación y debate con anterioridad a la votación.

 

"¿Cuál será el control real que podrá efectuar la ciudadanía y la oposición en el proceso de aprobación de nuevos emprendimientos?", cuestionaron los principales críticos del avasallamiento comunal. 

 

Y remarcaron ejemplos cotidianos del comportamiento municipal, que da razones lógicas a la desconfianza: "Hemos visto cómo se ha logrado factibilidad a loteos sin acceso al agua y este mismo Ejecutivo ha buscado habilitar desarrollos inmobiliarios en zonas protegidas". 

 

"Los concejales del oficialismo, con su accionar corporativo y su decisión de no permitir el debate, garantizaron un mecanismo para que los intereses inmobiliarios vinculados al oficialismo de turno multipliquen sus desarrollos sin control alguno", aseveraron.

 

Por último, destacaron que los derechos ambientales "son comunitarios" con lo cual, toda medida que pueda afectar este núcleo, debe ser discutida públicamente, de cara a la población. 

 

"El resguardo ambiental no es un obstáculo para el progreso, por el contrario, es la garantía de que Merlo crezca sin destruir aquello que nos hace únicos", concluyeron.