Elevan a juicio la causa contra el conductor acusado por la muerte de un repartidor

Este miércoles, el Juzgado de Garantía 2 de San Luis, a cargo de la jueza Agustina Dopazo Samper, dispuso la elevación a juicio de la causa en la que está imputado Mariano Mourelle por la muerte de Yonathan Valera Salazar, un joven que trabajaba como repartidor de aplicación.

El Ministerio Público Fiscal calificó el hecho como homicidio simple con dolo eventual y solicitó una pena de nueve años de prisión. En la audiencia intervinieron el fiscal Francisco Assat Alí y el fiscal adjunto Juan Pablo Estopiñán. Por su parte, la querella, representada por el abogado Martín Ávila Velázquez, adhirió a la calificación pero pidió una pena mayor: 16 años de prisión.

La defensa de Mourelle, a cargo de los abogados Cristóbal Ibañez y Nedo Gómez, presentó un recurso de inconstitucionalidad en relación con la calificación legal adoptada por el Procurador General de la Provincia, recurso que fue rechazado.

Según la acusación, el 11 de diciembre de 2024, alrededor de las 21:30, Mourelle conducía un Fiat Cronos blanco a alta velocidad por calle Héroes de Malvinas. En la intersección con San Juan embistió desde atrás a Valera, quien estaba detenido en su bicicleta aguardando la luz verde del semáforo.

La víctima fue arrastrada hasta impactar contra un colectivo, cayó al asfalto y murió a raíz de las lesiones. De acuerdo con la Fiscalía, el imputado no detuvo la marcha y posteriormente colisionó contra un vehículo estacionado. Allí fue retenido por transeúntes hasta la llegada de la policía.

En un principio, el hecho se caratuló como homicidio culposo calificado por la fuga, mientras que la querella lo consideró homicidio simple con dolo eventual. Finalmente, el Procurador General unificó la acusación bajo esta última figura prevista en los artículos 79 y 45 del Código Penal.

Durante la audiencia, las partes ofrecieron la prueba testimonial y documental que se producirá en el debate oral. Ahora el expediente será remitido al Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial, que deberá designar el tribunal que llevará adelante el debate y fijar la fecha de inicio del juicio.

La querella tiene autonomía respecto del Ministerio Público Fiscal, lo que le permite sostener una calificación distinta o pedir una pena diferente. En este caso, mientras la Fiscalía solicitó nueve años de prisión, la querella requirió 16 años, ejerciendo de manera independiente su rol acusador.