¿Y si la jueza no fue la única responsable de liberar a un femicida?

Tras el brutal ataque a una nena de 10 años en Santa Rosa por parte de un hombre que estaba en libertad condicional tras ser condenado a perpetua por un femicidio, los ojos de la población están puestos en la jueza Nora Villegas, quien firmó el beneficio a favor de Diego Domingo Ponce, el atacante.

Un posible jury que podría determinar su destitución y la sumatoria de críticas del siempre dispuesto arco político se abalanzaron sobre la magistrada, responsable directa de la liberación. Quien tomó la posta de dardos contra Villegas fue el gobernador Claudio Poggi, al día siguiente de la agresión, con lo que dio vía libre a su séquito de difamadores a continuar con los ataques.

Con la misma dosis de demagogia e imprecisión, el primer mandatario señaló en un acto público que Ponce había sido condenado “en 2003 o en 2004” por matar a su novia, de 17 años. Tras recordar el hecho, se despachó contra la Justicia, uno de sus blancos preferidos: “Ahí hubo una jueza, la doctora Villegas, de Villa Mercedes, que me dicen, revisando los antecedentes, que ya van varios casos la libertad condicional” (sic).

Lo que omite Poggi, por conveniencia, no por ignorancia, es que cualquier juez que otorgue el beneficio debe basarse en informes que en su mayoría son confeccionados por quienes tienen trato frecuente con el interno, en este caso las autoridades de la Penitenciaría Provincial.

El documento que le abrió las puertas de la cárcel a Ponce está firmado por nueve funcionarios provinciales que dependen del Ministerio de Seguridad y conforman algo que podría llamarse “Consejo” dentro del Servicio Penitenciario. El textual dice que el organismo cree conveniente “favorecer el beneficio de la libertad condicional solicitado por el interno penado mayor Ponce Diego Domingo” y sugiere que asista a un “espacio psicoterapéutico en el medio libre”.

Algunas de las firmas que se alcanzan a leer en el revelador documento son las de Juan José Alanis, Alfredo Emanuel Rojo, Juan López, Patricia Pipitone, Melisa Mattro, Johana Janet Vega, Gabriela Boggini y Catermin Oviedo. Los firmantes son licenciados en Psicología, en Trabajo Social y empleados penitenciarios.

Una fuente judicial que trabajó durante años en el juzgado de sentencia penal aseguró que en las liberaciones de presos, “el juez es el que menos responsabilidad tiene”. “Todo se resuelve en base a los informes técnico del patronato o instituto que tiene que hacer las evaluaciones, que pertenece a órbita del Poder  Ejecutivo no al Judicial”, agregó.

Quien se sumó a esa mirada fue el dirigente social Guillermo "Willy" Braun, quien compartió un análisis sobre el escenario y dejó expuesta una falla estatal en la cadena de responsabilidades, que va más allá de la magistrada.

"En San Luis no estamos ante un hecho aislado. Un condenado por femicidio fue liberado. Estando en libertad, aparentemente en un intento de robo, hirió muy grave a una nena de 10 años en Santa Rosa. El gobernador, Claudio Javier Poggi, junto con algunos funcionarios, pidieron la renuncia de la jueza por esta liberación. Pero yo quiero decirles que la liberación de un interno no depende solamente de una jueza", apuntó en un video que compartió en sus redes sociales.

De acuerdo a lo que especificó, para liberar a un interno hace falta un informe criminológico que parte desde el Servicio Penitenciario (organismo que depende del Ejecutivo provincial). Braun detalló que, una vez liberado el interno, es seguido a través de un programa denominado Instituto Provincial de Reinserción Social (IPReS), que en algunos lugares se llama Patronato de Liberados. Esta fase también depende del Gobierno, que desarrolla justamente el seguimiento de reinserción.

"Todo esto falló, señor Claudio Poggi. Cuando se buscan soluciones a las apuradas y se habla sin saber, no se resuelven problemas de fondo. Acá falló todo un sistema del cual usted es responsable. Le pido por favor que tome seriedad y se pongan a trabajar para que esto no vuelva a ocurrir nunca más, porque cuando el sistema falla paga el pueblo y a veces con la vida. Espero haber sido claro, señor Gobernador", concluyó Braun.